Los servicios públicos no pueden transformarse en una caja pagadora de fidelidades políticas.
La presencia de gran cantidad de población flotante se hace favorable para la actividad económica local, especialmente en rubros determinados, como el gastronómico y el de hospedaje, pero lamentablemente también se presta para la proliferación de actividades ilegales. Peor aún, para la aparición de inescrupulosos que se visten de comerciantes, pero que sólo pretenden lucrar a costa de las necesidades de los demás, apuntando sobre todo a los viajeros.
Estas personas apuntan en todas las direcciones y apuntan a la bandada. Generalmente aciertan y sus víctimas se van convencidas de que han hecho la mejor de las transacciones cuando en realidad acaban de ser timadas en aspectos tan diversos como el vestuario, la música y la alimentación.
Es en este último punto donde las autoridades del país han intensificado la búsqueda de responsables, pero más que nada se pretende enseñar a la población a no colaborar con quienes están probadamente dispuestos a jugar con la salud de sus eventuales clientes.
Para ello es que se recomienda a la gente que no consuma alimentos de procedencia dudosa y desconocida, como la que se ofrece en puntos callejeros que están muy lejos de garantizar mínimamente la higiene necesaria para no provocar ningún tipo de problemas a los consumidores.
Por ejemplo, han proliferado de manera considerable este tipo de ventas clandestinas, donde decenas de personas ofrecen variados tipos de alimentos -en su mayoría sandwich y preparaciones caseras- sin los permisos correspondientes.
Sin embargo, en los últimos años ha crecido en el país y también en nuestra Región la costumbre de comer en la calle, lo que se traduce en que se ha perdido el miedo a contraer enfermedades, ya sea por influencia extranjera como por la comodidad que representa consumir sin tomarse la molestia de trasladarse hacia un establecimiento que cumpla con todas las exigencias sanitarias.
Las consecuencias pueden ser muy graves, sobre todo porque muchas veces la gente se ve tentada e incluso alimenta a sus hijos de esta forma.
Hay que tener claro que no se trata de una forma de discriminación contra quien no está en condiciones de montar un local de acuerdo a las exigencias sanitarias, sino de algo más serio, como cuidar la salud.