Lejos de terminar se encuentra el "Caso Acarreo", del cual fue absuelta la alcaldesa de San Fabián, Lorena Jardua, y otros tres acusados, quienes durante febrero enfrentaron un juicio que lideró la fiscalía local de Chillán y los querellantes, el senador Alejandro Navarro y la dirigente social de San Carlos, Eulalia del Carmen Salinas.

El fallo aún no es ejecutoriado porque tras la lectura de sentencia, dada a conocer el 25 de febrero, los abogados Carlos Astorga, representante del senador Navarro; Priscilla Duarte, en nombre de Eulalia del Carmen Salinas; y también la fiscal Patricia Suazo presentaron un recurso de nulidad, con la finalidad de que la Corte de Apelaciones evalúe la posibilidad de realizar un nuevo juicio por los mismos hechos, consistentes en la organización e incitación a votantes a cambiar su domicilio electoral desde San Carlos a San Fabián, para así poder favorecer a Lorena Jardua, quien en octubre de 2012 se postuló a alcaldesa, resultando electa.

No obstante, todo este proceso puede quedar en nada, dado que el abogado Rodrigo Vera Lama, representante del concejal Juan Carlos Parada y el esposo de la alcaldesa Jardua, Ariel Torres, presentó un recurso que objeta la admisibilidad de los recursos de nulidad de ambos querellantes.

Igual opción tomó la representante de Marcia Torres, la abogada penquista Paula Villalobos. Con este recurso de inadmisibilidad, presentado el jueves pasado, la Corte tiene un plazo de 5 días para revisar si es que proceden los alegatos de la nulidad. De esta forma, si se acoge, también se anularía la sentencia dada por el tribunal Oral, que determinó que fiscalía y querellantes deben pagar las costas del juicio. Según comentó el abogado Rodrigo Vera Lama, "los recursos de los querellantes, no así el de la fiscalía, presentan errores de Derecho, por lo que si se declaran inadmisibles, no participarían de los alegatos de la Corte. Y si se acoge la nulidad, tampoco podrían participar del juicio", explicó Vera Lama.

Danny Fuentes Espinoza

Para el próximo 26 de abril quedó pactado que el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Concepción, más conocido como 'El Manzano', sea entregado a la empresa que se encargará de las obras de reconstrucción. Por ello, el traslado de la población penal ya comenzó a efectuarse, sin que esté contemplado, al menos por ahora, la distribución de internos en cárceles de la provincia de Ñuble.

Según confirmaron desde la dirección regional de Gendarmería, los internos serían distribuidos en el recinto que se encuentra contiguo al penal Concepción, que es el CCP Bío Bío, dada su capacidad que aún permite recibir reos. Esto se extendería por 18 meses, que es el plazo que tiene la empresa constructora para llevar a cabo las obras, que tienen un presupuesto de $24 mil millones.

"Gendarmería dispone de varios recintos penales en la región que podrían eventualmente recibir a internos de El Manzano si fuera necesario, pero es muy probable que el Biobío absorba a toda la población penal masculina, dada su gran capacidad de reclusión que llega a las 1.426 plazas, con altos estándares de seguridad y excelentes condiciones de habitabilidad", afirmó el coronel Pablo Toro Fernández.

De esta forma, se desechó la primera idea (en mayo de 2015) que revelaron autoridades locales, que hablaban de más de 100 internos de baja peligrosidad. Posteriormente, en noviembre del año pasado, desde la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (Anfup) Chillán, se habló de 50 internos. Lo cierto es que por ahora solo el CCP Bío Bío, que es la única cárcel concesionada de la región, está recibiendo a los internos.

De hecho, durante el día lunes trabajaron 70 funcionarios de Gendarmería en el traslado de 250 internos, lo que representa el 30% de la población penal que hasta el domingo albergaba 'El Manzano', que se decidió remodelar, debido a los daños estructurales que sufrió tras el terremoto del 27 de febrero de 2010, sumado a que presta servicios desde 1988, cuando fue inaugurado.

Según explicaron desde Gendarmería, otra de las razones tiene que ver con la seguridad de los demás recintos penitenciarios, ya que en Ñuble, de los cinco recintos penales (Chillán, Bulnes, Yungay, San Carlos y Quirihue) cuentan casi todos con sobrepoblación. De hecho, según el informe de Gendarmería de agosto del año pasado, sólo Quirihue mantiene una tasa de ocupación del 89%.

Caso contrario es el de Yungay, que tiene una población de 121 internos, lo que implica una 197% respecto al diseño original, que contempla la ocupación de 66 internos.

Asimismo, consideraron el arraigo de los familiares de los condenados e internados en prisión preventiva. Ello, porque implicaría un mayor gasto para ellos el trasladarse hasta cárceles de Ñuble para visitar a los internos.

Desde la Anfup Chillán, en tanto, el director provincial, Cristian Montecinos, informó que ya hay funcionarios de la cárcel local prestando servicios en Concepción. No obstante, esta medida, según el acuerdo que se consiguió con la oficialidad, estaría dada por la llegada de refuerzos.

Sin nadie que se percatara. De esa forma se consumió un galpón en el sector Gaona de San Carlos, luego de que un siniestro, iniciado por causas que se investigan, dejara 500 fardos de pasto hechos cenizas y la muerte de dos caballos corraleros, avaluados en $8 millones. El propietario del inmueble es Héctor Henríquez, quien lamentó el hecho, dado que los equinos estaban vendidos y debía entregarlos a su nuevo dueño esta semana. El incendio se produjo durante la madrugada de ayer y Bomberos no acudió, debido a que nadie realizó los llamados de emergencia pertinentes.

Con más de 4.600 'Likes' en facebook, la campaña 'Un corazón para ayudar', que pretendía costear los costos de la operación para obtener un corazón artificial para Rodolfo Aguilera, médico de Pemuco que sufre una grave enfermedad, rindió sus frutos; esto, porque el día de hoy será sometido a la intervención quirúrgica que requirió de $113 millones.

La campaña fue noticia en diversos medios, tanto radiales, escritos, como de televisión, dado que el principal conflicto de la familia estaba en que la isapre Consalud se negaba a cubrir más allá del 20% de la operación, generando la compasión entre la ciudadanía, que aportó a través de diversos eventos a beneficio del médico, que ejerció en zonas rurales de Pemuco, como también en Coihueco.

Todas las campañas fueron encabezadas por la esposa del afectado, Lelia Acuña, quien administraba los dineros que comenzaron a solicitar a principios de marzo. Según relató, es urgente la intervención para Rodolfo Aguilera, a quien le fue diagnosticado hace cuatro años una miocardiopatía dilatada, por la que parte de su corazón presenta deficiencia para funcionar, lo que explica la necesidad de un corazón artificial. "Se logrará un sueño, yo aporte un granito y siento una alegría inmensa al ver por fin alegría y paz en Lelia que nunca perdió la esperanza y es un ejemplo a seguir", contó Iván Llanos, amigo del médico.

La familia de Aguilera comentó que se reunió una parte del dinero y existió además un acuerdo con la isapre de carácter confidencial.