Crisis hídrica otra vez en el debate
Los agricultores de la zona de Ñuble, así como otras tantas dentro del territorio nacional, se muestran cada vez más desesperanzados debido al poco apoyo que han encontrado de las autoridades del gobierno a la grave situación de escasez hídrica que afecta a sus cultivos y que, en el caso de pequeños productores arroceros de San Carlos, les han ocasionado pérdidas hasta en un 60% de su producción.
Desde principios de este año, parlamentarios como el senador Víctor Pérez Varela han venido insistiendo en que el "Gobierno debe invertir en soluciones definitivas para enfrentar sequía en comunas de la región del Biobío". Sólo en la provincia de Bio Bio, 12 de sus 14 comunas se han visto afectadas por la falta de agua, sumándose a ello los incendios forestales que han afectado a la región completa, dañando siembras y bosques.
El déficit de precipitaciones en la provincia es del 100% a la fecha, pero las autoridades no se han pronunciado con respecto a declarar situación de emergencia agrícola en la Región, como tampoco se conocen detalles de planes de contingencia para enfrentar los meses duros de un año seco. La realidad de la escasez hídrica ha golpeado ya por 5 años a la zona de Ñuble y aún así ha avanzado con relativa lentitud la puesta en marcha de obras tan relevantes para la agricultura local como el embalse Punilla, que otorgará una seguridad de riego del 85 % y extenderá de 44.000 a 66.000 hectáreas el área de riego en las comunas de Coihueco, Chillán, Ñiquén, San Carlos, San Fabián y San Nicolás.
Paralelo a ello, existen al menos 15 proyectos de embalses comprometidos por la Presidenta de la República durante el pasado discurso del 21 de mayo, que aún no han visto la luz.
A lo anterior cabe sumar las críticas que provienen de la Alianza al proyecto del Código de Aguas que, de acuerdo a su pronóstico, podría frenar las inversiones en el rubro agrícola por la falta de garantías que significaría que los derechos tendrán un reconocimiento distinto al poner plazos a la caducidad de los derechos de uso. Bajo esta concepción, el gobierno no está entregando certeza jurídica ni claridad a los agricultores en cuanto a la posibilidad del uso del agua, y por otro lado tampoco se vislumbran apoyos concretos ni especiales a la compleja situación es escasez hídrica que amenaza con poner en crisis la producción regional.