"Lo que se está discutiendo hoy en el Congreso no es lo que las regiones necesitamos"
Marcelo Carrasco, — Presidente de Ancore.
"Leo los titulares a los clientes. Eso sin duda les llama la atención"
Luis Troncoso, Suplementero
más antiguo de Chillán.
Cada vez que ocurre un terremoto en Chile surge la misma interrogante a nivel mundial. ¿Qué tienen las construcciones que soportan movimientos telúricos de gran intensidad? La respuesta de los especialistas es que la ingeniería en Chile es de muy alto nivel, con estándares muy exigentes. El comportamiento de los edificios así lo muestra, es más, muchos señalan que en el terremoto del 27F de 2010 (grado 8,7) sólo un edificio tuvo un comportamiento no deseado. Pero hay varios elementos que es necesario precisar.
El comportamiento deseado de las estructuras, es aquel que indica la normativa antisísmica en Chile, que es proteger la vida de las personas, pero las lecciones del terremoto del 2010, llevaron a modificarla para incorporar mayores niveles de exigencias sobre todo la nueva clasificación de suelos incorpora un nuevo tipo y fijar parámetros medibles para la clasificación de los mismos, se restringe la compresión en muros, se dan parámetros específicos para el confinamiento de muros, se aumenta el corte de diseño y se incorporan ingenieros revisores del diseño estructural.
Pero el comportamiento estructural no sólo depende de su diseño, la calidad de la construcción es primordial, como los materiales y ejecución de los procesos constructivos. En este punto, la legislación chilena ha ido avanzando, recordemos que se incorporó la garantía obligatoria de calidad que responderá durante 10 años todos los agentes que intervienen en el proceso de la edificación por los defectos que resulten de vicios que afecten a la seguridad estructural del edificio y garantías por 3 años por vicios que afecten la habitabilidad. Sumado a esto la nueva legislación de la Inspección Técnica de obras.
El problema es que la normativa y las exigencias de calidad sólo tienen influencia en una parte de las viviendas y aquellas de menos de tres pisos quedan excluidas. Por otra parte coexisten viviendas que han sido construidas fuera de norma, bajo el concepto de autoconstrucción. Además, se debe incorporar en este mismo grupo, las ampliaciones de las viviendas. Son precisamente en estos últimos grupos en donde los fenómenos sísmicos han generado el mayor número de daños. Es evidente donde se hace necesario mejorar e incorporar aspectos mínimos que contempla la normativa antisísmica.
Es común que la actividad sísmica genere posibilidad de tsunami, lo que provoque daños a las viviendas e infraestructura pública. En el 2010 se género una catástrofe en las costas de las regiones del Maule y Biobío, misma situación se repite en la IV región, que hace movilizar gran cantidad de recursos. Porque no invertir más tiempo y recursos en la prevención de estas situaciones en la mayor parte del litoral, donde existen planos de zonas inundables.
Miguel Mellado, Director escuela de Obras Civiles y
Recursos Naturales Facultad de Ingeniería, U. Central.
Incertidumbre es la palabra que más se repite cuando se habla de cómo el gobierno aplicará desde el próximo año la gratuidad en la educación superior que iniciará en algunos planteles que cumplan con los requisitos establecidos. Incertidumbre que ha estado marcada por anuncios surgidos desde el gobierno que han causado inquietud entre estudiantes y rectores de las casas de estudio y declaraciones que posteriormente han sido desmentidas como la que realizara la propia ministra de Educación, Adriana Delpiano, acerca de que la gratuidad se financiaría por medio de becas.
La tensión aumenta de cara a la presentación de la Ley de Presupuestos que este miércoles el ejecutivo enviará al Congreso para su trámite constitucional. Hasta el momento, el escenario de incerteza que enfrenta la reforma educacional está dado, por una parte, por el magro escenario económico que enfrenta nuestro país, con un nivel de crecimiento bajo y una menor holgura en recursos a raíz de la contracción del cobre a nivel internacional. Asimismo, porque los recursos que se captarán por la vía de reforma tributaria podrían ser insuficientes para la magnitud de la reforma que se pensó implementar. En segundo término, han surgido voces, como la del rector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach), Juan Manuel Zolezzi, en cuanto a que buscar financiar la gratuidad por medio de una glosa que se incluya en la Ley de Presupuesto podría resultar abiertamente inconstitucional, por cuanto no puede el Estado entregar recursos a entidades privadas, pues incluso abriría la puerta a que Contraloría General de la República o inclusive el Tribunal Constitucional lo impugnaran.
Por otra parte, estiman los expertos como el exministro de Educación, Harald Beyer, que de financiarse por esta vía de la Ley de Presupuestos, se puede generar una discriminación arbitraria. Lo anterior explicaría el silencio del gobierno frente al mecanismo que propondrá para financiar la gratuidad - sólo ha dicho el vocero que se mantiene el criterio de cubrir el 50% de la educación para los sectores más vulnerables - y a la posibilidad que sean las becas un mecanismo viable para lograr en una primera etapa el necesario financiamiento, al menos hasta que se apruebe una ley especial que permita la inyección de recursos.
Lo complejo de este escenario que enfrenta el ejecutivo es que se aleja del compromiso presidencial, al utilizar un mecanismo de financiamiento que ya han utilizado otros gobiernos para reducir la carga económica que significa para las familias costear la educación. Esta incertidumbre también la están viviendo en la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), quienes no han recibido información de primera fuente del Mineduc y no están seguros que el financiamiento que se logre realmente contribuirá a fortalecer la educación pública.
La desocupación volvió a ser un dolor de cabeza, luego que el último informe sobre la situación del empleo entregado por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) revelara que en Ñuble el indicador se situó en 8,8 durante el trimestre junio-agosto de 2012. Mientras, la intercomuna registró una tasa de 10,6 % en el periodo.
Prolongadas esperas, las que incluso se han extendido por hasta 7 horas, han debido enfrentar los pacientes que han acudido al Servicio de Urgencia del Hospital Herminda Martin de Chillán. Por si eso fuera poco, se quejan de los malos tratos por parte de los guardias y personal paramédico del recinto.
Con la firma de la ministra de Salud, Helia Molina, se entregó respuesta al diputado Carlos Abel Jarpa, luego que el parlamentario oficiara a la entidad por las críticas que se realizó a los procedimientos que rodearon la muerte de Blanca Ávila Escobar, mujer que falleció en el hospital Herminda Martín, tras sufrir una caída frente al municipio.