Acuerdo judicial por el 27/F
Familias de las víctimas rechazaron que se aplicara suspensión condicional por fallida alerta de tsunami que mató a 104 chilenos.
El 27 de Febrero de 2010 Chile se vio sacudido por el segundo terremoto más grande en su historia. Con esta frase iniciaron muchas de las disculpas públicas con que los seis acusados por la fallida alerta de maremoto del 27-F concretaron sus descargos ayer, luego que el 7° Juzgado de Garantía de Santiago acogiera el acuerdo que terminó en la suspensión condicional del procedimiento. Este acuerdo considera el pago de $245 millones a las familias de las 104 víctimas de la catástrofe, la realización de un seminario de Protección Civil y una declaración pública donde se explicara el rol que tuvo cada uno tras la tragedia. Los acusados fueron considerados por sus propias defensas de "responsables simbólicos" y ayer, en la audiencia en que se concretó el acuerdo, que además los exonerará totalmente luego de un plazo de 18 meses, las palabras de quienes ocuparon el banquillo de los acusados apuntaron preferentemente a enfatizar que aquella madrugada se enfrentaron a un evento de proporciones para el cual ni el Estado ni sus servicios de emergencia estaban adecuadamente -técnica y humanamente- preparados.
Tales declaraciones no resultaron una novedad para las familias de la centena de fallecidos tras la fallida alerta de tsunami. La investigación de la fiscal Solange Huerta dio cuenta que en el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile (SHOA) no supieron interpretar los datos que, en inglés, les enviaban desde el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico ubicado en Hawaii. Ello llevó a que funcionarios de la Armada de Chile dieran señales equívocas a las autoridades y como consecuencia a la población.
Del mismo modo, el exsubsecretario del Interior, Patricio Rosende, enfatizó que en la emergencia se vio afectada la infraestructura de comunicaciones de la Onemi, ello pese a que teléfonos satelitales con que contaba el gobierno nunca fueron utilizados.
El tribunal desechó contundentemente la teoría de que las autoridades hubiesen actuado con dolo, ello refrendado por sus declaraciones que enfatizaron haber realizado "todos los esfuerzos humanamente posibles" para proteger a la población.
Pese a que aún restan instancias judiciales de apelación, la justicia dio una señal clara de cerrar el caso que significó una investigación de caso 6 años al Ministerio Público sin responsabilidades penales y con un acuerdo que ha generado una nueva victimización para quienes perdieron irremediablemente a sus seres queridos.