A una semana de que la Corte Suprema ratificara la condena por $65 millones contra el Consejo de Defensa del Estado de Chillán, tras haberse acreditado el maltrato y acoso laboral de la representante legal, María Dentone, una segunda causa sigue tramitándose en su contra, esta vez, de otra funcionaria que trabajó en la entidad entre 2008 y 2015.

Se trata de Marcela Chandía, que ya había declarado en contra de Mariella Dentone en el juicio que llevó adelante Elizabeth Concha, quien luego de tres años ganó el juicio en todas las instancias, obligando al Consejo de Defensa del Estado a desembolsar $65 millones.

En el caso Marcela Chandía, ella cumplió -a contrata- funciones administrativas entre 2008 y julio de 2015, cuando se le notificó su desvinculación, tras varios desencuentros con Mariella Dentone.

Ya en marzo 2015 presentó la demanda aduciendo que Mariella Dentone había incurrido en presunto maltrato laboral. Por ello, en octubre de 2015, luego de realizarse las audiencias preparatoria y de juicio, con fecha 21 de octubre del año 2015, la jueza del Juzgado de Letras del Trabajo, María Ceroni Valenzuela, dicta sentencia acogiendo la denuncia de tutela de derechos fundamentales deducida por Marcela Chandía, declarándose que el empleador lesionó el derecho fundamental de integridad física y síquica, condenándose al CDE al pago de $30 millones por concepto de daño moral.

No obstante, esta causa se encuentra siendo revisada por la Corte de Apelaciones, que el día martes rechazó el recurso interpuesto por Mariella Dentone, quien buscó recusar a los jueces del tribunal laboral local y que así no conocieran de esta causa; sin embargo, el tribunal de alzada rechazó esta opción, por lo que deberá enfrentar esta segunda causa similar este año.

Dentro del marco del Plan Comunal de Seguridad Pública que se comenzó a aplicar en la comuna de Chillán, la Municipalidad y la consultora ICZP están realizando diferentes actividades con el objeto de obtener un Diagnóstico Participativo sobre la materia.

El plan de trabajo del Diagnóstico Comunal de Seguridad Pública de Chillán considera una serie de herramientas para el levantamiento de información y la investigación tendrá una duración de cincuenta días.

Según comentaron desde el municipio, esta primera etapa consiste en la aplicación de encuestas en diversos sectores, con el objeto de recopilar datos relevantes en relación a percepción de seguridad y la identificación de las problemáticas que afectan a nuestros vecinos.

Las acciones además contemplan la elaboración de talleres participativos, que permitan la reflexión y el debate entre los participantes en torno a la calidad de vida en sus barrios.

Asimismo, se llevarán a cabo marchas exploratorias por distintos sectores de la comuna para conocer mejor las necesidades y requerimientos a nivel estructural.

Cabe destacar que con los resultados obtenidos a través del diagnóstico se elaborará una propuesta y estrategia de intervención para priorizar a nivel local diversas iniciativas en materia de seguridad, de acuerdo a las necesidades específicas de la comuna.

El estudio, adjudicado por la empresa ICZP, tuvo un costo $14.850.000 y los resultados serán remitidos al Consejo comunal de seguridad, antes de que expire el plazo, que es el 13 de abril.

De esta forma, se continuará con el plan, que tiene una inversión de $700 millones para Chillán, en tres años, entregados por la Subsecretaría de Prevención del Delito.

Danny Fuentes Espinoza

Desde hace tres semanas que carabineros de la Subcomisaría Huambalí estaban tras la huella de tres sujetos quienes se dedicaban al robo de objetos de vehículos, particularmente desde los estacionamientos de supermercados de Chillán. Por ello, tras una breve persecución, capturaron a dos presuntos involucrados que llegaron hasta las dependencias del local Tottus, ubicado en avenida Ecuador.

Se trata de la segunda banda desbaratada en menos de una semana, ya que el domingo la Bicrim detuvo a tres personas oriundas de Santiago que se dedicaban al mismo delito.

En esta oportunidad, los detenidos son Juan Mardones, de 21 años, y Christopher Sepúlveda, de 22 años. Ambos de la población Río Viejo, de quienes ya se había advertido su presencia en el supermercado Líder, en avenida Collín, donde los guardias denunciaron que llegaban a bordo de un vehículo Nissan V16 para abrir las puertas utilizando herramientas o rompiendo vidrios, y antes de que los guardias o propietarios advirtieran el robo, se retiraban del lugar.

"Por las características y la información que nosotros manejábamos en el trabajo investigativo, pudimos establecer las características del vehículo en que se movilizaban y la apariencia de estos individuos sospechosos, pudiendo dar con la ubicación de ellos en el supermercado Tottus, en el sector norte de la ciudad", relató el capitán Christian Vargas, jefe de la Subcomisaría Huambalí.

El fiscal Juan Röhr, que ayer formalizó a los detenidos por robo en lugar no habitado y daños, comentó que fueron los guardias los que divisaron a los sospechosos. Al reconocerlos, dieron aviso a Carabineros.

"Cuando los guardias frustran este robo, uno de los sujetos huye a pie y los otros dos en el auto en que se transportaban", dijo el abogado persecutor, quien comentó que tras salir del lugar, Carabineros -que estaba alerta de lo que pasaba- interceptaron a los jóvenes.

De esta manera, pasaron la noche en el cuartel de la Subcomisaría de Huambalí y ayer se realizó la audiencia de control de su detención.

En dicha instancia, se corroboró que si bien ambos tenían antecedentes policiales, no registran condenas previas.

Desde Carabineros destacaron que los antecedentes anónimos entregados por terceros fueron vitales para dar con esta banda. Además, señalaron que están tras la huella del tercer involucrado, el cual aún no ha sido capturado.