La palabra colusión está de moda. A nivel nacional, primero se aplicó a los productores de pollos. Después, a empresas de buses. Luego, a las grandes cadenas de farmacias y a la Compañía Manufacturera de Papeles y Cartones, popularmente conocida como "La Papelera". Hoy apunta a los supermercados, también por el precio de los pollos. En el plano profesional, la Corte Suprema confirmó multas por colusión contra 25 médicos especialistas de la provincia de Ñuble, por la acusación de concertar un precio mínimo de sus consultas y procedimientos. Es más, ordenó la disolución de la Asociación Gremial de Ginecólogos Obstetras de Ñuble, por actos contrarios a la libre competencia.
La colusión se define como un pacto de dos o más personas para actuar en un mercado y perjudicar a un tercero. Existe una acepción curiosa, poco conocida, en el plano comunicacional: la colusión se produce cuando una persona busca a otra para que ratifique su manera de ser y actuar. No se trata de algo nuevo en Chile. El primer caso denunciado se remonta a 1962, cuando se acusó a una asociación de panificadores de acordar precios para favorecer exclusivamente a 261 panaderías de las 321 que en esa época existían en Santiago. Los tribunales ordenaron su disolución. En los años siguientes se denunciaron colusiones de los productores y distribuidores de carnes, de harina y hasta de cigarrillos. En 2006 se registró una denuncia por el tema en los valores de los "plasmas", televisores pantalla grande, con buena definición.
En el plano profesional, tampoco es algo nuevo. Durante muchos años, los colegios y organizaciones profesionales chilenas fijaron precios de todas sus prestaciones, lo cual fue una forma de colusión. En algunos casos, tal práctica subsiste hasta hoy. Basta con ver los anuncios, por ejemplo, en que algunos profesionales y centros médicos ofrecen prestaciones hasta con un 70% de descuento del arancel fijado por el Colegio de Cirujanos-Dentistas. ¡Es para quedarse con la boca abierta!
Pese a que transcurrió más de medio siglo desde la primera denuncia, los legisladores chilenos no se han preocupado mayormente sobre el tema. Las sanciones existentes se han concretado en multas, que se fundan en la presunción fundada. Los consumidores o usuarios afectados piden cárcel para los implicados. Pero es muy difícil que esto ocurra porque hay que acreditar en forma rotunda la colusión. Como esto es difícil de conseguir, se privilegian las sanciones económicas. Muy distinta es la situación en Estados Unidos, donde está definida como un delito con castigo pecuniario y penal, que puede recibir una multa de US$ 1 millón y hasta 10 años de cárcel. El país intenta recuperar el tiempo perdido por la despreocupación ante el problema. Es por eso que las autoridades ya anunciaron un proyecto de ley para redefinir y aplicar en realidad el castigo de cárcel a los coludidos.
Raúl Rojas, Periodista y académico