Un amplio historial de roces y conflictos existía entre Jonathan Cortez y Eduardo Aguirre, previo al homicidio de este último, ocurrido en medio de la festividad de Halloween. Esto, de acuerdo a los antecedentes expuestos ayer en el tribunal de Garantía de Chillán, donde el Ministerio Público formalizó la investigación por la tragedia ocurrida en Pinto.

Alevosía y premeditación

Según lo relatado por el fiscal Juan Rohr, el imputado se habría trasladado hasta la intersección de las calles Arturo Prat con Manuel Balmaceda, en el centro de Pinto, donde está ubicado el bar "Arica" donde se desencadenó la desgracia.

Legítima defensa

Según lo relatado por Acuña, su representado habría cometido el crimen porque la tarde anterior pasó junto a su hijo y otros menores pidiendo dulces frente a la casa del "guatón nene", quien le realizó gestos obscenos. "Entonces, él recordó situaciones durísimas de su infancia, cuando sufrió un abuso sexual por parte de Aguirre, que mantuvo oculto por más de 15 años". Además, la defensora, indicó que "ese día mi representado decidió enfrentar a Eduardo Aguirre, no matar. Era su vida o la de él". Por otra parte, enfatizó que tras el hecho, Cortez se entregó a carabineros de Pinto y posteriormente entregó declaración ante fiscalía, cumpliendo así con dos circunstancias atenuantes. Por otra parte, recordó que el "guatón nene" amedrentaba a la familia hace años, y que incluso en la comuna era una persona conocida no solo por su apariencia, sino también por su conducta.

El Ministerio Público formalizó a Jonathan Cortez por homicidio calificado, delito que contempla una de las penas más altas del Código Penal chileno, dado que habría actuado con dos circunstancias agravantes: Alevosía y premeditación. De ser encontrado culpable, se encuentra expuesto a penas que parten en los 15 años y un día hasta el presidio perpetuo. Sin embargo, se espera que la defensa exponga a su favor las atenuantes de irreprochable conducta anterior y sustancial colaboración en la investigación, dado que se entregó a la policía.

En al menos 5 millones de pesos fue avaluado el botín con que huyeron desconocidos desde la escuela de conductores Incap, luego que asaltaran el local, menos de 24 horas después de haber sido abierto al público.

Fueron los mismos funcionarios de la autoescuela quienes se dieron cuenta del robo, ya que al llegar a la sucursal durante la mañana de ayer, se percataron de los daños que había sufrido uno de los ventanales ubicados a un costado del local, y que fueron quebrados por los ladrones antes de ingresar.

Según informaron carabineros de la Segunda Comisaría, los maleantes sustrajeron un computador, la pantalla de uno de estos mismos, además de un celular, y 1,5 millones de pesos.

Evidencias

"No había alarma porque nosotros nos cambiamos de sucursal el día jueves y recién el lunes habíamos abierto esta empresa", señaló Andrea Aliaga. El Ministerio Público, por su parte, instruyó las diligencias de investigación a la Sección de Investigación Policial (SIP) de carabineros de Chillán, quienes ayer martes trabajaron en el sitio del suceso recabando información de las pistas dejada en el sitio del suceso por los sujetos desconocidos hasta ahora.

A la espera de la lectura de sentencia se encuentra Magno del Carmen Sandoval, luego que el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán lo declarara culpable del delito de tráfico de drogas.

El próximo viernes, a las 13 horas, el temido Magno sabrá la cantidad de años que deberá estar recluido, debido al ilícito cometido en 2009, cuando fue aprehendido por la brigada Antinarcóticos de la PDI de Chillán, quienes le seguían la pista por formar parte de una red de tráfico de marihuana entre Paraguay y Chile. Sin embargo, el Magno evadió la justicia por más de cuatro años, tras haberse fugado desde la cárcel de Chillán, cuando uno de sus muros cayó producto del fuerte movimiento telúrico que remeció al país el 27 de febrero de 2010. Posteriormente, el hombre se trasladó hasta las montañas de la provincia, donde habitó hasta el pasado 20 de agosto, cuando fue capturado nuevamente por la PDI, y puesto a disposición del Tribunal, que lo reintegró a la prisión preventiva; medida cautelar que cumplió hasta el lunes, cuando enfrentó el juicio Oral.

Tras el testimonio de seis peritos y las pruebas testimoniales, los jueces decidieron condenar a Magno Sandoval, por quien la fiscalía pide 10 años de presidio. No obstante, por el carácter del delito, arriesga hasta 15 años.