El gran discurso político de la NM ha sido el combate a la desigualdad. Eso fue lo que permitió a la Presidenta Bachelet consolidar un triunfo electoral y es lo que está detrás de su programa. Al igual que sucedió con el caso CAVAL en que la familia y cercanos a la presidenta aparecen involucrados en irregularidades que les habrían permitido obtener utilidades por miles de millones de pesos y acceso a créditos por sus posiciones de poder, el caso de Gendarmería nuevamente desnuda las serias contradicciones en el centro de la Nueva Mayoría.

Camilo Escalona ha señalado que las pensiones obtenidas por el ex altos funcionarios de Gendarmería "atenta contra la igualdad ante la ley", sin embargo, militantes socialistas no tuvieron inconveniente ético ni político alguno para solicitar acceso a pensiones que claramente exceden a las que puede acceder el resto de la población.

Los privilegios obtenidos por razones políticas deberían ser rechazados por todos los sectores políticos, pero sobre todo por aquellos que han fundado su discurso en su combate. El mismo mal que aquejó a la antigua Concertación el abuso del Estado, se vuelve a instalar a fines de la década de los 2000, fueron las denuncias de corrupción y mal uso de los recursos públicos lo que melló las posibilidades electorales de la Concertación. La historia parece estarse repitiendo, el abuso de los privilegios del Estado, su utilización para beneficio personal y la total despreocupación por los efectos que las políticas implementadas están teniendo en el empleo, el crecimiento y las oportunidades para los chilenos, comienza a avizorar el fracaso de la Nueva Mayoría.

Casos como el MOP-GATE que acaba de ser resuelto por la justicia, con sentencias condenatorias para el ministro y los operadores políticos involucrados, son los que hicieron perder toda credibilidad a la Concertación. Ya el año 2007, se habían recibido denuncias de irregularidades en Gendarmería asociadas a asesorías realizadas por figuras políticas ligadas a la Nueva Mayoría, en los que figuraban el actual diputado Osvaldo Andrade, el hoy Ministro José Antonio Gómez y la ex ministra Marigen Hornkohl. Ahora las denuncias están dirigidas a las millonarias jubilaciones que reciben los altos mandos y directivos civiles de la institución.

De acuerdo a la información aparecida en los medios de comunicación, funcionarios que no permanecían más de 18 meses en cargos con altas remuneraciones presentaban sus renuncias y accedían a cuantiosas jubilaciones. El Consejo de Defensa del Estado y la fiscalía no han descartado iniciar investigaciones penales en el caso que exista un "ardid" para obtener estas jubilaciones, ya sea aumentando sus sueldos en forma concertada o mediante asignaciones que no correspondían. Ojalá esta vez sí, la investigación arroje responsables, y los que viven de los privilegios que le da el poder respondan por sus irregularidades.

Frank Sauerbaum, Presidente Regional de Renovación Nacional en el Bío Bío.

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