El intendente de la Región del Bío Bío, Rodrigo Díaz, presidió ayer el Consejo Regional de Seguridad Pública y en ese contexto la autoridad se refirió al trabajo que llevará adelante el gobierno en la zona para prevenir los hechos delictuales y enfocar la gestión en mejorar aspectos como la sensación de temor en la ciudadanía y la atención de las víctimas.

Esta reunión se da a pocos días que la Fundación Paz Ciudadana y Adimark presentaran los resultados del Índice de Victimización, correspondiente a los meses de marzo a septiembre de 2014, en el cual la cantidad de personas en hogares donde algún miembro ha sido víctima de robo en el último semestre se alzó al 43,5%, nivel histórico de victimización en el país, el más alto en 14 años. Así también la sensación de "Alto Temor" se elevó de 11,6% a un 13,8% en comparación a la misma medición del año recién pasado.

Así también, desde el nivel político han coincidido en la preocupación legislativa por la paralización de los proyectos impulsados por el anterior gobierno como la Reforma al Código Procesal Penal y Fortalecimiento del Ministerio Público.

A nivel regional, el intendente enfatizó ayer que el plan para enfrentar la delincuencia apuntará a reconocer primero las realidades distintas de los ilícitos que afectan a las distintas comunas. En específico, mencionó cuatro aspectos que conformarán el centro del trabajo desde el gobierno: "fortalecer la gestión preventiva de local, robustecer el trabajo intersectorial, mejorar la percepción sobre la seguridad pública y acrecentar la atención a víctimas de delitos". De igual manera, Díaz puntualizó que una de las estrategias que buscarán corregir es que los recursos destinados para Seguridad Ciudadana lleguen efectivamente a la prevención y no a atacar posteriormente a la comisión del delito.

El gobierno se ha planteado una meta excesivamente austera en materia de seguridad, reducir un 10% los delitos contra las personas y robos en lugares habitados. No obstante, los recientes hechos ocurridos en Chillán van contra dicha tendencia, al mismo tiempo que el nivel de temor manifestado por la propia comunidad. Aún no se ven los efectos del trabajo de la mesa regional, pero ya se plantean iniciativas como volver a implementar el Plan Comuna Segura y generar proyectos y recursos que vayan directamente al combate y prevención desde el foco de la propia ciudadanía local.

La educación superior en Chile es de las más caras del mundo. Esto se genera, por un lado, porque los aranceles son altos, y, por otro, porque nuestras carreras son muy largas. Chile tiene el promedio de años de titulación de carreras universitarias más alto de la OCDE. Mientras un joven chileno se demora en promedio 6,3 años en titularse de una carrera universitaria, en los países de la OCDE esto demora 4,3 años, o sea 2 años menos.

Si miramos las carreras profesionales con más titulados, observamos que su duración efectiva es aún mayor que el promedio del país. Por ejemplo, Ingeniería Forestal y Derecho duran en promedio 9 años, mientras que las Ingenierías Civiles, Veterinaria y Agronomía superan los 8 años.

La excesiva duración de las carreras conlleva muchos efectos negativos, como elevar los costos de la formación y retardar la inserción laboral. Este problema genera desigualdad, pues afecta de forma más aguda a los jóvenes de menores ingresos. Además, las carreras largas fomentan la deserción, pues los jóvenes se desmotivan con tantos años de estudio por delante (especialmente cuando los estudios tienen poco contenido práctico).

Es por esto que muchos países han optado por acortar sus carreras, siendo Europa el caso ejemplar. Surge, entonces, la pregunta: ¿a qué responde la excesiva duración de nuestras carreras en comparación a otros países, incluidos aquellos de ingreso similar? ¿Implica esta mayor duración más calidad?, ¿es deseable para la sociedad ofrecer la actual combinación de calidad y largo de carreras?

Un argumento corriente para justificar las carreras largas es la deficitaria formación escolar. Si bien es cierto que la calidad de nuestra educación escolar es inferior a la de los países de la OCDE, también vemos que países similares al nuestro, por ejemplo Méjico, resuelven este problema sin alargar sus carreras. Además, si influyera la formación escolar, observaríamos diferencias de duración entre las instituciones que reciben alumnos de mayor y menor rendimiento, pero no es el caso.

Es fundamental avanzar en acortar las carreras para reducir los costos económicos y sociales asociados. Esto requiere del apoyo del Estado, pero será imposible sin un esfuerzo de modernización por parte de las universidades.

Sylvia Eyzaguirre,

Loreto Cox