S i bien hace casi tres meses la unidad jurídica de la Contraloría Regional solicitó comenzar nuevamente a investigar el sumario administrativo que se realiza en la municipalidad de Chillán Viejo, por el denominado Caso Desfalco, fue recién este lunes que la nueva fiscal que estará a cargo de la pesquisa, Gladys Ferrada, comenzó a tomar declaraciones a los funcionarios presuntamente involucrados.
Desde el ente contralor se dio como plazo máximo 45 días para comenzar a investigar, a partir del 1 de julio, ya que se advirtió que la indagación efectuada por el anterior fiscal, Víctor Espinoza, carecía de ciertos antecedentes y diligencias necesarias para una mejor resolución.
"Reábrase el presente sumario administrativo, retrotrayéndose a la etapa indagatoria, para que se efectúen las declaraciones pertinentes, se ajusten los antecedentes y documentos que sean necesarios y se realicen las demás diligencias que se requieran para la adecuada sustanciación del presente disciplinario", detalla el documento emanado desde la Contraloría Regional en la que se resuelve la vista del fiscal.
"Nosotros fuimos informados el 1 de julio del 2015 de que se retrocedía el proceso a la etapa de investigar, desconozco si parte de cero o no, ya que como investigado solicité la vista al fiscal y se me dijo que no. Porque el proceso es el mismo, este parte de nuevo. Entiendo que este es un insumo" (a la primera investigación de Contraloría donde se detectaron las irregularidades), dijo Ulises Aedo, alcalde subrogante de Chillán Viejo.
El caso sobre las presuntas irregularidades al interior de la Dideco estalló el 4 de febrero del 2012, tras el regreso de un feriado legal del alcalde Felipe Aylwin, luego que algunos proveedores reclamaron por deudas impagas por parte del municipio, como transporte público, juegos inflables, zapatos escolares, canastas familiares. Ante ello, Ulises Aedo solicitó la investigación de Contraloría, la que evacuó un extenso informe dentro del cual se exigió un sumario administrativo para esclarecer presuntas responsabilidades, que es el que hoy nuevamente se instruye.
"Formulé un conjunto de descargos al fiscal, básicamente por la falta de objetividad para enfrentar los hechos. Yo he sido fiscal administrativo, tengo experiencia, y los fiscales no somos abogados, pero se nos exige objetividad y buscar la verdad y se lo señalé que había pedido un conjunto de diligencias que me parecían importantes para llegar a la verdad y no se realizaron, y con este documento se me da un poco la razón", comentó Ulises Aedo, quien aún no ha sido llamado a declarar por la nueva fiscal.
En el informe emanado desde Contraloría, se estipula que un monto de $103.195.209 millones de pesos sería el que mantiene en deuda el municipio con proveedores, por la adquisición de bienes y servicios efectuados al margen de la ley de compras y del reglamento interno de adquisiciones, sin que se emitiera previamente la orden de compra, ni el respectivo contrato.
En esta indagación, "las penas van desde una amonestación hasta desvinculación, pasando por una serie de medidas", detalló Ulises Aedo, quien además es uno de los querellantes en la otra arista de la causa, la penal (ver recuadro), junto con el alcalde Felipe Aylwin y el Consejo de Defensa del Estado.
Las tres aristas que se investigan
El informe de Contraloría de marzo de 2014 dio origen a tres procedimientos. Uno administrativo, que es el único que sigue activo, para determinar responsabilidades administrativas de los funcionarios que autorizaron los pagos, que Contraloría en su informe señala que son irregulares, donde por ley no se indaga al alcalde. Además, hay un Juicio de Cuentas (civil) para cobrar más de 198 millones de pesos, pero cuyo proceso se encuentra suspendido mientras no se falle la causa penal. Esta última es la tercera arista, que lleva el fiscal de Yumbel, Álvaro Serrano, y que debe determinar si existieron delitos en algunos pagos duplicados o triplicados, hasta la falsificación de firmas. Por el carácter de investigación desformalizada, no existen plazos concretos para establecer responsabilidades penales.
