Hace unos días el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer la actualización de las cifras demográficas del país, las cuales arrojaron un incremento de un 160% de la inmigración entre los años 2002 y 2012. Asimismo el Departamento de Extranjería y Migraciones estimó que los extranjeros residentes regulares en Chile sobrepasarían los 441 mil. Frente a este panorama, cabe destacar algunas consideraciones y recomendaciones jurídicas básicas respecto a la migración. Un principio fundamental, que se debe tener en cuenta, es que el Estado debe garantizar a todas las personas que se encuentren dentro de su territorio, idénticos derechos, sin hacer ninguna distinción, sea que ésta se funde en la religión, raza, orientación sexual o nacionalidad, lo que en definitiva se traduce en que ningún Estado debe discriminar al migrante y por lo tanto, debe asegurarse la igualdad ante la ley.

Cabe señalar, que los ciudadanos extranjeros residentes en Chile pueden obtener distintos tipos de visas temporarias. Una de las más comunes es la sujeta a contrato, ésta habilita a su titular a realizar actividades remuneradas, exclusivamente con el empleador con el cual suscribió el contrato. En este caso el contrato de trabajo debe contener las siguientes cláusulas especiales: Cláusula de vigencia; Cláusula de viaje (pago de pasajes por parte del empleador una vez terminado el contrato); Cláusula de régimen previsional (obligación de cotizar en la entidad correspondiente) y Cláusula de impuesto a la renta (sólo para sueldos superiores a 13,5 UTM).

Existen además otras visas temporarias que se otorgan, por ejemplo, a extranjeros con vínculos con un nacional, religiosos, ex residentes, estudiantes, familiares de residentes, entre otros.Además existe la permanencia definitiva, que se otorga a extranjeros que se radicarán indefinidamente en el país y les permite desarrollar cualquier actividad lícita. Pueden solicitar este permiso, los ciudadanos extranjeros tanto titulares como dependientes que tengan vigente una visa de residente y que no hayan permanecido más de 180 días fuera del país durante el último año de visación.

En caso de infracción a las normas de extranjería, se puede dar lugar a sanciones tanto de carácter administrativo como de orden penal, esto último significa que las vulneraciones a determinadas normas de la ley de extranjería son constitutivas de delito, como por ejemplo, el ingreso clandestino. Si la sanción es de carácter administrativo, como en el caso de la aplicación de una multa, existe un recurso especial de reconsideración regulado en el artículo 159 del Reglamento de Extranjería, el cual debe deducirse en el plazo de 10 días hábiles desde la notificación de la sanción. Además, se debe considerar que de acuerdo al artículo 23 de la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y sus familiares, estos tienen derecho a recibir protección y asistencia consular de su país de origen.

De manera acelerada se llevó a cabo los primeros días de esta semana el análisis de las distintas indicaciones que contempla el proyecto de ley de la Reforma Educacional, que impulsa el gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet y que ayer culminó con este plazo, de acuerdo al carácter de suma urgencia dado a la discusión de esta norma. Esto significa que en dos días, la Comisión de Educación debió debatir lo consignado en un texto refundido de 150 páginas, con aspectos que -a juicio de la oposición- se han desviado de la atención inicial centrada en el espíritu de mejorar la calidad y poner fin al lucro.

Entre las indicaciones figuran las referidas al término de los procesos de selección en los colegios particulares pagados, es decir, que ya no se podrán aplicar pruebas para elegir a los alumnos de 1° a 6° Básico, en concordancia con la medida que actualmente rige para los establecimientos públicos, y que a futuro se extenderá a 4° medio. En este sentido, la diputada Cristina Girardi (PPD) defendió la concordancia de esta indicación con el artículo 29 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, que establece que la educación debe estar al servicio de desarrollar al máximo sus posibilidades. Asimismo, se aprobó la proposición que prohibe la expulsión de alumnos de colegios privados por mostrar mal desempeño académico, un aspecto fuertemente rechazado por la organización Colegios Particulares de Chile (Conacep), que considera que 'limita la autonomía' de los establecimientos educacionales. Desde la oposición también se ha atribuido estas señales como parte de la anunciada 'aplanadora', al legislar incluso medidas que apuntan más allá de la educación pública.

Otra de las polémicas surgidas en torno al análisis de la reforma se relaciona con el prohibir el lucro en las agencias de Asistencia Técnica Educativas (ATE), iniciativa presentada por la diputada Yasna Provoste (DC), y que fue resistida inclusive por el ministro Nicolás Eyzaguirre, quien estimó que las ATE deben ser reguladas, con tal de terminar con ciertas malas prácticas vinculadas al uso de fondos SEP destinados a alumnos vulnerables.

Con estas modificaciones, en efecto, se han abordado aspectos más allá del espíritu inicial del proyecto de ley, como por ejemplo el que ningún colegio podrá prohibir la continuidad de un alumnos cuyos padres cambien de estado civil. Sin embargo, con estas indicaciones se están eliminando ciertas barreras que el sistema había impuesto para muchos niños que en el futuro podrán elegir junto a sus padres el proyecto educativo más adecuado para su formación y dependan principalmente de su esfuerzo académico.