Auditoría puso la lápida al Censo 2012
La polémica por el Censo 2012 desarrollado durante la administración del Presidente Sebastián Piñera no culmina y ayer el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) dio a conocer el resultado de una auditoría que investigó si se cumplieron los objetivos básicos a los que debe responder un censo de población y vivienda y el grado en que la información del levantamiento del año 2012 permite cumplir estos objetivos, considerando los niveles de cobertura y calidad. Dicho trabajo contó con la asesoría del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE). En sus conclusiones, se revelan un sinnúmero de aspectos que justifican que el gobierno haya refutado estos datos y anunciara la realización de un nuevo Censo abreviado para abril de 2017.
El Censo 2012 tuvo un costo para el Estado de 20 mil millones de pesos y pretendía ser el primer Censo de derecho en la historia de Chile. Sin embargo, según la auditoría hecha al mismo, tuvo fallas en cuanto a Aspectos demográficos, Variables sociales y económicas, y Variables de vivienda y hogar. Por ejemplo, en cuanto a su cobertura se midió su nivel de omisión en un 9,6%, superior a los registros históricos de censos de población y vivienda en Chile desde 1952. El documento además registró una brusca caída en los índices de masculinidad que no tiene explicación demográfica posible, lo que impide saber con exactitud cuántos hombres y mujeres hay en Chile. Los datos de migración reflejan un 40,8% de omisión de datos. La radiografía al levantamiento de 2012 también dejó de manifiesto errores graves en el trabajo de los censistas, que en esta oportunidad fueron pagados, debido a que por errores de instrucción habrían reemplazado respuestas y con ello afectado el cálculo de los datos. El trabajo censal reportó un alto número de viviendas con moradores ausentes y un alto número de viviendas desocupadas que no se condicen con datos anteriores.
El efecto final resulta grave para el país y su credibilidad internacional. Los problemas de cobertura, calidad y heterogeneidad que revela la auditoría, 'impiden que la información levantada durante 2012 cumpla con los estándares de calidad mínimos para ser considerada información oficial de un censo'. Cabe recordar que una comisión especial ya había puesto en duda su validez debido a errores metodológicos, entre ellos, una tasa de omisión del 9,3% y recomendó hacer una nueva medición abreviada. La nueva medición anunciada por el gobierno volverá a la modalidad de 'una medición de hecho' (en un solo día), y constará de la implementación de un precenso en 2016.
El diputado PPD Ramón Farías pidió 'perseguir las responsabilidades políticas y económicas por este caso' y que se busque recompensar al Estado por la pérdida de los más de $20 mil millones que costó. Hasta hoy Chile sólo ha recibido disculpas.