Luego de la emergencia ambiental producida este viernes en el sector Boca de Itata, comuna de Trehuaco, el fiscal de Quirihue, Rodrigo Villarroel, mandató a la Policía de Investigaciones para realizar múltiples diligencias en el sitio del suceso.
Rodrigo Claramunt, comisario de la Bicrim (Brigada de Investigaciones Criminales) de Chillán, explicó los alcances del procedimiento. "La fiscalía de Quirihue nos ofició proceder a tomar muestras por una fuga de líquidos residuales, desde la Planta Nueva Aldea. Por ese motivo, precisó, se desplazaron funcionarios de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim) de Chillán y peritos del Laboratorio de Criminalística de Concepción, a tomar fotografías y planimetría.
Lo anterior, aseguró Claramunt, "con la finalidad de poder establecer con claridad las características del líquido que cayó en la zona afectada".
En tanto, el senador del Movimiento Amplio Social (MAS), Alejandro Navarro, informó que durante la jornada de hoy presentará en la Corte de Apelaciones de Chillán un recurso de protección en favor de los vecinos del sector de Boca de Itata. La acción judicial (la segunda en menos de una semana) tiene por objeto, según el legislador, que la justicia determine las medidas que la empresa debe implementar para que hechos como éstos no se vuelvan a repetir.
Consultado a qué atribuye la ocurrencia de estos episodios ambientales (ya van 2 en poco más de un mes) en los que se ha visto envuelto la planta celulosa Nueva Aldea, a juicio de Navarro, "coincidentemente se han registrado después del último proceso de mantención al cual fue sometido la planta de tratamiento". En ese sentido, destacó que, precisamente, la ruptura en Ránquil fue motivada por una presión excesiva durante su puesta en marcha. Por lo anterior, se hace necesario revisar el ducto en toda su extensión, para tener claridad de las condiciones en que quedó operando la planta, y de esa forma garantizar la seguridad a la comunidad.
Magdalena Aburto, secretaria de la junta de vecinos de Boca Itata, señaló que la comunidad está muy asustada con lo acontecido. "Ya no es primera vez que nos vemos involucrados en una situación como esta. No confiamos en las medidas de seguridad que tiene la empresa para operar la Planta de Nueva Aldea". A lo anterior, agregó que producto de la emergencia, "al igual que otras seis familias, nos encontramos sin agua potable para nuestro consumo. Imagínese, hay niños chicos, tenemos que cocinar, ir al baño, no merecemos estar en estas condiciones".
A su vez, la dirigente vecinal se quejó por lo que consideró "la tardía reacción de la empresa una vez ocurridos los hechos". En ese sentido, afirmó que se les avisó antes de las 7 de la mañana, "sin embargo, llegaron con camiones aljibes pasadas las 19 horas, cuando era lo que tenían que haber hecho desde un principio, con lo que hubieran evitado que se inundaran más hectáreas".
En tanto, Sergio Cisternas lamentó lo ocurrido, porque se pone en riesgo la fuente laboral. Precisó que "hay mucha gente que se dedica a la pesca y con lo que pasó, estoy seguro que la venta de nuestros productos bajará ostensiblemente. No es justo", se quejó el vecino del sector.
Independiente de la acción judicial patrocinada por el senador Alejandro Navarro, las más de 20 familias afectadas por la emergencia ambiental anunciaron que recurrirán a los tribunales de justicia buscando que la empresa compense monetariamente los perjuicios ocasionados. En ese sentido, Magdalena Aburto afirmó que "los grandes motores productivos de nuestra economía son la agricultura y la pesca, y con lo sucedido muchas personas verán mermados sus ingresos". Es más, prosiguió, "viene el festival de la papa, no sabemos si lo podremos hacer, sería una lástima suspenderlo".
