La historia se remonta a 2012. En medio de la campaña municipal, la hoy alcaldesa Lorena Jardua, su esposo Ariel Torres, el concejal Juan Carlos Parada y la funcionaria Marcia Ortiz Godoy, habrían incitado a vecinos de San Carlos a trasladar su domicilio electoral a la comuna de San Fabián, a una dirección a la que no pertenecían, con el propósito de apoyar la candidatura de la actual jefa comunal.

Posteriormente fue la Unidad Anticorrupción de la Fiscalía de Chillán la que presentó ante el Juzgado de Garantía local la acusación en contra de los cuatro imputados por el delito de incitar u organizar a electores a proporcionar domicilio electoral falso, contemplado en la ley 20.568. Esto, tras una querella presentada por el senador del MAS, Alejandro Navarro, junto a la dirigente social Carmen Salinas.

Lo que vino después ya es conocido. El juez del Tribunal de Garantía de San Carlos, Julio Capilla, se declaró incompetente de fallar sobre un eventual sobreseimiento de la causa y dejó en manos de la Corte de Apelaciones de Chillán dicha decisión que se conoció ayer.

El tribunal de alzada rechazó la solicitud de sobreseimiento definitivo por el supuesto delito de acarreo electoral, estableciendo como fecha de audiencia de preparación de juicio el próximo miércoles 9 de diciembre.

Esto implica que Jardua deberá dejar a partir de esa fecha temporalmente su cargo por un periodo aproximado de 45 días. De prolongarse el juicio más allá de ese tiempo, el Concejo Municipal deberá votar por quien asuma, ya que no corresponde que lo haga el concejal que obtuvo la primera mayoría en las elecciones pasadas. La defensa de la alcaldesa insiste que el supuesto acarreo electoral solo involucró 10 personas, todas familiares de quien hizo la denuncia en su contra y que ninguno finalmente votó. Para la fiscalía el delito está a firme independiente que las personas hayan o no sufragado.

"La Corte se pronunció solo en la forma, y no por el fondo, y dice relación a que nuestra presentación fue extemporánea. Yo sigo sosteniendo que no hay delito. Nosotros queríamos evitar el juicio oral por todas las consecuencias que implica la suspensión del cargo de Lorena Jardua, esto es un daño a su autoridad, pero vamos a tener que ir a juicio y lo vamos a ganar. Ninguno de los electores votaron y entraron solos a la junta inscriptora", dijo el abogado Ricardo Robles.

La alcaldesa por su parte dice estar tranquila, asegura que tiene la convicción que no cometió ningún delito. "Estaba dentro de las posibilidades, estamos tranquilos. Mientras dure el juicio me reemplazará el administrador municipal", apunta. Agrega que "estamos coordinados con el equipo municipal".

El caso de José Acuña Sepúlveda (46), "El Pescado chico", quien devolvió dos millones de pesos que se encontró botados en la calle frente a una entidad bancaria hace dos semanas, generó revuelo no solo en redes sociales y entre los vecinos de la población General Parra de San Carlos, sino que las autoridades locales realizan gestiones para que la honestidad de Acuña no quede relegada ni se olvide con el tiempo.

Es que la historia de vida de la familia está marcada por las carencias económicas y ejemplos de lucha, especialmente por la enfermedad de uno de los hijos (César de 36 años), quien está postrado hace cuatro años en una cama luego de sufrir un aneurisma cerebral. César recibe el cuidado y cariño de la dueña de casa Rosa Sepúlveda.

"Ejemplos como éstos ya no existen", concuerdan los vecinos y gente que conoce a José Acuña y su grupo familiar. El buen accionar de "El Pescado chico" motivó a las autoridades municipales a consensuar la posibilidad de entregar un reconocimiento público, situación que se analizará el próximo 7 de diciembre en el Concejo Municipal.

El alcalde de San Carlos, Hugo Gebrie, dijo que la idea es "reconocer a través de un premio el valor y honestidad de José Acuña, un caso único por estos días en el país cuando se habla de corrupción en distintos ámbitos". Agrega que es muy "loable que este vecino haya entregado dos millones de pesos sabiendo la situación precaria en que vive con su familia".

En esta línea el concejal Roberto Tapia, quien es de profesión orientador familiar, explicó que hay distintos tipos de reconocimientos, algunos visados por el Concejo y otros por iniciativa propia del municipio. "Hemos conversado con los colegas y todos estamos de acuerdo que por la acción de este hombre, y sumada la precaria situación familiar, hay que darles un reconocimiento público", aseguró Tapia.

José Acuña Carrasco, padre de "El Pescado chico", recibe 80 mil pesos de pensión y eso debe destinarlo para alimentos y medicamentos que necesita su hijo César. Tapia asegura haber estado con anterioridad en el domicilio de la familia aportando "con pañales y leche especial. Vamos a tener que hacer nuevamente una visita y entregarles no solo un simple diploma, sino que un aporte monetario o insumos que necesita el joven enfermo". Para el concejal Sergio Ruiz, no hay duda que "debemos hacer un reconocimiento porque las cosas buenas hay que destacarlas, no solo la parte deportiva sino que aquellas que tienen que ver con la moral, la ética y costumbres de las personas".