Desde el 31 de diciembre, el abogado Ricardo Robles dejará de prestar servicios como defensor jefe de Chillán, tras un año conflictivo al interior de la Defensoría.

Situación que fue oficializada ayer desde la Defensoría regional, pero no así los motivos.

En el último periodo hubo acusaciones de maltrato laboral hacia los defensores, cuestionamientos de parte de los usuarios y ausencia de miembros del equipo por largas licencias médicas, entre otras causas que podrían explicar la medida.

Fuentes ligadas a la Defensoría afirman que esta decisión se relacionaría con las denuncias que se hicieron en su contra, debido a los problemas que tuvo Robles con varios funcionarios, situación que ameritó una investigación interna.

Acerca de la medida, se señaló que es muy difícil que a a un defensor no le renueven el contrato anual, "lo que claramente es un indicio de que el fin al contrato es por todo el historial que tiene Ricardo Robles, donde se realizaron sumarios, sanciones a su gestión y probablemente evaluaciones que no han sido buenas", dijo una fuente consultada por este medio.

Este problema fue advertido por el defensor regional, Osvaldo Pizarro, quien afirmó que hubo un procedimiento administrativo que fue debidamente tratado, en donde se tomaron algunas medidas en la defensoría regional, las que implicaron un mayor control en materias de relaciones interpersonales, agregando que siempre están en proceso de evaluación, porque el clima laboral es un elemento preocupante.

A pesar de ello, Pizarro no expresó que aquellos problemas podrían traer repercusiones a futuro, pero sin embargo el clima laboral jugó un factor determinante en la salida.

Acerca de los motivos concretos para la no renovación de Robles, es un misterio, ya que quien tiene la facultad de informarlo es Pizarro, pero él no tiene la obligación de comentar los motivos, simplemente los ejecuta e informa de la situación contractual, se dijo.

Preocupación existe entre los vecinos de la población Islas del Sur de Chillán, debido a que la tranquilidad de su barrio ha sido alterada por carreras clandestinas que se producen mayoritariamente los fines de semana en la noche.

El hecho se registra principalmente en la calle Luis Arellano, lugar donde el jueves 28 de noviembre falleció una menor de 15 años, tras colisionar la motocicleta en la que transitaba con la de su pololo.

Además de ese hecho lamentable, en reiteradas oportunidades se han producido accidentes de tránsito, donde incluso ha habido víctimas fatales, sostienen los vecinos del sector.

El presidente de la junta de vecinos de la población Islas de Sur, Gonzalo Mortecinos, confirmó esta situación, al comentar que es una constante desde hace varios años, pero que no han tenido respuestas a sus demandas. "Lo que nosotros queremos es que de una vez por todas se acabe este problema, lo único que estamos pidiendo es que se instalen lomos de toro o algún sistema que haga que los conductores reduzcan la velocidad".

Similar opinión expresó Irene Ceballos, ya que en reiteradas oportunidades ha visto como autos quedan muy cerca de entrar en su casa. "Por lo menos en dos ocasiones he estado muy cerca de que vehículos queden en el interior de mi casa, por poco me he salvado, pero es algo que tarde o temprano volverá a ocurrir, ya que los excesos de velocidad son una constante, me llega a doler la guata cada vez que escucho como frenan afuera".

Ante la nula respuesta de las autoridades, el dirigente sostuvo que no descartan tomar medidas de presión, como cortes de calle o bien iniciar acciones legales en el caso de que se registren nuevas víctimas fatales.

"No debería ser necesario que hayan más muertos para tener una solución. Aquí a diario, fin de semana tras fin de semana se realizan carreras clandestinas, del tipo de cuarto de millas, por ello es que nos reuniremos como junta de vecinos a evaluar futuras acciones, para que nuestros niños puedan transitar en paz.

Gonzalo Montecinos dijo que en reiteradas oportunidades han solicitado ayuda al municipio, pero que sólo han tenido respuestas negativas.

En una de ellas registrada el 3 de mayo de 2013, desde la Dirección de Tránsito, donde les negaron la solicitud que habían presentado, ya que de acuerdo a los peritajes realizados por la Sección Investigadora de Accidentes de Tránsito (SIAT) concluyeron que las mediciones de velocidad tomadas en el sector no registran excesos de velocidad.

El informe concluyó que mayoritariamente los conductores transitan a una velocidad razonable y prudente, teniendo como un promedio de 32 kilómetros por hora, siendo el tránsito moderado y expedito, por lo que no es necesario instalar reductores de velocidad.

A pesar de ello, el dirigente cuestiona el informe, ya que a su juicio no refleja la realidad del sector, porque las mediciones de velocidad se realizaron en horas de la tarde, donde no se producen mayoritariamente excesos de velocidad, además afirmó que el personal uniformado se instaló en un lugar fácilmente visible por los conductores, por lo que la medición no sería representativa.

Consultados los concejales al respecto, tanto Jorge Vaccaro y Edison Coronado afirmaron que la instalación de reductores de velocidad es de exclusiva responsabilidad del departamento de tránsito, el que estudia la viabilidad de todos los casos. Además expresaron que mayoritariamente los lomos de toro se instalan en sectores donde hay colegios o centros educativos. Vaccaro también dijo que no se trata de instalar reductores de velocidad en todos los lugares donde se registran excesos de velocidad, ya que para eso está la autoridad fiscalizadora correspondiente, que es Carabineros.