Condenan a representantes de empresa de áridos por soborno y estafa
Ingrid Acuña Caballero
Después de casi dos años de ardua investigación de la fiscalía de Chillán, ayer concluyó, en un juicio abreviado, el caso de soborno consentido y estafa al fisco por parte de Carlo Maggi y Sergio Schmith, representante legal y administrador, respectivamente, de Áridos Maggi limitada, quienes fueron condenados a una pena sustitutiva de firma mensual durante un año, además de millonarias multas e inhabilitación de cargos públicos por tres años.
"Es un delito contra la administración del Estado, que atentan contra de todo nuestro sistema público. Ellos ya habían aceptado responsabilidad, por tanto no es necesario ir a un juicio oral para probar mayormente su responsabilidad. La investigación fue de largo aliento y un juicio de éstos puede, en uno u otro caso, tener los mismos resultados", dijo la fiscal Patricia Suazo, a cargo de la indagatoria.
Los hechos parten con la denuncia de la Dirección Regional de Vialidad, tras detectar irregularidades en el cumplimiento del contrato de entrega de material chancado para la construcción del camino Longitudinal - Los Tilos - Cruce Nº 59, comuna de Bulnes.
Los relatos entregados por la fiscal detallaron el pago de 6 millones de pesos, y posteriormente 300 mil pesos, cheques que fueron exigidos por dos funcionarios de Vialidad a cambio de alterar la cantidad de entrega de áridos a casi la mitad de lo que exigía el contrato. Esta situación quedó al descubierto en la investigación que ayer terminó por sancionar a la empresa de áridos, además de sus representantes.
"Es una estupenda señal, porque en el fondo ya fueron condenados los funcionarios públicos quienes pidieron y recibieron en definitiva el dinero, por ciertas acciones u omisiones de su cargo, fueron condenados y ahora son las personas jurídicas condenadas por, ya sea, ofrecer o aceptar este dinero a cambio de cosas públicas. Esto es sin duda corrupción", afirmó la fiscal.
Si bien la sentencia dejó conformes a los inculpados, quienes renunciaron a una apelación para rebajar aún más sus penas, para la representante del Consejo de Defensa del Estado (CDE) y el Ministerio Público se hará una revisión de la sentencia y ponderar una posible reclamación.
"Lo vamos a estudiar ya que la pena que pedía el CDE es más alta, entendemos que existían argumentos para que la pena que se hubiese aplicado fuera de 4 años de prohibición de celebrar contratos con el fisco, pero es una señal clara de la aplicación de la ley, de que no se puedan amparar este tipo de delitos a través de la dilución de la responsabilidad en particulares, ya que obtienen un beneficio para las personas jurídicas, y así está concebido en el fondo el ilícito; en tanto, sanciona en la medida en que se descubra que existe un beneficio para las personas jurídicas", comentó Mariela Dentone, procurador fiscal de Chillán del CDE.
Al igual que las sanciones que recibieron los miembros de la empresa, también la compañía fue castigada con la prohibición de celebrar actos y contratos con el Estado durante dos años y también la prohibición de recibir algún beneficio fiscal durante la misma cantidad de tiempo.
"Ellos quedaron conformes con la sentencia y reconocieron siempre su responsabilidad, pero en el entendido que ellos fueron sometidos a una presión muy grande por parte de la persona que fiscalizaba el contrato, que era Ricardo Eadez, porque le decía que si no cumplían con lo solicitado (dinero) le aplicaría multas a los contratos por no terminar en el plazo, además ellos le ponían problemas en la entrega de los materiales. El error es que sucumbieron a la presión del inspector", detalló Ricardo Robles, abogado defensor.
"Lo vamos a estudiar ya que la pena que pedía el CDE es más alta, pero es una señal clara de la aplicación de la ley"
Mariela Dentone,
Procurador fiscal de Chillán del Consejo de Defensa del Estado
En febrero de 2012 la fiscalía levantó cargos a dos funcionarios de Vialidad por cohecho y fraude al fisco.
En abril de 2013 se formalizó a Carlo Maggi y Sergio Schmith por incumplimiento en los deberes de dirección y supervisión para prevenir la comisión de delitos de soborno y estafa al fisco.
En abril de 2014 se dictó sentencia en juicio abreviado contra Carlo Maggi y Sergio Schmith, a pena sustitutiva de firma durante un año.