Desde el pasado fin de semana, en la provincia de Ñuble se han registrado una seguidilla récord de accidentes con resultados fatales, en los que el común denominador han sido en algunos casos la conducción bajo la influencia del alcohol y el poco respeto a las condiciones viales y de velocidad que deben mantener los conductores.

Desde el pasado sábado, se han registrado cuatro víctimas fatales, sólo en el territorio de Ñuble, a raíz de tres atropellos y otra por desbarrancamiento en Quirihue. Lo anterior coincide además con un cierto relajamiento de las fiscalizaciones durante vacaciones de invierno en ciertas rutas de la zona, lo que lleva a preguntarse por el programa Tolerancia Cero. Este programa aplicado desde el 2011 por el gobierno de Piñera hizo más estrictos los controles y fiscalizaciones a conductores para evitar la ingesta de alcohol entre conductores y con ello reducir la cantidad de fatalidades. Según las cifras oficiales, los fallecidos por esta causa pasaron de 205 en 2011 a 148 en 2012, cifra que se mantuvo en 2013, lo que representó la menor cantidad de muertes en 12 años. Sin embargo, en 2013 la cantidad de accidentes por consumo de alcohol creció en 28% en 2013, producto de un relajo de los conductores.

Sin duda que las acciones más efectivas para reducir pasan por legislaciones cada vez más duras y por los gobiernos que se comprometen con metas ambiciosas para reducir los accidentes. Ello queda de manifiesto por ejemplo en países del OCDE, donde si bien el consumo de alcohol per cápita es mayor al de Chile, un tercio de esos países exige alcoholemia cero para los conductores jóvenes o novatos y en un 40% tiene límites menores al de Chile en cuanto a consumo de alcohol entre choferes.

Un ejemplo a observar en este tema ha sido Suecia y Estados Unidos, con el Programa Visión Cero. Este plan se sustenta en que 'ninguna muerte es moralmente aceptable' y se basa en dos pilares: fijar ambiciosos objetivos de seguridad para motivar a la ciudadanía, y lo segundo, reducir los límites de velocidad y construir infraestructura peatonal más segura. La seguridad ya no se centra en el autocuidado sino en el diseño del sistema y por ello se contempla la creación de cruces peatonales más seguros con espacios segregados y pintados, mejorar el alumbrado público, instalar barreras entre las pistas de los automóviles y las ciclovías, construir más kilómetros de caminos con tres pistas, y reducir los límites de velocidad creando 'zonas tranquilas'. También se aumentaron las sanciones para los automovilistas. Como resultado del plan, estados como Nueva York, Utah y Washington bajaron entre 34% y 48% sus accidentes fatales. Ejemplos como los anteriores deben motivar más a las autoridades a crear planes efectivos de seguridad hacia las personas.

El sistema de salud debe enfrentar los desafíos del envejecimiento, del perfil epidemiológico, del crecimiento de los costos y del mejoramiento de los niveles educacionales de la población. El índice de envejecimiento se ha duplicado en los últimos 20 años y el índice de dependencia ha aumentado un 43% en igual período, lo que implica un gran desafío para la economía del país y para financiar los sistemas de seguridad social, ya que por mayores costos a lo menos 9 deciles de la población deberán contar en los próximos veinte años con importante subsidio fiscal para acceder a un sistema de salud digno. Como producto del envejecimiento, la insuficiencia de políticas públicas para controlar las enfermedades crónicas y equivocados modelos de atención y financiamiento, se deberá enfrentar una creciente demanda por servicios de salud, lo que hará redefinir estrategias para atender las necesidades de salud de la población, que exigirá replantear los actuales modelos de atención y financiamiento para lograr mayores niveles de costo efectividad. El financiamiento, acceso y los resultados que la población obtiene en salud en función del ingreso, nos coloca dentro de los países con mayores niveles de inequidad entre naciones de ingresos medios, lo que nos plantea un gran desafío para lograr y distribuir los recursos financieros necesarios para mejorar la situación de los más, pobres, viejos y enfermos. Los altos niveles de educación alcanzados por la población plantean al sistema de salud privado y público nuevos estándares; al privado en ámbitos de derechos, garantías, eficiencia, simetría en información y fijación de precios. Al público en los niveles de acceso y calidad de los servicios que otorga a la población, lo que no se resuelve sólo con más recursos e inversiones, ya que está demostrado que al crecer el gasto en un 9% anual por más de 10 años no ha generado una mejoría en los niveles de salud y en la percepción de calidad de servicios recibidos por la población. Este conjunto de desafíos nos plantea la inquietud respecto de la insuficiencia de las propuestas de reforma que se han conocido públicamente, las que abordan en su gran mayoría sólo al financiamiento de la salud y al sistema Isapre, las que aunque estén en la línea correcta son claramente insuficientes.