Una profunda crisis institucional arrecia sobre la Unión Demócrata Independiente (UDI), a raíz de la arista política del ahora llamado Penta-Gate, que es investigado por el Ministerio Público en cuanto a su arista judicial, que tiene su origen en un presunta fraude al FUT (Fondo de Utilidades Tributarias) por medio de la presentación de boletas de honorarios presuntamente falsas con el fin de aumentar los gastos y reducir así la carga tributaria.
En esta última arista investigada, desde el Ministerio Público ya solicitaron la próxima formalización de cinco ejecutivos de Penta y del ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner, por su vínculo en el caso ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
A fines de agosto, el ex director de Penta, Hugo Bravo López, realizó el pago de $1.098.626.952, con el fin de restituir a las arcas fiscales los dineros obtenidos por devoluciones de impuestos hechas en el marco del caso "Fraude al FUT". Lo anterior habla de la magnitud de la defraudación fiscal implicada. Sin embargo, no ha sido esta arista la que ha generado mayor revuelo mediático durante la última semana, sino por el contrario una en la cual la Fiscalía Metropolitana Oriente no descarta formalizaciones futuras. Se trata de la divulgación de correos electrónicos hacia Penta para obtener a través de esta empresa el financiamiento irregular de campañas electorales de candidatos como Iván Moreira, Ena Von Baer, Laurence Golborne, el independiente Andrés Velasco y la entrega de dineros al hoy ministro de Obras Públicas, Alberto Undurraga (DC). En esta entrega de dineros han figurado los nombres de los exsenadores UDI Carlos Bombal y Jovino Novoa como quienes operaban como intermediarios entre el partido y la financiera.
La semana que recién culminó la atención mediática estuvo en el mea culpa y disculpas que entregó a título personal el senador por la Región de Los Lagos, Iván Moreira, a la que siguió inmediatamente la de la directiva de la UDI, que pidió disculpas por "cualquier conducta individual de alguno de nuestros militantes", descartando la vinculación institucional. Este reconocimiento ha sido valorado en el mundo político. Desde la UDI aseguran que las irregularidades no serían constitutivas de delito, y lo que es más llamativo -aunque no escandaloso- es que se trataría de una práctica generalizada en la política.
Sin duda los efectos en el descrédito político que esto generará a futuro se conocerá recién en algunos meses y es factible pensar que la propuesta del gobierno de reforma al financiamiento de la política y las campañas cuenten ahora con un apoyo transversal en el Congreso, como efecto del Penta-Gate. Lo importante es pensar como electores, mientras exista un financiamiento oscuro de la política y de sus políticos, el nivel de credibilidad y confianza seguirá siendo bajo y cada vez más irremontable.