Renuncias y despidos
La precariedad laboral de funcionarios públicos a honorarios o contrata muestra la necesidad que existe de perfeccionar un sistema que hoy no ofrece estabilidad.
Parlamentarios de la Alianza han hecho saber su inquietud respecto a eventuales "despidos masivos", cuando recién comienza a instalarse el nuevo gobierno que encabeza la Presidenta Michelle Bachelet.
El diputado UDI Gustavo Hazbún declaró que "nos parece gravísimo que exista una actitud revanchista", mientras que el diputado RN, José Manuel Edwards, tildó de razzia el proceso de desvinculación de personal. Fue la Presidenta quien, consultada frente a esta denuncia de despidos masivos, dijo que "durante el Gobierno anterior hubo 11 mil o 12 mil personas exoneradas, ¿se refiere a eso?" Posteriormente precisó que "lo que es nosotros, acabamos de llegar al Gobierno, y lo que le hemos pedido a los ministros es que todos aquellos cargos de confianza -y por lo demás lo acordamos con el Presidente Piñera-, como se hace en todos los Gobiernos, renuncian el 10 de marzo".
Estos antecedentes dan cuenta de una dinámica que ocurre comúnmente con cada cambio de administración en el país, pero que en el caso de la llegada de la Alianza al Gobierno, hace cuatro años, mostró un matiz distinto debido al diametral giro en el mando del país, donde las modificaciones en los cargos de confianza serían mayores a los que se dieron durante las transiciones ocurridas en los 20 años en que la Concertación estuvo en La Moneda.
También ha llamado la atención el doble estándar de la Anef, cuyo presidente, Raúl de la Puente, cuestionó ayer las denuncias por despidos, calificándolas como "una campaña política". En mayo de 2010, el mismo dirigente denunció que "más de mil funcionarios del sector, que estaban a contrata u honorarios y no eran de confianza política, han sido finiquitados por el nuevo gobierno de Piñera."
Sin entrar en juicios de valor respecto a este tema, cuyos matices varían de administración en administración, los hechos muestran lo necesario que es el fortalecimiento de la función pública, en la que alrededor de un tercio de sus trabajadores son personal de planta. Además, el ex ministro Sergio Bitar planteó la necesidad de perfeccionar y dar estabilidad al Sistema de Alta Administración Pública.
El alto porcentaje de trabajadores a honorario y contrata deja en evidencia una condición laboral precaria e inestable que debe abordarse para entregar mejores garantías a funcionarios que no necesariamente ejercen labores de confianza. Esta tarea puede también evitar discusiones y polémicas que generalmente se dan con cada cambio en los gobiernos.