Una subvención especial para financiar la adquisición de un nuevo carro bomba para la Sexta Compañía de Bomberos Bomba Bernardo O'Higgins es la que este martes aprobó por unanimidad el Concejo Municipal de Chillán Viejo, encabezado por el alcalde Felipe Aylwin.

Luego de la aprobación, la Municipalidad de Chillán Viejo y el Cuerpo de Bomberos llevarán a cabo la firma de un convenio para el traspaso de los recursos, entregando en 2016 el monto de 50 millones de pesos, y en 2017 y 2018 un monto anual de $8 millones 200 mil, todo con el fin de la compra de este nuevo carro, que se complementa al que actualmente poseen, y que data de 1993.

El comandante del Cuerpo de Bomberos de Chillán, Enrique Véjar, agradeció el apoyo del municipio con la institución de voluntarios.

"Nos encontramos muy contentos, sobretodo de que haya sido aprobado de forma unánime. Es un gran beneficio para la comuna de Chillán Viejo. Los aportes municipales son muy importantes para esto, ya que una máquina de estas cuesta alrededor de 140 millones de pesos. Estamos contentos de que la municipalidad haya privilegiado la protección a sus personas", dijo el comandante Véjar.

El nuevo vehículo de emergencia, explicó Véjar, es un carro tipo C4 semiurbano, entre cuyas características destaca una capacidad de 4 mil litros de agua, capacidad para 8 bomberos más conductor, posibilita mayor rapidez en la atención de las emergencias y mayor carga de materiales.

Miguel Cordero, Director de la Sexta Compañía de Bomberos de Chillán Viejo, señaló que luego del traspaso de los recursos en enero del próximo año, se realiza la compra proyectando la llegada de la nueva máquina a la comuna y su puesta en marcha para agosto de 2016.

Una demanda laboral por $90 millones en contra del municipio de Cobquecura presentó el ex jefe de personal de alcaldía, Manuel Valdivia, quien recurrió ante el Juzgado de Letras de Quirihue. El ex funcionario municipal se autodespidió acusando irregularidades de parte la casa edilicia.

Su abogado representante, Germán Valdivia, comentó que la demanda se originó basalmente luego de que al funcionario se alejara de los servicios que él prestaba adentro del municipio, dadas las irregularidades que habían ahí.

"El pago de cotizaciones previsionales no estaba al día, había descuentos a las remuneraciones del trabajador y modificaciones unilaterales de sus funciones, acciones que legalmente le otorgan a mi representado (Manuel Valdivia) el derecho de hacer un despido indirecto o autodespido", explicó el abogado.

El monto indemnizatorio que existe por todos estos perjuicios laborales consta de un total de 90 millones de pesos.

Esto, porque según explicó su abogado representante, corresponde a indemnizaciones por los años de servicio que prestó en el municipio de Cobquecura, además de los recargos legales.

Durante la audiencia preparatoria, que estaba programada para realizarse ayer en el Juzgado de Letras de Quirihue, se esperaba que el alcalde de Cobquecura, Osvaldo Caro, compareciera también en representación del municipio, aunque esto no ocurrió.

"Legalmente no tenía la obligación, pero moralmente debió asistir para tratar de solucionar este problema", indicó el abogado Germán Valdivia, quien además, señaló que de ahora en adelante, el abogado Rodrigo Arzola tomará su puesto como representante de Manuel Valdivia y asumirá el rol mientras dure el proceso judicial.

Danny Fuentes Espinoza

Si al proceso judicial que enfrenta la alcaldesa Lorena Jardúa, por presunto acarreo electoral, se le suma la contraposición entre un dictamen de contraloría y un fallo del Tribunal Constitucional, es ahora el tribunal electoral del Bío Bío el que deberá pronunciarse respecto a un requerimiento realizado por tres concejales de San Fabián, quienes piden la suspensión de su cargo.

El abogado Rodrigo Vera, quien colabora con la defensa de la alcaldesa de la Unión Demócrata Independiente (UDI), presentó ante el ente contralor un requerimiento el pasado martes 13 de octubre, debido a que el dictamen que recibió el 8 de octubre la alcaldesa establecía que debía cesar temporalmente de su cargo, aunque sin precisar en qué momento del proceso judicial se haría efectivo.

"Fue la propia alcaldesa que acudió a Contraloría a principios de septiembre para aclarar su situación, pero en la respuesta al requerimiento, no se precisó de la manera que esperábamos y por esto, el 13 de octubre se solicitó, con un escrito mío, que esta vez dijera si la suspensión empieza con el auto de apertura o desde ya", comentó Rodrigo Vera.

Tribunal electoral

El miércoles 14 de octubre, Rodrigo Ávila, Héctor González y Jaime Meriño acudieron al tribunal electoral del Bío Bío para solicitar la suspensión de la alcaldesa Jardúa.

Esta acción, dijo Rodrigo Ávila, "tiene como labor demostrar que no caemos en faltas administrativas ni notables abandono de deberes".

La acción que se presentó en el tribunal electoral y según comentó Rodrigo Ávila, estuvo marcada por el reproche de algunos vecinos que plantean una trampa política para que Jardúa cese de su cargo.

"Hay personas que se han encargado de sembrar la cizaña, decir que hay malas intenciones, pero nosotros únicamente estamos ejerciendo nuestra función de concejales, que es fiscalizar la labor del alcalde", señaló el edil, quien señaló que en el escrito presentado ante el tribunal electoral se omitió "involuntariamente" la fiscalización al concejal Juan Carlos Parada, quien enfrenta el mismo proceso.

El abogado Rodrigo Vera, en tanto, presentó este lunes un ante el mismo tribunal regional, un escrito para que no se admita el recurso, "ya que una entidad de este tipo no tiene ningún tipo de competencia versus lo que ya está por dictaminar Contraloría".