El fiscal regional Julio Contardo designó a la abogada persecutora Paulina Valdebenito como fiscal de foco, de la recientemente creada Unidad de Análisis, que puso en marcha desde este año el Ministerio Público y que tiene como finalidad recabar información estadística sobre los delitos. Así se podrá elaborar un diagnóstico sobre la situación delictual en Ñuble y posteriormente perseguir penalmente de manera más eficaz. En la región, el fiscal José Patricio Aravena es el jefe de la sección y el día martes se reunió junto al alcalde para contar la buena nueva.

Por el delito de receptación fueron formalizadas ayer tres personas que fueron sorprendidas la tarde del miércoles manipulando 500 kilos de cobre en Bulnes.

El procedimiento fue realizado por personal de la Tercera Comisaría de Bulnes, desde donde personal del cuadrante uno fue alertado de que en una propiedad ubicada en la calle Campos de Deportes habían tres personas manipulando una gran cantidad de cobre.

Al llegar al lugar, los uniformados se percataron de la presencia de una mediagua y una bodega donde pretendían almacenar el producto. Asimismo, identificaron a los presuntos responsables, quienes estaban ingresando el alambre de cobre, que habían mantenido oculto en un canal de regadío del sector, donde también procedían a cortarlo y pesarlo para posteriormente comercializarlo.

Con estos antecedentes, se dio cuenta de lo ocurrido al Ministerio Público, desde donde se instruyó diligencias; entre ellas, el allanamiento del domicilio, gestionado con el tribunal de Garantía de esa comuna, pudiendo así detener a una mujer de 32 años, y otros dos hombres de 48 años. Los involucrados no registraban antecedentes policiales ni penales.

Según informaron desde Carabineros, en el mismo operativo se incautó un vehículo donde se encontró el cable de cobre, que era transportado en el portamaletas.

De esta forma, se pudo establecer que el avalúo de la especie llega a los $12 millones. En el marco de las diligencias realizadas por la Sección de Investigación Policial, que se extendieron hasta las 6 de la madrugada de ayer, se dio aviso a la empresa eléctrica Copelec, que reconoció parte de la incautación como su propiedad.

Asimismo, otra parte del cargamento hallado fue reconocido por la empresa de Ferrocarriles del Estado, EFE.

Una serie de fotografías de un barco artesanal pescando en las inmediaciones del sector de la Lobería y la Iglesia de Piedra, en Cobquecura, son la principal evidencia que se presentó en la denuncia ante Sernapesca, que se encuentra investigando pesca ilegal en esa zona.

Lo irregular del hecho está dado porque desde 1992, el Consejo de Monumentos Nacionales, mediante el Decreto 544 del 1 de septiembre de ese año creó el "Santuario de la Naturaleza Islotes Lobería e Iglesia de Piedra de Cobquecura".

Por ello, no se encuentra permitida la pesca de ninguna especie en esa zona. Así lo ratificaron desde Sernapesca, desde donde informaron que ya están al tanto de lo ocurrido, por lo que el equipo de fiscalización tiene un plazo de 10 para elaborar un informe.

Para ello, de manera interna se solicitaron los informes del posicionador satelital de la embarcación, a fin de identificar a los responsables.

Por su parte, la autoridad marítima en esta zona es el capitán del Puerto de Lirquén, teniente Ricardo Cartes, quien señaló que si bien no han denunciado en la Armada la situación, estarán al tanto de lo que ocurra mediante un refuerzo en la fiscalización de la zona donde se denunció el hecho. "Es una zona restringida para actividad pesquera o recolectora por tiempo indefinido, y con Sernapesca tenemos el rol de fiscalizar esa zona para prevenir la llegada de embarcaciones", afirmó el teniente Cartes.

Asimismo, el oficial enfatizó que no está permitida la actividad pesquera. "El hecho de que haya una persona realizando una faena de pesca en cualquier santuario es un delito, por lo que es deber nuestro remitir los antecedentes al Ministerio Público. Actuamos, al igual que Carabineros, los dejamos a disposición de la fiscalía", dijo el oficial.

Danny Fuentes Espinoza

La denuncia de dos internos de la cárcel de Chillán respecto a una golpiza que habrían recibido de parte de un grupo de Gendarmes -ocurrida el 11 de marzo- está lejos de acabarse, ya que existe un sumario interno de la institución, una investigación desformalizada por parte de fiscalía y también un recurso de amparo que ayer se revisó en la Corte de Apelaciones de Chillán.

La acción judicial fue interpuesta por el abogado Rodolfo Aguayo, defensor de los imputados Juan Carlos Vaccaro y Jonathan Contreras, quienes se encuentran en calidad de internos en prisión preventiva.

Ante la exposición del abogado, la Corte ofició a Gendarmería para que entregara un video de las cámaras de vigilancia que habrían registrado el hecho. No obstante aquello, fue el propio director regional de Gendarmería, coronel Pablo Toro, quien remitió a los ministros el informe con lo ocurrido, admitiendo la agresión.

Crónica Chillán tuvo acceso a dicho documento, y de él se desprende que cerca de las 11 horas del 11 de marzo, los internos Pablo Zambrano y Juan Vaccaro "protagonizaron un acto de exaltación y desorden colectivo con otros imputados del lugar, amenazando y vociferando ideas para actuar contra el personal, ello por el corte del sistema de activación del teléfono público, debido a no mantenerse el orden de espera, controlado por el personal de servicio".

Fue por esta situación que, explicó el coronel Toro, llegaron gendarmes en apoyo al patio de imputados, neutralizando a los involucrados. No obstante Pablo Zambrano fue reducido, recibió golpes de pie de parte un sargento segundo, mientras un cabo lo sujetaba por el cuello.

En el caso de Juan Vaccaro, un sargento primero y un suboficial son sindicados en el informe como sus agresores, quienes le propinaron severos golpes en diferentes partes del cuerpo. A su vez, Jonathan Contreras quedó con una contusión auricular, debido a los golpes recibidos por parte de un cabo.

"De los hechos podemos apreciar claramente que en el procedimiento se realizó un uso no racional de la fuerza por funcionarios", admitió en su informe el coronel Toro. Junto a ello, expresó que "acciones de este mando, aunque son aisladas, no se puede ni deben permitir, pues enlodan el trabajo que día a día realizan de manera respetuosa y con estricto apego a los Derechos Humanos los cientos de funcionarios que laboran bajo mi mando y en el país en general".

De esta manera, informó al presidente de la Corte de Apelaciones, Guillermo Arcos, que se inició un sumario interno al día siguiente de ocurridos los hechos. Además, se denunciaron a la fiscalía.

Durante el día martes se realizaron los alegatos en la Corte local por el recurso de amparo, por lo que en la defensoría penitenciaria estarán atentos a lo que resuelva el tribunal de alzada. Además, esperan que la fiscalía formalice una investigación contra los 5 gendarmes involucrados. Los afectados, por su parte, ya regresaron al patio común de los internos, revocándose la primera sanción administrativa por incitar a la sublevación a la población penal.