Luego de que ayer los dirigentes comunales de Chillán Viejo llevaran a cabo una consulta a la militancia del Partido Socialista, se produjeron reacciones que no vieron con buenos ojos este ejercicio que no resulta representativo para el mismo partido. Quien se mostró 'orgulloso y honrado' por este acto fue el alcalde chillanvejano Felipe Aylwin.
Teniendo en consideración los tres ejes fundamentales de la Reforma Educacional en Chile, que son: Dejar de entregar recursos públicos a los establecimientos que lucran; terminar gradualmente con el financiamiento compartido y finalmente prohibir la selección en todos los establecimientos que reciben fondos del Estado, constituyen el tridente para el inicio de estas propuestas, también está absolutamente claro las alternativas con las cuales se encontrará el dueño de un colegio que cuente con subvención del Estado, él podrá elegir convertirse en una fundación o corporación sin fines de lucro percibiendo por su administración del colegio una remuneración, transformándose en un agente público y pierde su autonomía en la gestión y controlado por el Estado, o bien podrá elegir transformarse en un colegio particular pagado y si esas alternativas no son de su agrado podrá o deberá permitir que el Estado le compre su infraestructura.
Ahora bien, la compra de inmueble no es el corazón de la reforma educacional, pero necesitará una gran cantidad de recursos para financiar estas adquisiciones, situación que nunca el programa de gobierno difundió.
Mi pregunta apunta a ¿qué ocurriría si ningún propietario está dispuesto a vender sus instalaciones? ¿Cuánto demoraría el Estado para construir estos miles de metros cuadrados de propiedad de particulares?, de ser así, el Estado podría invocar la Ley Orgánica de Procedimientos de Expropiaciones, y de poder ejercer este derecho los peritos tasadores asignaran el precio justo.
Finalmente preguntar, ¿se ha considerado en la Reforma Tributaria un presupuesto para compensar el lucro cesante por los ingresos que dejarán de percibir estos propietarios?
Recordemos en primer lugar que es la propia Constitución a través del Art. 19 Nº 21 que permite y garantiza el emprendimiento de cualquiera actividad económica en nuestro país, y en segundo lugar todos estos emprendimientos se ajustan a la Ley de Educación que permitió su ingreso a esta actividad de enseñanza.
Hubo una diferencia sustancial entre las negociaciones entre la CUT y el gobierno para fijar el salario mínimo, principalmente en los escenarios vistos en 2013 y este año. En 2013, la administración del Presidente Sebastián Piñera encontró una fuerte presión de parte de las organizaciones de trabajadores por fijar un salario mínimo de $250 mil, pese a que las conversaciones se iniciaron muy empezado en el año. La postura de la Central Unitaria de Trabajadores fue muy dura en establecer dicho monto, aprovechando que se trataba del último año de mandato. Finalmente, en medio del descontento de la multisindical, el gobierno envió un discutido proyecto de ley para aumentar de $193.000 a $205.000 el salario base de los trabajadores.
El escenario que enfrentó este 2014 el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet, en su primer año del segundo mandato, fue diametralmentre opuesto. A pocos días de anunciado el inicio de las conversaciones con la CUT, se firmó un proyecto que estableció un incremento plurianual del sueldo mínimo, el cual según informó el ministro de Hacienda, Alberto Arenas, se incrementará a $225 mil a partir del 1 de julio de 2014, $241 mil al 1 de julio de 2015 y alcanzar los $250 mil el 1 de enero de 2016.
Si bien el gobierno anunció además otros cuatro puntos en su compromiso con los trabajadores, tales como la constitución de una comisión asesora que evalúe en un plazo de 18 meses el mercado del trabajo, el envío de las reformas laborales sobre el fortalecimiento de los sindicatos y la negociación colectiva, y el compromiso de establecer un plan nacional de fiscalización del pago del salario mínimo mensual a través de la Dirección del Trabajo (DT), quedó de manifiesto que la CUT aceptó sin mayores objeciones la propuesta del gobierno, evidenciando lo que el senador Hernán Larraín (UDI), integrante de la Comisión de Trabajo, consideró un 'doble estándar'. En efecto, llama la atención como al denominado 'gobierno de los empresarios' se le exigió de manera mucho más dura que a la actual administración, lo que sólo lleva a pensar en que en la aceptación de la CUT primaron componentes de índole político más que de defensa del bienestar de los trabajadores.
Como fuere, sin duda que la propuesta del Ejecutivo es sana en estos momentos de la economía en que los mercados externos se muestran inestables y es prudente con la realidad de un país que apuesta a un crecimiento muy ajustado para los próximos años.