"Para atender el aumento de consultas respiratorias se consideran recursos adicionales"
Dr. Iván Paul, — Director Servicio de Salud Ñuble
"Quisiera reiterar a nuestros compatriotas que la soberanía del país no está en juego, de ninguna manera"
Michelle Bachelet Jeria, — Presidenta de la República.
Motivados por las cuantiosas deudas previsionales que los afectan, los profesores de la comuna de San Ignacio efectuarán una paralización de actividades en las afueras del municipio. La convocatoria justo en momentos en que el presidente nacional del magisterio, Jaime Gajardo, se reúnan con el alcalde Wilson Olivares.
La antigua conexión vía tren a la capital regional por el Valle del Itata suspendida en la década de los 80 podría resurgir nuevamente si el estudio de prefactibilidad que inició EFE arroja datos positivos de rentabilidad económica y de demanda de pasajeros. Así lo expresó Jorge Inostroza Sánchez, presidente de EFE.
El concejo municipal, de modo unánime, dio su visto bueno a la iniciativa, que consiste en entregar de manera gratuita productos derivados de la "cannabis sativa" a 200 familias que tengan integrantes que padezcan patologías oncológicas, dolor crónico o epilepsia refractaria. Eso sí, el municipio deberá desembolsar $35 millones.
El Colegio de Periodistas de Chile cumple 60 años el próximo lunes. Fue fundado el 11 de julio de 1956, mediante Ley promulgada por el entonces Presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo. Según sus estatutos, "el Colegio tendrá por propósito la promoción de la comunicación y defensa de la plena libertad de expresión, de prensa y de información, en el marco del respeto integral de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los mismos. Igualmente, le corresponderá promover la racionalización, desarrollo y protección de la profesión de periodista y velar por su regular y correcto ejercicio, en defensa de su dignidad".
La organización gremial nació con voluntad no sólo de proteger a los profesionales del periodismo, sino que a cautelar la ética en el ejercicio de esta profesión. Llegó a tal extremo el prestigio de la organización gremial, que el Colegio se convirtió en garante de que sus socios fueran "agentes socializadores que tienen influencia en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los distintos estamentos de la sociedad".
Para poder ejercer la profesión, se debía estar colegiado. Y para colegiarse, existían dos fórmulas: cursar estudios universitarios y el reconocimiento por méritos. Estos últimos, con el aval de varios profesionales y con los comprobantes de haber cotizado sus impuestos cumpliendo tal misión. Ser colegiado por méritos distinguía más, ya que sus pares le reconocían y su experiencia le avalaba. Ahora, sólo con el título profesional universitario el periodista puede colegiarse, en una acción voluntaria.
Antes, el Colegio garantizaba, cautelaba y protegía la profesión y a sus socios. Fiscalizaba a los medios de comunicación y denunciaba a los propietarios que no cumplían con el pago de aranceles mínimos y las cotizaciones previsionales. Y denunciaba también a quienes ejercían la profesión sin estar colegiados. Tras el golpe de estado del 11 de septiembre de 1973, las organizaciones gremiales sufrieron cierres, persecución y muerte. Muchos profesionales del periodismo fueron víctimas de aberraciones que no pueden ni deben ser olvidadas. Las listas son largas y dolorosas.
Tras esa noche negra, el Colegio de Periodistas está luchando por recuperar la dignidad profesional, por cautelar la ética profesional, por retornar al concepto de que el periodismo es un bien social y no un producto. Y quienes lo practican, deben ser responsables ante la sociedad, por sobre quienes controlan los medios de comunicación.
Miguel Ángel San Martín Periodista.
El gobierno ha puesto en marcha, con aprobación del Congreso Nacional, la agenda corta antidelincuencia, medida ampliamente esperada y que tuvo una larga -y no menos polémica- tramitación legislativa. En concreto, en adelante las policías contarán con mayores atribuciones en materia de fiscalización, pero también en cuanto a la investigación de delitos como los robos, que más masivamente afectan a la población.
Sin duda que la atribución más debatida de esta agenda gubernativa fue la del control de identidad que, tal como fue aprobada la ley, faculta a Carabineros de Chile a realizar una fiscalización aleatoria preventiva a todos los mayores de 18 años de edad con la finalidad de corroborar su identidad y si la persona se negara, podría enfrentar sanciones judiciales pecuniarias, ya sea por ocultarla o dar una identidad falsa. Esta norma recibió muchas críticas por el temor de que en la aplicación de esta atribución policial se produjeran excesos, sesgos o discriminaciones. El propio jefe de la Defensoría Penal Pública de Chillán criticó la medida pues -a su juicio- restringe la libertad individual de las personas.
En este sentido, chocan indudablemente los derechos con la necesidad de que las policías cuenten con elementos que les permita cumplir su labor con certeza jurídica, protección de los Derechos Humanos, pero de manera efectiva.
Como contraparte, la Fundación Paz Ciudadana ha criticado que esta medida se realice de manera aleatoria, en circunstancias que el delito no se produce de forma aleatoria sino que focalizada en ciertos sectores y por grupos minoritarios de personas. Por este motivo, el directorio del organismo propuso en abril incorporar al texto que los controles se realicen en lugares públicos donde se pueda prever la ocurrencia de delitos, fundándose en su mayor frecuencia en determinadas localidades o cuadrantes.
Por su parte, la agenda antidelincuencia incorpora sanciones más elevadas para los delitos violentos y establece que los maltratos a la autoridad -policías y gendarmes- serán sancionables con penas que van desde los 540 días hasta los 20 años de cárcel, de acuerdo a su gravedad. Finalmente, se incorpora la facultad de utilizar estrategias policiales sólo aprobadas hasta ahora para delitos vinculados a la Ley de Drogas, como vigilantes encubiertos, entregas vigiladas, escuchas telefónicas en caso que existan antecedentes de asociación ilícita para cometer robos, hurto o receptación de especies. También las policías podrán acceder a domicilios sin orden judicial cuando se sorprenda un delito en el acto. Con este respaldo a la labor policial, se busca atacar la enorme inseguridad que existe en la ciudadanía frente a hechos delictivos, donde muchas veces las policías no tenían atribución para combatirlos.