El análisis económico y la experiencia nos enseñan que la habilidad empresarial es un factor de producción que los países necesitan para impulsar su crecimiento y desarrollo económico y social. El empresario, ya sea que se desempeñe en el sector público o en el privado, es fundamental para identificar proyectos de inversión; lograr el mejor uso de los recursos procurando tanto la eficiencia técnica como la eficiencia económica; promover el cambio tecnológico y, por cierto, para asumir riesgos propios de toda actividad emprendedora.

Este empresario-innovador es la antítesis de lo que normalmente llamamos un burócrata, esta persona que diseña y dirige desde un escritorio, muchas veces sin conocer las características del terreno en que se debe operar. Así, el burócrata puede dificultar la fluidez de la gestión y poner trabas sin sentido. En síntesis, contribuye a generar ineficiencias.

Burocracia e ineficiencia existen en todas las áreas del acontecer diario. No es monopolio del sector público. Por ejemplo: ¿Cuánto tiempo toma la formalización de una empresa en Chile? ¿Cuán engorroso resulta aclarar un cargo mal hecho vía internet, en una empresa comercial? ¿Cuánto tiempo hay que esperar para determinar el copago que resulta del aporte de una Isapre al financiamiento de una cirugía?

El común denominador de tales ejemplos es la burocracia, un estado mental. ¿Por qué el Gobierno conforma comités externos para estudiar temas más complejos, con el consiguiente costo en tiempo y dinero? ¿Por qué la General Motors ha establecido empresas separadas para producir y vender sus diversas marcas de automóviles? Para minimizar la burocracia, principal causante de las llamadas deseconomías de escala, es decir, del incremento en el costo unitario de producción. El burócrata ha perdido de vista el real propósito de su trabajo.

No podemos pensar que el enemigo de una bibliotecaria es el lector porque le desordena los estantes. La verdadera finalidad de su trabajo es contribuir a la lectura. Si bien para evitar ineficiencias hay que tener políticas claras, a todos los niveles, tanto en el sector público como en el privado, tener una política -una solución de carácter general para enfrentar problemas que se presentan con regularidad- no debiera significar una ley inviolable. Existe el criterio. A veces, hay que saber distinguir entre la política y su aplicación. Si se acepta que la burocracia es un estado mental, no podrá eliminarse jamás. Pero puede combatirse con liderazgo.

Alejandro Escobar Cerda, Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, U. Central.

Hace 3 años | 13 de abril de 2013

En prisión quedó presunto abusador en serie

El Ministerio Público formalizó la investigación por tres casos de abusos en la vía pública ocurridos en la comuna de San Carlos. Además, el imputado confesó otros dos delitos a mujeres. Un gendarme lo sorprendió en el acto. Fiscalía lo considera el tercer caso de un agresor sexual múltiple en 10 años.

Hace 2 años | 13 de abril de 2014

Ex intendente Tohá: "Chillán no avanzó lo esperable"

El chillanejo Jaime Tohá, ex intendente de la región, habla de su convocatoria a integrar la Comisión para Descentralización y Regionalización. La ex autoridad reafirmó su convicción

de concretar el proyecto que transforme a Ñuble en una nueva región, y reconoció que capital provincial creció menos que otras ciudades.

Hace 1 año | 13 de abril de 2015

En estudio futura red de gas natural para Ñuble

Las comunas de Chillán, San Carlos y Bulnes serían favorecidas con el proyecto de una futura red de gas natural que se extendería entre las regiones del Bío Bío y Aysén. La seremi de Energía del Bío Bío, Carola Venegas confirmó que el análisis de costo-beneficio realizado por la UdeC es revisado por el Ministerio.

Este lunes se promulgaron las leyes para el Fortalecimiento y Transparencia de la Democracia y la que Fortalece el Carácter Público y Democrático de los Partidos Políticos y Facilita su Modernización. Según lo expresado por la Presidenta Michelle Bachelet, en la ceremonia de su promulgación, en adelante "las reglas del juego cambiaron, serán más exigentes, transparentes y con prohibiciones claras".

En general, estas nuevas normativas incluidas en la Agenda de Probidad y Transparencia impulsada por el Gobierno y surgidas al alero de las recomendaciones de la Comisión -Engel, cambia el modo de financiamiento de los partidos políticos. Ahora será el Estado el garante de su funcionamiento, y ya no las empresas o particulares, a través de una asignación de $6 mil millones por año a aquellas colectividades legalmente constituidas y que cumplan con las condiciones de refichaje de sus militantes y transparencia.

La principal crítica en este aspecto ha surgido de los partidos que no forman parte de la Nueva Mayoría o la Alianza, debido a que el 80% de los aportes se repartirán según la representación parlamentaria o votos que hayan conseguido en los últimos comicios.

Entre los principales avances, se destaca el hecho de que un parlamentario podrá perder su escaño si se comprueba que cometió infracciones graves a la legislación sobre el control y gasto electoral. Del mismo modo, quienes obtengan aportes para candidaturas o partidos políticos se arriesgarán a penas de presidio y multas, así como también será penada la entrega información falsa al Servel. Así, la nueva ley busca hacerse cargo de las irregularidades detectadas en la última elección parlamentaria, con los aportes que entregaron empresas como SQM y Penta. El límite del gasto electoral fue rebajado en un 50%, con excepción de las elecciones municipales, los partidos podrán recibir más recursos del Estado al inicio de las campañas.

La norma regula también el modo en que se realizará la propaganda electoral, con mayores atribuciones de fiscalización y sanción por parte del Servicio Electoral.

Finalmente, la ley no eliminó como se esperaba los aportes reservados, sino que simplemente disminuyó de 60 UF a 40 UF, poco más de un millón de pesos, los aportes electorales, ahora llamados "aportes menores sin publicidad", los cuales no podrán superar el 25% del gasto electoral permitido. De esta manera, se da un primer gran paso a mejorar la calidad de la política a través de un financiamiento más regulado y mejor fiscalizado.