Avanzar hacia la igualdad de género en las empresas chilenas tiene grandes implicancias en distintas áreas de la gestión de recursos humanos, procesos y productos que, sin duda, remecen la forma tradicional en que ha sido abordada hasta ahora la organización del trabajo.

El Servicio Nacional de la Mujer desde hace más de una década ha desarrollado diversas iniciativas tendientes a generar un cambio en uno de los ámbitos de mayor resistencia y asimetría de género: el trabajo remunerado.

Promover buenas prácticas laborales y desarrollar el sello 'Iguala' fueron aportes relevantes. Sin embargo, hoy los esfuerzos están en la difusión de una norma certificable, la NCH3262, para la 'Gestión de la Igualdad de Género y Conciliación de la vida laboral, familiar y personal', aún no aplicada por ninguna empresa u organización.

La primera consecuencia positiva de la certificación será hacer visibles aspectos que han estado históricamente ocultos tras el velo del patriarcado. Por ejemplo, la segregación ocupacional, el 'techo de cristal' o las barreras en el desarrollo de carrera de las mujeres, las brechas en salario y participación directiva, y los prejuicios y estereotipos aún presentes, de manera 'grosera' o 'sutiles', en los procesos de selección y reclutamiento de personal.

La certificación debiera asumirse con una mirada estratégica, de largo plazo, no como un fin o meta a alcanzar, sino como una herramienta en un proceso de transformación que tendrá implicancias para las empresas, especialmente en las dimensiones socioculturales.

Pondrá la mirada en los ambientes de trabajo, en el clima laboral y en las relaciones sociales de poder que se establecen entre hombres y mujeres, cuestión que conllevará a asumir que para disolver las jerarquías de género, se requiere de conciencia y convicción del valor del principio de igualdad, así como de generosidad para perder los privilegios masculinos de los que ha gozado solo una parte de la fuerza de trabajo en Chile.

El contrabando de productos como los cigarrillos, el comercio ilegal que se instala en las calles urbanas y el incremento de la piratería en el país, fueron algunos de los temas más preocupantes que, a juicio de la Cámara Nacional del Comercio (CNC), deben ser abordados con mayor dureza tanto por las autoridades como por la legislación vigente.

Estas temáticas fueron tratadas durante el seminario que la semana recién pasada se realizó en Chillán, bajo el título de 'Prevención y Protección: Claves para el comercio', que organizó la propia CNC con la finalidad de entregar herramientas y conocimientos para la prevención de delitos y la protección del comercio formal, el cual en la Región del Bío Bío emplea al 23% de los habitantes y congrega al 42% de sus empresas.

Por ello, los representantes del gremio que tuvieron la posibilidad de exponer en la ciudad detallaron el profundo daño económico y social que generan estas situaciones ilícitas, que vulneran leyes como el Derecho de Autor, evaden impuestos y, según denunciaron, 'propicia un ambiente de inseguridad y delincuencia'.

Las cifras a este respecto son muy claras. Solo en el mercado de software, prácticamente seis de cada diez de los programas computacionales que se instalan en Chile son ilegales. Anualmente esta industria informal moviliza un monto aproximado de US$1.600 millones, causando un perjuicio para el Fisco de más de US$372 millones al año, por concepto de IVA. Por su parte, la British American Tobacco (BAT) dio a conocer que el comercio ilegal de cigarrillos en Chile ha aumentado un 386% desde 2009, lo que se explicaría por el permanente incremento en su valor producto del alza en los impuestos que gravan el consumo de este producto. Sólo en 2013 más de 4 millones de cajetillas ilegales fueron decomisadas y en lo que va de 2014 la cifra ya llega a más de 1.600.000.

Los municipios son los entes que se llevan las críticas por las autorizaciones que entregan para que opere el comercio informal. Pero cabe señalar que en Chillán los decomisos de productos fruto del contrabando se han dado por ejemplo en el Persa San Rafael u otros locales de venta clandestina. Aún así, es una deuda que arrastra la ciudad el otorgar una regulación estricta para su funcionamiento, evitando por ejemplo alteraciones en el sector céntrico con el atochamiento de calles, porque con ello se propician además acciones delictivas. Lamentablemente no ha habido un consenso para instalar a este tipo de comercio al por menor en espacios acotados, pues prefieren la cercanía con el público, lo que conlleva por lo demás el lógico perjuicio para el comercio establecido, que sí paga impuestos, las patentes por sus locales comerciales, y debe asumir los costos de los servicios básicos y arriendos. Sin duda, un trato desigual.