Danny Fuentes Espinoza

Luego de finalizar su periodo anual como presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, el ministro Claudio Arias encabezó ayer la cuenta pública del Poder Judicial 2015.

Se trató de una ceremonia solemne, en la que estuvo presente, entre otras autoridades, la gobernadora de Ñuble, Lorena Vera; el alcalde de Chillán, Sergio Zarzar, y también el fiscal regional, Julio Contardo. Asimismo, funcionarios del poder judicial y también oficiales de la PDI, Carabineros y Gendarmería dijeron presenta en la primera cuenta pública que realiza la entidad encargada de impartir justicia.

En la ocasión, el ministro Arias reveló que en 2015, "se alcanzaron 51.331 ingresos de causas en las 13 unidades judiciales que componen la jurisdicción, registrando un mayor número las causas relacionadas a materia civil con 16.081 de ellas".

Asimismo, detalló que, respecto al tribunal de alzada "estos ingresos significan un aumento de 156 por ciento en relación al año 2014 y si retrocedemos aún más en el tiempo, representan un alza de 211 por ciento respecto al año 2010, reflejando una tendencia, provocada principalmente por el incremento en la judicialización de los recursos en contra de las alzas en planes de las Isapres, que durante el año 2015 se elevaron en un 383% en comparación al año anterior".

Respecto al funcionamiento de la Corte actualmente, que tiene cuatro ministros, recordó que este tribunal de alzada posee el segundo nivel más alto de ingresos, superando en un 24% el promedio de los 6 tribunales de similares características, presentando además un nivel de crecimiento promedio durante el período 2013-2015 de un 25,5%.

El ministro Arias detalló en la cuenta pública que durante 2015 se invirtieron $385 millones de pesos en 47 iniciativas, destacando, entre otros hitos, la ampliación del Primer y Segundo Juzgado Civil, además de la Unidad de Apoyo a los Juzgados Civiles, la habilitación en el Tribunal Oral de Chillán de una sala especial para tomar declaraciones a menores víctimas de abusos sexuales y también la construcción del corredor de comunicación entre la cárcel y el Juzgado de Garantía de Yungay.

En el tribunal de Garantía de Chillán fue formalizada ayer una pareja de chillanejos detenidos por el OS7 de Carabineros, por su presunta responsabilidad en un cultivo de marihuana que mantenían en su domicilio, además de dos armas hechizas que fueron incautadas.

Así lo señaló el teniente Juan Guzmán, jefe de la sección OS7 Chillán, agregando que el procedimiento se desarrolló durante la tarde del jueves en la población Los Volcanes, en el sector oriente de Chillán, a raíz de una denuncia anónima que realizó un vecino del sector al número 135, donde se recepcionan las acusaciones de este tipo.

"Conforme a lo anterior, personal de esta unidad toma contacto en forma telefónica con la fiscal de turno de la Fiscalía Local de Chillán dándole a conocer la información. Concurriendo al lugar antes indicado, logrando el personal policial divisar desde el exterior y en el patio posterior del inmueble unas plantas de cannabis cativa debidamente cultivadas e hidratadas en proceso de crecimiento", señaló el oficial de carabineros.

De esta manera, se realizó el allanamiento del recinto, donde se constató que habían 5 plantas de cannabis sativa, y 160 gramos de marihuana dosificada en bolsas para su dosificación.

De esta forma, tras las rejas pasó la noche María Urrejola, de 34 años, quien mantenía una orden de detención vigente por el delito de robo y secuestro de menor.

Asimismo, su pareja, identificado como Roberto Muñoz, de 34 años, se mantenía prófugo desde 2012, año en que el mismo OS7 lo había detenido por tráfico de drogas, en una investigación que se mantiene vigente.

A partir de las 11:00 horas de hoy sábado se realizará una masiva fiscalización voluntaria al Transporte Escolar en la Plaza de Armas de Chillán, donde personal de Fiscalización de la Seremi de Transportes junto a Carabineros comprobarán la documentación y condiciones técnicas de los distintos furgones escolares. En ella participará la gobernadora de Ñuble, Lorena Vera, junto a la jefa de Fiscalización de la Seremi de Transportes, María Lorena Guerrero.

Por su parte, el seremi de Transportes del Biobío, César Arriagada, recomendó "que los padres sean los primeros fiscalizadores a la hora de contratar este tipo servicio y además, que conozcan quiénes son las personas que trasladan a sus hijos. Para ello, es necesario que los furgones estén inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar (Renastre) y el conductor debe portar una tarjeta con su identificación y tener licencia A-1 o antigua A-3".

Entre las principales exigencias que los padres deben hacer al transportista escolar destacan: que el transportista escolar esté inscrito en el Registro Nacional de Transporte Escolar y cuente con el certificado, porte una tarjeta identificatoria. Los vehículos desde 2007 en adelante deben tener cinturón de seguridad. Y si van más de 5 niños preescolares, el conductor debe ir acompañado por un asistente.

En la Región del Biobío hay inscritos 3.143 vehículos de Transporte Remunerados de Escolares, de esos 896 pertenecen a la Provincia de Ñuble, con un promedio de antigüedad de los vehículos de 9 años. Entre ellos se consideran: bus escolar rural, minibus escolar rural, bus escolar urbano y minibus escolar urbano.

Cabe mencionar que entre enero y diciembre del 2015 personal de fiscalización de la Seremi de Transportes realizó 410 controles y se cursaron 67 infracciones, con una taza de rechazo 16,3%. La mayor causa de infracción fue a vehículos particulares por no estar inscritos en el Registro Nacional de Transporte Escolar, condiciones técnicas deficientes y no portar los documentos del vehículo o tener papeles vencidos.