Luego del discurso del 21 de mayo podemos resumir la propuesta de reforma educacional del gobierno en que: Termina con la selección en todos los establecimientos escolares incluidos los privados y en todos los niveles; Elimina la posibilidad de lucro con recursos públicos; Pone fin al copago; Crea una subvención para los estudiantes que no cumplan con los requisitos de la SEP y pertenezcan al 80% más vulnerable del total nacional. Creemos que la reforma tiene un origen profundamente ideológico y por la vía de fortalecer la Educación Pública objetivo que compartimos, busca debilitar gradualmente la participación de privados que ha caracterizado el sistema chileno por décadas. Apunta a un Estado que sustituya la voluntad de las familias para elegir entre diversos proyectos educativos y aportar para la educación de sus hijos; y restringe de manera radical la libertad de los establecimientos para realizar exigencias que le permitan desarrollar su proyecto. Sería bueno saber por qué Bachelet cambió de opinión respecto de la autonomía. Cabe recordar que el Acuerdo por la Calidad de la Educación, impulsado por Bachelet en 2007, señala en su punto 5, que ' la autonomía es un requisito fundamental para asegurar la calidad de la educación, ya que permite a los establecimientos educacionales innovar y recoger las experiencias exitosas nacionales e internacionales y hacerse responsables de sus resultados' .Es evidente que los cambios no apuntan a la calidad de la educación, factor clave para garantizar igualdad de oportunidades a todos los estudiantes. No hay evidencia hasta ahora que confirme, por ejemplo, que la selección o el lucro de los sostenedores afecte la calidad, el Gobierno está exigiendo a los chilenos un esfuerzo más allá de lo prudente, con un aumento de impuestos que afectará a un sector importante del país. Casi la totalidad de esos recursos, US$5000 millones, se irán para concretar la prohibición del lucro, del copago y la gratuidad; y casi nada para la Educación Preescolar o para mejorar calidad de los profesores. Renovación Nacional insistirá en su profundo compromiso con la Educación, en su interés por contar con Educación Pública de calidad, sin que para ello deba sacrificarse ni la libertad de las familias para elegir de entre distintos proyectos ni a un sistema que hoy da amplia cobertura de enseñanza.

Durante mucho tiempo el uso del agua y los derechos asociados al mismo han sido motivo de discusión y preocupación tanto en el país como en la Región del Bío Bío, zona que necesita de ese elemento imperiosamente para la agricultura.

De hecho a fines del primer mandato de la actual Presidenta se envió al Congreso un proyecto para darle al agua el rango constitucional de uso público, lo que posibilita adoptar una serie de medidas en caso de necesidad. Ahora se retomará dicho proyecto no aprobado y en paralelo se verá la modificación del Código de Aguas.

El ministro de Obras Públicas ha dicho que la intención es otorgar al Estado mayores atribuciones para garantizar la existencia de agua tanto en el uso humano como en la agricultura, tema trascendente en el Bío Bío. En algunos sectores estos anuncios han sido apreciados; en otros despiertan ciertas aprensiones, pero lo concreto y real es que se debe normar moderna y eficientemente un manejo en muchos casos irregular.

Cuencas con evidente menor capacidad a los derechos otorgados, lo cual otorga el privilegio de uso sólo a los primeros que se encuentran 'aguas arriba'; derechos que jamás han sido utilizados y que permanecen cautivos mientras otros requerientes se ven imposibilitados de acceder al agua, la que el futuro cuerpo legal permitiría liberar y reasignar; numerosas extracciones ilegales; carencia de sistematización de los derechos otorgados, de los cuales se sabe que serían más de 100 mil, son algunas de las cuestiones que el Estado debe revisar vía ley, en beneficio de la sociedad en general, del bien común.

La autoridad ha descartado expropiaciones, simplemente la facultad de adoptar medidas tendentes a evitar la sobreexplotación, el mal uso y el desuso, buscando un aprovechamiento racional mediante eficientes administradoras de cuencas que cautelen los derechos de todos.

Si a estos objetivos en orden a priorizar y garantizar el consumo humano y otros, como el agrícola, se suma las más eficientes tecnologías, se estará en el camino correcto.