Hasta la comuna de Ñiquén se trasladóla Gobernación Provincial de Ñuble y una veintena de servicios públicos, para acercar la oferta pública y atender trámites de los vecinos en una exitosa jornada del programa "Tu Gobierno en Terreno".

La actividad se realizó en paralelo al programa celebrativo de la Fiesta del Camarón 2015, contemplando una plaza ciudadana, emplazada frente al edificio consistorial, con stands informativos a cargo de funcionarios de los distintos servicios públicos.

La gobernadora Lorena Vera precisó que se escogió esta fecha, para aprovechar la gran afluencia de vecinos que participan en la Fiesta del Camarón, provenientes de san Gregorio y distintas localidades aledañas.

"Nuestro objetivo es responder al mandato de la Presidenta Michelle Bachelet, de acercar las políticas públicas del Gobierno a los distintos rincones del país, y en nuestro caso, lo hemos realizado en distintas comunas y localidades, llevando la atención de los servicios públicos, para escuchar a la gente, atender sus consultas y orientarles en diversos trámites", indicó.

La plaza ciudadana contó con stands informativos de servicios públicos como: el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Dirección del Trabajo, el Instituto de Previsión Social (IPS), el Fondo Nacional de Salud (FONASA), el Servicio Agrícola Ganadero (SAG), la Dirección de Vialidad, la Tesorería General de la República, el Servicio de Impuestos Internos (SII), el Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Médico Legal, y la Policía de Investigaciones de Chile, entre otros.

El senador de la UDI, Víctor Pérez Varela, aseguró que el escenario económico que vive actualmente el país es preocupante y adelantó un complejo futuro a raíz de las reformas que está impulsando el actual gobierno.

"El menor crecimiento de la economía en Chile no tiene que ver con la situación internacional, sino que con un mal manejo del gobierno que ha pretendido imponer reformas estructurales que van contra la inversión", afirmó el senador de la UDI.

El parlamentario sostuvo que "así lo indican los expertos y lo peor es que nos indican que la situación no mejorará a menos que exista un cambio en la conducción del país, y mientras tanto los chilenos seguirán perdiendo empleos y oportunidades".

De acuerdo a los informes de los organismos internaciones, 2014 y 2015 son los años de peor crecimiento de Chile desde 1990, excluidos los años de crisis internacional, esto es 1999 y 2009, cuando se produjo la crisis asiática y financiera en EE.UU., respectivamente".

Según el análisis del FMI, Chile va a crecer por debajo del 3% en 2016, "y lo anterior no se va a revertir a menos que el gobierno termine con la incertidumbre que han generado las reformas estructurales que pretende llevar adelante". En este sentido, el senador de la UDI dijo que "se trata de reformas que no tienen sustento social y que además cuentan con el rechazo de la mayoría de los chilenos, ya que el gobierno hace rato que perdió el respaldo popular".

En la oposición, dijo "estamos dispuestos a colaborar, pero para eso necesitamos un gobierno que sea capaz de escuchar y de entender que la justicia social se alcanzará en la medida que la economía crezca y genere puestos de empleo y dé oportunidades a todos los chilenos".

ingrid.acuna@cronicachillan.cl

Una demanda civil ante el Juzgado de Letras de San Carlos interpuso el Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu) en contra de la dueña de casa Gabriela Cano, quien realizó un contrato de compraventa de una vivienda construida a través de un subsidio habitacional otorgado en 2011 por ese servicio, por un monto cercano a $ 14 millones.

Óscar Crisóstomo, delegado provincial del Serviu, puntualizó que la acción judicial busca condenar a Cano para que restituya el monto del subsidio que recibió por parte del Ministerio de Vivienda (Minvu) y que le permitió adquirir un inmueble ubicado en el pasaje Luis Hernández N° 36 del conjunto habitacional Puesta del Sol V, en la comuna sancarlina.

"La beneficiada firmó una escritura que le obliga a habitar personalmente y/o a su grupo familiar por al menos 5 años contados desde la entrega del inmueble. Se le prohíbe enajenar, gravar y celebrar actos de contrato alguno, sin previa autorización escrita del Serviu", puntualizó Crisóstomo, quien agregó que ante los incumplimientos de la demandada, el Serviu resolvió exigir la restitución de la totalidad del subsidio entregado. Ello, al valor de la Unidad de Fomento (UF) a la fecha efectiva de la restitución.

El representante del Minvu en Ñuble añadió que los equipos jurídicos de esa cartera, detectaron que Cano celebró un contrato de compraventa de la vivienda en cuestión, con una persona identificada como Nathaly Vera. "Esto, según consta en escritura pública de fecha 29 de agosto de 2014, ante un notario de San Carlos. No obstante, existía prohibición de hacerlo, por haber sido la vivienda financiada íntegramente con subsidios habitacionales otorgados por el Estado, a atención a que la beneficiaria invocó su calidad de damnificada por el terremoto del 27 de febrero de 2010", precisó Crisóstomo.

Asimismo, explicó que en este caso, claramente el subsidio no ha sido utilizado para adquirir una vivienda que solucione la problemática habitacional de una familia, sino que por el contrario viene a constituir un lucro que imposibilita el otorgamiento de esos recursos a un grupo familiar que necesite realmente habitar un inmueble financiada con subsidio.

"Es impresentable que se lucre con los recursos estatales y que se esa acción postergue a quienes sí necesitan una vivienda digna que contribuya a mejorar su calidad de vida", subrayó Crisóstomo.

Recordó que la ley 20.738, vigente desde 2014, fijó nuevos estándares de fiscalización para velar por el buen uso de los subsidios. Entre ellos, ahora se certifica el incumplimiento de las obligaciones de los beneficiados, a través de un ministro de fe, especialmente designado por el Serviu. Dicho personero realiza tres visitas a la vivienda adquirida o construida con aplicación de subsidio, con a lo menos cinco días hábiles de diferencia, en un plazo no inferior a dos meses.