La democracia es el mejor sistema de convivencia social. Los políticos son las personas que tienen capacidades para dirigir el entramado que pone en actividad el sistema democrático.

Hay políticos intachables, capaces de cualquier sacrificio en aras de conseguir las mejores condiciones generales de vida de los ciudadanos. Pero también hay alguno que es oportunista, inescrupuloso aprovechador, que ve en el servicio público una oportunidad para conseguir beneficios personales.

El poder es un factor importante para avanzar en las propuestas elegidas por esas mayorías. Pero, a la vez, puede convertirse en una vía de enriquecimiento fácil, consecución de prebendas y privilegios, vedados para los demás.

Cuando el poder corrompe, la sociedad en su conjunto se enferma. Es entonces cuando la propia sociedad se sacude y es capaz de extirpar de raíz el mal que la aqueja.

España es un ejemplo con aquel movimiento llamado "Indignados" en primera instancia y que pasó a denominarse después "15 M", recordando como hito la gigantesca manifestación popular del 15 de mayo de 2011.

Ahora comienza a gestarse en Chillán un creciente movimiento de indignación por lo que está ocurriendo en la política nacional. Hechos de corrupción que avergüenzan, coberturas que pretenden ocultar la basura bajo la alfombra, complicidad también delictiva, son hechos que despiertan la indignación de la gente que trabaja honestamente, de quien inculca valores y principios a sus hijos. Indignación del que aporta cada día con mirada de patriota.

Chillán es una bella ciudad de provincia. Y su gente tiene deliciosas costumbres de sencillez ciudadana. Pero ha tenido la capacidad y grandeza de lamer sus heridas cada vez que la naturaleza le ha atacado. Se ha levantado enrabietada para seguir caminando hacia el progreso y la equidad, con solidaridad generosa.

Y ahora lo quiere demostrar una vez más. Por eso, a mediados de marzo va a salir a la calle en una gran manifestación de personas silenciosas, con una única bandera -la chilena- ondeando al cielo, con una sola pancarta exigiendo limpiar la política, barrer a los corruptos, eliminar a los que corrompen y a los que se dejan corromper. Vestir de blanco transparente la democracia y alzar la voz indignada que quiere advertir a los malos políticos que la fortaleza radica en el pueblo y que es el mismo pueblo el que les extirpará, sacándole brillo a su sistema de convivencia, para seguir avanzando hacia un futuro mejor.

Miguel Ángel San Martín

Un segundo round parecen estar dando los dueños de locales de máquinas de juegos en Chillán, luego que hace exactamente un año comenzara a aplicarse una ordenanza municipal que prohíbe los premios en dinero en locales de la comuna.

La aplicación de dicha ordenanza motivó el cierre de la totalidad de los locales que coparon el Paseo Arauco y algunos fuera de las cuatro avenidas.

Sin embargo, nuevos establecimientos han aparecido en el centro de la ciudad, vulnerando una norma explícita del municipio.

Un reciente fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán que declaró ilegal la incautación de máquinas realizada por Carabineros en un local de calle Isabel Riquelme parece haber dado más fuerza a los comerciantes para seguir la vía legal para retomar sus operaciones.

El Grupo Jurídico Lex, que representa a locales de habilidad y destreza de todo el país, ha tomado la representación de algunos empresarios y atacan la ordenanza de Chillán, por considerarla en discordancia con dictámenes previos de la Contraloría General de la República.

Lo concreto es que este tipo de locales vuelven a abrir sus puertas, pese a haber sido clausurados, por cuanto el bajo monto de las multas que deben cancelar por infringir la prohibición de apertura son bajas en comparación a las ganancias que obtienen a diario. En este sentido, la Unidad Jurídica del municipio analiza los canales a seguir, pero el propio alcalde reconoce que esta es una traba notoria para impedir su funcionamiento.

Lamentablemente son los alcaldes los que siguen dando una pelea ante comerciantes que aspiran lícitamente a obtener beneficios económicos a partir de un lucrativo negocio. Y ello ocurre porque en definitiva ni el gobierno ni la Superintendencia de Casinos de Juegos (SCJ) parecen tener intenciones de promover una regulación clara y conocida. Tampoco han prosperado iniciativas legislativas a ese respecto. Por todos son conocidos los efectos perniciosos que estos locales de juegos ejercen en personas de escasos recursos o proclives a caer en la ludopatía, conocida también como la enfermedad del juego. Resulta una vez más contraproducente que el ejecutivo no asuma que tiene el deber de regular los vacíos legales que permiten este tipo de negocios.