En torno a la reubicación de la cárcel de Chillán y la construcción de un recinto biprovincial llaman poderosamente la atención dos aspectos de la disyuntiva que enfrentan las autoridades y la comunidad de Ñuble. Por una parte, la poca solidaridad que existe de las comunas para aceptar un proyecto alejado del sector céntrico de sus urbes y que obedece a una necesidad larga de la provincia. En segundo lugar, y quizás más preocupante aún, la poca planificación que exhiben sobre este tema las autoridades de justicia al planificar un Centro de Cumplimiento Penitenciario para mil internos, cuando la realidad actual de Chillán es que la cárcel del centro alberga sobre 600 reclusos y a ellos se deben sumar los de la provincia de Bío Bío.

De hecho, durante el gobierno del Presidente Sebastián Piñera se buscó terreno de gran amplitud (aproximadamente 10 hectáreas, preferentemente con fuentes de agua) para un proyecto de cárcel Modelo que pudiera albergar entre 1.800 a 2.400 reclusos de baja peligrosidad, el cual iba a ser licitado. Las dificultades para encontrar un terreno disponible y la especulación en los precios, se estrellaron además con la oposición de los vecinos de San Nicolás, Chillán Viejo, Colliguay, Santa Clara y Cabrero para aceptar un recinto de estas características.

Finalmente el gobierno desechó el proyecto y priorizó medidas para bajar el hacinamiento en los penales -como la expulsión de los ciudadanos extranjeros que cumplían penas en el país- lo que se redujo entre un 57% a un 23,69%, a marzo de 2013.

Hoy sin embargo, las autoridades no han explicado con claridad el motivo para priorizar un recinto que no aumenta demasiado los cupos para los internos, al mismo tiempo que -paralelamente- se ha hablado que de construirse la nueva cárcel fuera de Chillán, el recinto céntrico podría seguir siendo utilizado por Gendarmería y no pasaría por tanto a manos de la comunidad.

En medio de este debate, el seremi de Bienes Nacionales del Bío Bío, Eric Aedo, planteó una frase que tiene mucho asidero: 'Al querer ser región, hay algunos temas que hay que asumir', como la cárcel para Ñuble, propuesta que la ciudadanía deberá ver con ojos de futuro y madurez de los requerimientos del presente si se desean asumir desafíos aún más difíciles como futura nueva región.

A Juan Carlos I lo sucede su hijo Felipe VI. Es lo usual en las monarquías. Esta vez, por su renuncia al trono, como ocurrió no hace mucho, en Países Bajos, Bélgica, Qatar, o Luxemburgo y otros países. Antes sólo si fallecían, ahora renuncian, como lo hizo el Papa SS Benedicto XIV, todo un ejemplo. Pueden hacerlo por múltiples motivos, como edad, enfermedad, incapacidad u otros similares. Aunque las verdaderas razones son, muchas veces, más amplias y variadas. Las monarquías procuran aunar la identidad nacional, así como la continuidad y estabilidad del Estado; pero cada vez con menos poder decisorio y más papel de institución representativa. Pero igual, se requiere valentía para abandonar, voluntariamente, un trono significativo y privilegiado. Si bien la razón más aplicable a los tiempos actuales, es política, frente a dificultades crecientes de todo gobernante contemporáneo, así ejerza un papel simbólico. Paralelamente, Europa parece entrar en una nueva etapa, donde el entusiasmo por el gran proyecto de la Unión Europea y sus proyecciones, ha sido cuestionado, por una vuelta a identidades propias, a veces regionales, y hasta separatismos locales. Así lo evidencian los últimos comicios al Parlamento Europeo. Todo, como respuesta a las crecientes atribuciones de los órganos de la UE, traspasos de competencias nacionales y burocracia en aumento, con 28 Estados Miembros, entre muchos argumentos; y donde la inmigración ha servido de excusa a partidos y movimientos nacionalistas, o francamente opuestos a los extranjeros. Dicha involución política, todavía es una incógnita. España no ha sido ajena a estos desafíos. Su situación reciente ha sido de crisis, aunque se recupere. Y la propia figura del Rey, unánimemente apoyada, se ha visto confrontada a errores propios y de algunos familiares, y comprometido su acervo decisivo en la transición y defensa de la democracia española. Su renuncia debería contribuir a reevaluar sus treinta y nueve años de reinado, y proyectar el futuro con el nuevo Rey Felipe VI, como un relevo normal y positivo, al acercamiento con Latinoamérica, que España ha priorizado durante el Rey Juan Carlos I.