Tras los careos realizados durante la semana pasada, la Segunda Fiscalía Militar de Santiago se encuentra ad portas de decidir si procesa al Coronel (r) William Núñez, ex prefecto de Ñuble, por las faltas a la probidad cometidas mientras cumplía servicio activo, y que culminó su carrera policial luego del sumario instruido por parte del Alto Mando de Carabineros, que estableció que el Oficial Superior cometió serias irregularidades en el ámbito de la probidad.

El ex jefe de los servicios policiales en Ñuble, que ejerció su cargo activamente hasta enero de este año, y se acogió a retiro en septiembre, ahora enfrenta a la justicia por una demanda realizada por el cabo José Silva, quien fuera dado de baja luego de recibir la sanción por exceso de licencias médicas que, según su versión, el coronel (r) Núñez habría falsificado, valiéndose de su grado, junto a otros cuatro oficiales, quienes falsificaron las firmas de los documentos.

El abogado Claudio Cofré es quien representa al cabo Silva, quien durante la semana pasada enfrentó a los demás oficiales involucrados, con quienes tuvo que discutir las circunstancias que determinaron que perdiera tres dedos de su mano, tras haberle caído un saco de cemento, mientras realizaba obras de albañilería por orden de Núñez.

Riesgo de cárcel

Si la fiscalía Militar decide procesar al coronel Núñez, éste podría ser investigado y eventualmente, condenado, si es que la causa llega a la Corte Marcial, que es la instancia donde se litigan las disputas judiciales de los entes uniformados. En un escenario de culpabilidad, William Núñez arriesga una pena de presidio efectivo que parte en los 5 años y un día, lo cual favorecería al cabo Silva, quien buscará una indemnización de 300 millones.

Por el delito de atentado contra vehículo motorizado, tres jóvenes fueron formalizados ayer en el Tribunal de Garantía de Chillán, luego que carabineros los sorprendiera en la villa Monterrico -sector Sur oriente de Chillán- apedreando vehículos que transitaban por la avenida Alonso de Ercilla.

Los sujetos, de 26, 19 y 16 años, fueron pasados a control de detención durante la mañana de ayer, tras ser detenidos cerca de la medianoche anterior cuando los automovilistas que circulaban por el sector, dieron aviso a carabineros.

Según comentó el fiscal jefe de Chillán, Pablo Fritz, los sujetos poseen antecedentes penales por delitos contra la propiedad, como hurtos y robos, siendo el mayor de los implicados quien posee un mayor prontuario.

Según indicaron los uniformados en su parte entregado al Ministerio Público, habrían sido cuatro los sujetos, que desde al menos media hora antes se encontraban lanzando objetos contundentes a los automovilistas que transitaban por el sector, frente a una bencinera.

'A raíz de esta situación, se constituyó carabineros en el lugar, quienes también fueron objeto de la agresión de estos sujetos', señaló Fritz, quien indicó, además, que afortunadamente las pedradas que recibieron los vehículos, e incluso el radio patrulla de carabineros, no generaron daños que hayan sido constatados por los afectados.

Otro de los aspectos que discutió el Ministerio Público con el abogado Defensor Penal de los sujetos, fue la medida cautelar que deberán cumplir durante los dos meses que durará la investigación. Por su parte, el tribunal de Garantía decidió dejarlos en libertad, pero con firma mensual

Delito de atentado

En 2007 se tipificó el delito de atentado contra vehículo motorizado, el cual busca castigar 'al que atentare contra un vehículo motorizado en circulación, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o por cualquier otro medio semejante'. Por lo que, en caso de ser encontrados culpables, los involucrados en este delito arriesgan una pena que va de los 61 a los 541 días de presidio.

'Este delito es relativamente nuevo, y surgió a raíz de los atentados que se han efectuado a los vehículos que circulan a gran velocidad por las autopistas, particularmente desde pasarelas', dijo el fiscal Fritz. El persecutor también explicó que 'antes de que existiera esta norma, solo se sancionaba en el caso de que se concretaran lesiones, por lo que esta Ley tiene por objeto un acto absolutamente preventivo', recalcó Fritz.

De hecho, uno de los casos emblemáticos que propició la creación de esta nueva norma fue el accidente ocurrido en Santiago, en 2002, donde una mujer resultó gravemente lesionada, luego de recibir el impacto de una piedra en el vehículo en que viajaba.

Posteriormente, la familia inició acciones legales contra la autopista concesionada, cuyo litigio finalizó en 2007 -mismo año en que se promulgó esta Ley- cuando los tribunales determinaron que la empresa vial tendría que pagar $87 millones a la mujer por los perjuicios.

Afortunadamente, la conducta de los jóvenes que apedrearon vehículos no dejó dañados que lamentar, pese a los riesgos que implica.