Con satisfacción recibió la familia del asesinado estudiante Nelson Vildósola la resolución del Juzgado Civil de Chillán que ayer condenó al Estado a pagar $300 millones, dando curso a la indemnización solicitada por los familiares de la víctima quien, en febrero de 2012, recibió un disparo por parte de un funcionario de Carabineros.
La millonaria suma responde a la arista civil iniciada hace más de dos años, y fue recibida tres semanas después de que se conociera el fallo penal que determinó que el subteniente José Antonio Candia fuera condenado a cinco años y un día de presidio efectivo por el delito de homicidio.
A esta pena, se suman otros 61 días por las lesiones sufridas por una tercera persona que recibió un balazo aquella trágica jornada.
Los hechos se remiten a la madrugada del 18 de febrero de 2012, en la calle Martín Ruiz de Gamboa, cuando una patrulla de Carabineros interceptó al vehículo en que se transportaba Nelson Vildósola. Por error, confundieron el automóvil en el que se desplazaba el estudiante con el de una banda de delincuentes que había cometido un robo a un cajero automático minutos antes. Posteriormente, se produjo una balacera que terminó con la vida de Nelson Vildósola, hecho que causó conmoción entre la comunidad.
A raíz de este hecho se abrieron los procesos judiciales. Recién este año se conoció el fallo penal, mientras que la justicia civil acogió la solicitud hecha por la familia, representada por el abogado Claudio Cofré.
Conocida la información, la madre de Nelson Vildósola, María Díaz, dijo estar tranquila y conforme con el dictamen. 'Ni con todo el oro del mundo me van a devolver a mi hijo, pero sirve para que en algo le duela al Estado el tener que pagarme', declaró. María Díaz además destacó la labor del abogado Claudio Cofré, quien llevó adelante el caso.
'Yo siempre confié en el abogado porque él fue el que hizo esto. Este fue un caso que salió, relativamente, en poco tiempo si se compara con el resto, que se demora el doble y muchas veces no se hace justicia', agregó la madre del estudiante.
Por su parte, Claudio Cofré manifestó su satisfacción por el fallo. 'Se estableció en el proceso, de acuerdo a la prueba testimonial y documental, que existe responsabilidad extracontractual del Fisco, tomando en consideración que el funcionario a cargo del procedimiento, que es parte de la administración pública y agente del Estado, actúa de manera deficiente en el cumplimiento de deberes', señaló.
El abogado indicó que en el fallo 'no ha habido objeción y está dentro del mérito de lo que esta parte demandante estima. Si bien un fallecido no cuesta $300 millones, porque no tiene un valor económico realmente, el tribunal estimó que $300 millones es una cifra que, yo creo, sienta un precedente en el tema de fallos condenatorios de personas fallecidas en esta instancia por estas circunstancias, a manos de policías'.
Respecto a una eventual apelación de la parte demandada, Cofré dijo que es muy difícil que se acoja un recurso de casación (que anula el fallo), ya que 'para eso hay que tener ciertos méritos anteriores al momento que se dicte la sentencia'.
