Cada año, el nivel de embalsamiento de agua de la Laguna Laja, en el parque nacional del mismo nombre, es tomado como referencia por los agricultores para conocer de antemano la capacidad con la que contarán para realizar el riego agrícola de sus predios en el periodo más crítico del verano. En este caso, este cuerpo de agua nutre al canal Laja Diguillín, el cual sirve como sistema de regadío para las comunas de Yungay, Pemuco, El Carmen, San Ignacio y Bulnes, en la provincia de Ñuble.
De hecho, en los últimos años se logró incorporar a otro grupo de agricultores, denominados "los blancos" a este sistema, ampliando el número de beneficiarios.
No obstante, en una reciente visita organizada por la Junta de Vigilancia del Laja Diguillín, alcaldes de algunas de estas comunas favorecidas vieron con preocupación el bajo nivel que presenta la laguna, lo que incidirá notoriamente en la disponibilidad del recurso hídrico para esta temporada de cultivo. De los 5 mil millones de metros cúbicos de agua, con una profundidad de 75 metros, que alguna vez acumuló la laguna, hoy se disponen de no más de 1.400 metros cúbicos por 7 metros de profundidad, una realidad verdaderamente crítica que no se explica por causas naturales ni del cambio climático, sino por el uso que realiza la empresa para la generación
eléctrica en la central El Toro.
De acuerdo a lo planteado por los regantes, la presión excesiva sobre el recurso hídrico para este fin, durante los meses en que no se utiliza para riego, ha provocado una reducción alarmante del volumen, sin que las autoridades nacionales o regionales hayan, hasta el momento, tomado cartas en el asunto para dirimir este conflicto que tiene perjudicados a pequeños, medianos y grandes productores de la zona.
En 1958, el gobierno propició un convenio entre Endesa (por entonces empresa estatal) y la Dirección de Riego -hoy la Dirección de Obras Hidráulicas- con tal de gestionar y regular los recursos de la laguna. El problema, según el juez de aguas del Laja Diguillín, Francisco Saldías, se origina con la privatización de Endesa a una empresa española, la cual interpretó libremente las condiciones que aseguraban los recursos hídricos de la cuenca de manera prioritaria.
De no existir un cambio urgente en las condiciones de dicho acuerdo vigente, de tal modo de que exista un equilibrio, incluso ecológico, en el uso del recurso, no sólo se terminará perjudicando gravemente a un sector productivo importante de la provincia, sino que sentará un pésimo precedente de cara a la próxima construcción del embalse La Punilla.