Un insólito caso quedó al descubierto en el último día para renovar permisos de circulación en Chillán. Se trata del conductor Ariel Ramírez quien en 2009 compró un automóvil usado y pese a que el Registro Civil le informó que todo estaba en regla. A los 2 años fue notificado que debía $ 2 millones en multas.
Para muchos la solución gira en torno a la elección por votación popular de los intendentes, aunque fundamental es solo el punto de partida.
La larguísima geografía chilena y la férrea dependencia de la capital Santiago despiertan afanes de mayores decisiones en los territorios locales, en procura de conseguir mayor desarrollo, sobre la base de un mejor conocimiento de los problemas propios. Visiones descentralizadoras hay variadas. Nuestra Región del Bío Bío ha hecho esfuerzos, por muchos años, para conseguir avances sustantivos, tras el objetivo de "emparejar la cancha", toda vez que en Chile definitivamente no da lo mismo donde se vive, en relación a la Región Metropolitana. El Movimiento por la Consulta y los Derechos Ciudadanos entrega antecedentes muy decidores: la Región Metropolitana tiene una superficie equivalente al 2% del territorio nacional y allí se produce el 48,2 % del Producto Interno Bruto (PIB), el 85% de los servicios financieros y tiene, además, el 49 % de los profesionales y técnicos. Así también, la capital nacional concentra el 57 por ciento de los médicos especialistas, un drama que se traslada en consecuencia a las regiones, más perjudicadas mientras más lejanas. Para muchos la solución gira en torno a la elección por votación popular de los intendentes, pero, aunque fundamental, es sólo el punto de partida. Hay zonas, específicamente en el norte, que pretenden que parte del producto generado quede en la propia región; también se habla de impuestos locales para generar ingresos; del pago de las patentes en la región. Las necesidades de nuestra Región están claras y giran en torno a la conectividad, fortalecimiento de las industrias que generen trabajo y producto, graves carencias en el sector salud, falta de oportunidades en educación, especialmente en los sectores más alejados. No cabe duda de que no es lo mismo vivir en Concepción que en las localidades más apartadas, como Alto BíoBío; las diferencias en todo son abismantes y sería tarea del Gobierno Regional minimizar esas desventajas. Hay que impedir que se concentren aún más las ventajas en Santiago, administrando medidas que promuevan la instalación de industrias en regiones; sin trabajo de calidad poco se puede avanzar.
Las condenas que se basan solo en la declaración de "testigos secretos" no tienen legalidad ni legitimidad.
Imagínese la siguiente situación: Un día llega la policía a su domicilio, le exhiben una orden de detención en su contra por un delito. Es llevado a un cuartel, le dicen que hay personas que lo sindican como responsable, pero no le aclaran quiénes son. Le insisten, en que sería bueno que confesara porque las pruebas en su contra son contundentes. De paso le anuncian que será formalizado, arriesgando quedar en prisión. En ese momento se entera que los nombres de las personas que lo imputan, son y serán secretos. Suena mal, cierto. Pues bien, ese es el centro de una discusión tan antigua como el hombre, me refiero a la posibilidad de conocer "cara a cara" a la persona que a uno lo acusa. Sin secretos. Sin nada que impida mirar a los ojos a quien nos señala con el dedo. Lo que le comento no está alejado de la realidad y podría tenerlo como protagonista. No porque usted sea un "gran delincuente", sino porque como escribió días atrás, en este mismo espacio, el Defensor Regional, las personas y los sistemas de justicia pueden equivocarse, confundirse.Este debate que parece tan trivial y que puede tener insospechados efectos en su vida y en la mía, se da en tribunales de la región por estos días, con investigaciones que buscan llevar a juicio a personas imputadas por distintos delitos y que están sostenidas en el testimonio de personas anónimas, de las que nada se sabe. Al menos defensas y acusados, nada saben de ellas. Desde la Defensoría Penal Pública nos hemos opuesto desde siempre a esta figura, que la ley pareciera permitir en contextos muy acotados. Y lo hacemos no por porfía ni mala voluntad, sino por exigir un debido proceso. Tan importante como saber qué se dice, es conocer quién lo dice. No es casualidad que esta columna lleve mi nombre y una foto identificándome.Los procesos, las pruebas y las condenas que se basan únicamente en la declaración de "testigos secretos" o con "reserva de identidad" no tiene legalidad ni legitimidad. No sólo por lo cuestionable de su método, sino por la baja calidad que ofrecen. Le insisto no es porfía. Es necesario saber quien está tras el velo, ya que la legitimidad de una condena penal se basa no sólo en la sanción del delito.
Jefe de Estudios de la Defensoría Penal del Bío Bío