¿Libertad (in)esperada?
Cuando el presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmestch asegura que los jueces cumplieron con su deber y que su trabajo están muy bien hecho, y por otra parte Gendarmería declara que de los 788 presos beneficiados con la libertad condicional, ellos no la recomendaban en 528 de ellos en el caso de la Quinta Región, claramente se está en un contrapunto. Además, se debe considerar que por una parte la Corte Suprema forma parte del Poder Judicial, poder independiente del Estado y Gendarmería es dependiente del Ministerio de Justicia y a su vez del Poder Ejecutivo.
Si a lo anterior se agregan las opiniones de autoridades de gobierno, como de la propia Ministra de Justicia, de parlamentarios y otros, todos sorprendidos por la masiva liberación de personas para que sigan cumpliendo sus condenas en libertad; y a todo lo anterior se le agrega que antes de cumplir las 24 horas en libertad uno de los liberados ya había incumplido su compromiso y volvió a delinquir, por lo que volvió a la prisión, todo lo anterior nos lleva a un escenario en que cada parte defiende sus atribuciones para ejercer sus funciones debidamente amparadas por las leyes.
La gran pregunta que surge, ¿existirán los debidos mecanismos en las instituciones que toman estas cruciales decisiones para asumir, enfrentar y responder en el caso de provocarse una recaída masiva de los liberados en actos reñidos con las leyes con los consabidos daños directos y colaterales en los ciudadanos, todo esto sumado al actual estado de la seguridad de las personas desde mucho antes esta masiva liberación? Claramente el echarse la culpa mutuamente no ayuda a nadie, nuestra institucionalidad vigente define perfectamente los poderes y atribuciones de cada parte y esperemos que también el asumir los perjuicios y daños que se produzcan por las mismas decisiones, solo resta esperar que los beneficiados con las libertades aprecien la oportunidad y así cambiar de una vez sus vidas.
Luis Enrique Soler Milla.
Ayuda fiscal
Frente a las tragedias que la naturaleza origina periódicamente -tal como la actual con la Marea Roja- opino que el Estado debería variar toda intención de ayuda irrecuperable y disponer de una ley que contemple préstamos a largo plazo en consideración a la envergadura de la tragedia.
Los diferentes gremios en general deberían disponer de fondos propios de emergencia acumulado para tal efecto. En otras palabras, que ellos acopien dineros para cubrir períodos críticos agudos y abandonen la esperanza de la ayuda fiscal gratis. Y que a la vez dispongan del recurso del préstamo fiscal a plazo pactado.
La correspondiente garantía para dicho préstamo fiscal sería el principal escollo de esta propuesta.
Las emergencias las enfrentan todas las actividades -no sólo las comerciales y en especial las relacionadas con el mar- y la inconveniencia de la ayuda gratuita actual, invocada y presionada por los pescadores, puede sentar un severo precedente.
David Benavente C.
Legítima defensa
El dueño de bencinera que mató a dos delincuentes ahora enfrentará los cuestionamientos de la autoridad analizando si actuó o no en defensa propia. Insisto que toda esta marea de inoperancia de un sistema teórico poco práctico como el nuestro nos tiene perdidos y es lo que nos debe preocupar, llegar a conclusiones válidas en la práctica y sin limitaciones es lo fundamental. Debe recuperarse la calidad de vida de nuestra sociedad perdida a pasos agigantados en los últimos años.
Seamos prácticos y abramos los ojos para reconocer y entender qué hace que un sujeto delinque fácilmente, por qué no temen, por que eligen esa forma de vida, qué los motiva, sin quedarse en aspectos teóricos de largo plazo pues ahora se requiere de soluciones cercanas. ¿Hoy, qué otro camino ofrece nuestro sistema democrático que no es capaz de garantizarnos seguridad y libertad frente a una persona que es agredida reiteradamente por la tiranía delictual y dicha víctima cuenta con preparación para hacer uso de armas de fuego y lo haga en legítima defensa, por qué no hacerlo? ¿No será tiempo de revisar las bases mismas de nuestro sistema penal; es válido para nuestra sociedad el concepto de presunción de inocencia?; ¿cuánta influencia psicológica hay en el actuar del delincuente sabiéndose inocente por principio?
Me parece que quien es agredido y se ve obligado a defenderse o a su familia haciendo uso de su arma de fuego está en su derecho y si el resultado es la muerte de individuos la responsabilidad no es de él sino de un sistema mal concebido.
José M. Caerols S.
Vocación
Muchas personas, al elegir una carrera , lo hacen con la finalidad de ganar dinero y no porque les guste o tengan las aptitudes para ello. Por lo tanto, difícilmente serán buenos profesionales, pero sí, buenos comerciantes.
Jorge Valenzuela Araya.
