"La justicia sigue sin operar aquí en Chile, entiendo que con todo el dinero del mundo no me devolverán la vida de mi hijo, pero quiero que se haga justicia", es la expresión de impotencia que esgrime María Díaz, madre del joven estudiante Nelson Vildósola Díaz, quien la madrugada del 18 de febrero de 2012 fue ultimado a tiros por el teniente de la dotación de la Segunda Comisaría de Carabineros de Chillán, José Antonio Candia, mientras se realizaba un procedimiento por el robo de un cajero automático.
La Corte Suprema revocó el fallo de la Corte de Apelaciones de Chillán y fijó en 160 millones de pesos el monto que se pagará a la familia de la víctima como indemnización al Estado por daño moral. Muy lejos de los 300 millones de pesos que había determinado en primera instancia el tribunal de alzada local.
"No estoy de acuerdo con el fallo, ya que esgrime que la rebaja del monto se fundamenta en que supuestamente la víctima se habría expuesto al circular contra el sentido del tránsito, situación que nunca ocurrió, es una justificación para rebajar los montos", asegura el abogado de la familia, Claudio Cofré.
El caso, que estremeció a la opinión pública no solo local sino que nacional, siguió un camino de confrontación en las versiones de testigos y los veredictos finales entregados posteriormente por la justicia militar y la civil.
De hecho, la Corte Marcial terminó condenando al teniente Candia por el delito de homicidio con una rebaja de pena: de cinco años y un día a tres años y un día con libertad vigilada intensiva. Lo anterior por irreprochable conducta anterior del efectivo policial.
Respecto al monto de dinero fijado por la Corte Suprema, Cofré asegura que hubo un ministro que incluso votó por que la rebaja fuera "aún más contundente".
El fallo de la Suprema sólo consta de dos páginas y media y se tuvo poco más de un mes para estudiar el veredicto. "Entonces rebajan la multa sin ninguna justificación, el tema fue para beneficiar al Estado porque es mucha plata la que se estaba pagando. Ellos no se dan cuenta que no existía ninguna facultad legal para poder disparar como loco, haber lesionado a una persona y haber matado a otra. El hecho que un vehículo se cruce independiente la circunstancia no le permite ni le faculta al funcionario para disparar", apunta Cofré.
Instancia superior
Sin perjuicio que en la práctica corresponde entregar 80 millones de pesos al padre y otros 80 millones a la madre de Vildósola, la familia decidió recurrir a la Comisión Internacional de Derechos Humanos, no por el tema de los dineros, "sino por la rebaja de penas con dos delitos de por medio y porque se le acoge a Candia las circunstancias de cooperación, cuando en definitiva el homicidio estaba acreditado y él no coopera en nada", agrega Cofré.
Nelson Vildósola padre, en un tono más duro, acusa derechamente de "sinvergüenzura al Estado".
"Si yo fuera una persona de otro nivel económico, nada de esto habría pasado. La muerte de un hijo no tiene precio, pero ellos debieron ponerse la mano al corazón. Ese carabinero está pagando una pena baja, en su domicilio y qué queda para nosotros", señala.
Los detalles de un caso que duró tres años
La madrugada del 18 de febrero de 2012, Nelson Vildósola viajaba en su vehículo junto a su amigo Felipe Basilio. Al ingresar a una vía se encontraron con una patrulla policial que realizaba una diligencia por un robo de un cajero automático, los efectivos confundieron a los jóvenes con los maleantes. El Subteniente José Candia Salgado "hizo un uso irracional de su arma de servicio, percutando cinco proyectiles en contra del conductor del vehículo particular, el cual resultó fallecido, además de resultar lesionado en su antebrazo izquierdo producto de estos disparos un vecino que se encontraba en las cercanías.
