El Ministro Burgos firmó hace unos días el decreto de traspaso de las licencias de software desde la Subsecretaría de Prevención del Delito al Ministerio Público, que permitirá la entrada en funcionamiento del Banco Unificado de Datos, actualmente en marcha blanca. Es el mayor sistema de información de delincuencia que se ha implementado en Chile y comenzó a diseñarse y a implementarse en el año 2012, por el Gobierno del ex Presidente Piñera.
La marcha blanca se inició en enero de 2014 y estaba previsto que para fines de ese año comenzara a operar normalmente, pero por alguna razón el Gobierno de la Presidenta Bachelet lo retrasó hasta ahora.
El Banco Unificado de Datos permitirá que todas las instituciones de la prevención y percusión criminal compartan los datos y trabajen coordinadamente. La agenda antidelincuencia avanza también en el Senado, lo que generó mayor ruido público fue el control preventivo de identidad, propuesto en un proyecto anterior por la administración del Presidente Piñera y rechazado en bloque por la Nueva Mayoría en 2013. Repuesto este nuevo proyecto, tras la insistencia de Chile Vamos, hoy enfrenta el rechazo del PC, el PS y un sector del PPD, que insisten en que atropella las garantías personales y expone a los chilenos a los abusos policiales.
No obstante estos avances nos sorprende el silencio de la Presidenta Bachelet frente a hechos muy sensibles para el país, tras la formalización de 10 personas por el caso Luchsinger y la sucesión de ataques incendiarios a iglesias en La Araucanía. Porque la mandataria criticó en el 2013, mientras visitaba como candidata la zona, la invocación de la Ley Antiterrorista por el crimen del matrimonio Luchsinger, asegurando que no era necesaria y porque el 22 de marzo, tras el atentado en Bruselas, convocó a un punto de prensa especial en La Moneda para transmitir su pesar por lo ocurrido y condenar enérgicamente la acción terrorista.
Comprendiendo su público interés y la condena mundial por un acto terrorista en Europa, no se entiende el silencio de la máxima autoridad del país, ante hechos, también de naturaleza terrorista, que afectan a chilenos en el territorio nacional. Los ciudadanos a lo menos demandan los mismos derechos que los delincuentes y terroristas que amenazan la vida y sus bienes que parecieran estar más cubiertos que el de las víctimas.
Frank Sauerbaum, Vicepresidente Nacional de Renovación Nacional.