Cambios en la Ley Antiterrorista
Hace ya varios meses que la Ley Antiterrorista era foco de debate al interior del Congreso Nacional, el que este lunes tuvo un aceleramiento inesperado con el atentado ocurrido al interior del Subcentro de la Estación del Metro Escuela Militar. A horas de ocurrido el deleznable hecho que dejó a 14 personas con heridas de diversa consideración al estallar una bomba al interior del recinto, la Presidenta Michelle Bachelet anunció que 'a fines de este mes se enviará el proyecto de ley que modifica la Ley Antiterrorista para hacerla efectiva y que pueda dar mayores resultados', planteó la Presidenta.
Esta normativa que tuvo su génesis en el gobierno militar y fue justificación para detenciones arbitrarias volvió a ser aplicada en distintos momentos de la historia democrática, entre otros, durante algunos atentados incendiarios cometidos por grupos mapuches en la zona de La Araucanía, además de otros que involucraron a entidades bancarias. Los llamados 'Caso Bombas' terminaron en un funesto vuelco judicial, sin responsables.
Ya en julio de este año, se conoció que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas (ONU), tras el sexto informe periódico que Chile le entregó a esa instancia, planteó su firme discrepancia con esta norma, en especial en su aplicación en las causas contra el pueblo mapuche.
Lorena Fries, directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, sostuvo en su momento que 'la ley en sí misma es mala, ya que vulnera los derechos y garantías procesales de los implicados'.
Así lo interpretó un mes más tarde el diputado PS Marcelo Schilling, quien citó entre sus principales falencias: 'mantiene una deficiente definición de delito terrorista que vulnera los principios de legalidad y tipicidad; en materia de garantías judiciales establece normas excepcionales que afectan el derecho al debido proceso, en particular en materia de privación de libertad y obtención de pruebas a través de testigos; y en su aplicación práctica se observa un patrón de conducta que violenta el principio de igualdad y no discriminación por su invocación preferente y selectiva a grupos discriminados de la sociedad'.
Éstas han sido las razones por las cuales el gobierno había rechazado en múltiples oportunidades aplicar esta herramienta jurídica para perseguir delitos. El gobierno creó una comisión para analizar los cambios a esta ley -compuesta por ocho abogados externos-, cuyo informe coincidentemente se conocería en los próximos días. En ella se plantea, por ejemplo, que los delitos terroristas deben ser imputados a organizaciones ilícitas, modificar el concepto de 'asociación ilícita terrorista'. Asimismo se busca modificar la forma de probar una intencionalidad proponiendo situaciones objetivas que puedan ser sancionadas por los tribunales. Cabe recordar que cualquier modificación deber ir en las línea de los pactos internacionales firmados por Chile.