La segunda sala del Tribunal Constitucional (TC) declaró ayer inadmisible el recurso de inaplicabilidad presentado por el ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, con el objetivo de frenar las incautaciones de la Fiscalía hacia la empresa minera como parte de la investigación del caso Penta.
Con ello, el TC dejó sin efecto la suspensión del procedimiento.
El 17 de marzo pasado, el tribunal había acogido a tramitación el requerimiento, que señalaba que la investigación del Ministerio Público "resulta inconciliable con el debido resguardo de las garantías constitucionales de igualdad ante la ley en el ejercicio -y defensa- de mis derechos, del debido proceso, y, finalmente, la de no autoincriminación penal".
En la audiencia de alegatos de ayer, el abogado de Contesse, Samuel Donoso, planteó que el asunto de fondo en su requerimiento es "de respeto a las libertades individuales. Lo primero que uno debiera preguntarse es si el inicio de una investigación del Ministerio Público es una cuestión baladí o, por el contrario, se trata de una cuestión regulada".
El abogado apuntó que una investigación a una persona "genera una afectación de su honra, más cuando se trata de un proceso ampliamente difundido por los medios".
"No es que el Ministerio Público puede investigar cuando se le ocurra, acá el monopolio lo tiene el SII. Acá se requiere que el SII haya ejercido la acción judicial, y ese es el tema que hemos sometido al conocimiento del tribunal", agregó Donoso.
El representante de Contesse subrayó que después de la presentación del recurso "han pasado muchas cosas que cambian el escenario", aludiendo a la denuncia presentada el martes por el SII en contra de contra SQM por delito tributario por más de $ 1.360 millones, y a la entrega de antecedentes contables de la compañía a la Fiscalía Nacional por parte del SII.
En representación del Ministerio Público, el fiscal nacional, Sabas Chahuán, aseguró que el recurso de Contesse "carece de fundamento".
"Es evidente que permanece esta duda respecto de la calidad en que comparece Contesse y de los intereses que quiere representar (...) es un hecho que ya no representa legalmente a SQM", sostuvo el jefe persecutor sobre el ex ejecutivo, que fue desvinculado de la compañía en medio de la investigación de la Fiscalía.
Chahuán acusó que con esta acción legal se pretende "obstaculizar las acciones del Ministerio Público". "Solicito que se rechace el recurso de inaplicabilidad y se deje sin efecto la suspensión del procedimiento", concluyó.
En la audiencia también expuso el subdirector jurídico del SII, Cristián Vargas, quien recordó que esta semana, el servicio presentó una querella en contra de representantes de SQM "a fin de que el Ministerio Público proceda a investigar".
"El SII es un organismo autónomo, el SII es un organismo técnico que tiene facultades establecidas en la ley y ejerce sus atribuciones en virtud del Estado de derecho. No puede tender hacia otros lineamientos. Por eso no puede atender a presiones para su actuar, por más nobles que sean esas intenciones", aseveró el funcionario.
Al igual que la Fiscalía, Vargas recalcó que "creemos que el requerimiento debe ser declarado inadmisible, por cuanto no cumple con los requisitos. En efecto el requerimiento a juicio de este servicio carece de fundamento plausible".
En la sesión en el TC también expusieron las partes querellantes, entre ellos el Consejo de Defensa del Estado (CDE), la ONG Ciudadano Inteligente y Vidriería Argentina.
El presidente del CDE, Juan Ignacio Piña, se sumó a la petición de declarar inadmisible el recurso argumentando "falta de fundamento plausible".
"¿Qué pasará si su señoría acogiera este requerimiento? No sería decisivo, el artículo 83 le permitiría al Ministerio Público seguir haciendo su trabajo", sostuvo Piña.
El nuevo gerente general de SQM, Patricio de Solminihac, identificó cerca de US$ 11 millones en pagos asignados por su ex gerente Patricio Contesse que no cumplirían con los requerimientos de la autoridad tributaria. "El 20 de marzo de 2015 identificamos ante el SII cerca de US$ 11 millones en pagos que se originaron desde la oficina de nuestro ex CEO (Patricio Contesse) durante seis años, desde 2009 y 2014, que no reunían los requerimientos para ser calificados como gastos bajo la norma chilena, debido a la falta de documentación de respaldo", dijo De Solminihac.
Mabel González