Municipio continuaría en guerra judicial contra 'Casinos Populares'
CHILLÁN. Tras inasistencia de abogado querellante a juicio simplificado, buscarán retomar acción que lleva adelante por seis roturas de sello.
Ya desde el inicio de la gestión de Sergio Zarzar como alcalde de Chillán, en 2008, el evitar que proliferen los 'casinos populares' lo ha asumido como una guerra personal, y por ello ha recurrido a distintos estamentos del Estado para regular su funcionamiento.
Pero lo cierto es que desde 2014 que no se han podido extinguir estos negocios; de hecho, actualmente subsisten más de 15 de estos recintos comerciales dentro de las cuatro avenidas principales de la ciudad.
El 6 de septiembre de 2013 entró en vigencia la ordenanza municipal, respaldada por el Concejo, que impedía la apertura de locales de juegos que entregaran premios en dinero. No obstante, el 30 de enero de 2014 la Contraloría General de la República dictaminó en un requerimiento en Concepción que "las entidades edilicias no pueden, mediante la dictación de ordenanzas relativas al desarrollo de actividades gravadas con patentes municipales, imponer mayores exigencias que las legalmente previstas al afecto".
Pese a este dictamen, y con una ordenanza municipal que lo respaldaba, el 28 de octubre de 2014 se incautaron 15 máquinas por parte de carabineros e inspectores municipales desde un local ubicado en la esquina de Arturo Prat con Isabel Riquelme, aunque pocos días después el mismo recinto yacía abierto al público.
Esa incautación abrió el primer expediente judicial, ya que el abogado Héctor Mella representó al dueño del local e interpuso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Chillán, que falló en su favor. De hecho, se determinó que el procedimiento fue ilegal.
Meses después, en los primeros dos meses de 2015, los locales de juegos de destreza irrumpieron nuevamente en el centro de Chillán. Se clausuraron al menos ocho de ellos; incluso en fiscalizaciones masivas, por lo que Zarzar perdió la paciencia y denunció la rotura de los sellos ante la fiscalía local de Chillán, específicamente el 5 de mayo de 2015. Después de casi un mes, el 20 de junio, concurrió hasta el tribunal de Garantía de Chillán, donde interpuso tres querellas.
A raíz de estas tres acciones judiciales se inició una investigación a cargo del fiscal designado para los delitos económicos, Mauricio Mieres, quien formalizó la causa por rotura de sellos en contra de siete personas, entre las que hay tres propietarios y cuatro empleados, que usualmente ejercían de administradores de los locales, y por ello también fueron investigados.
Este capítulo judicial tuvo la particularidad de que recién el día miércoles 13 de julio se realizara una audiencia de juicio simplificado en el tribunal de Garantía de Chillán, a cuya cita llegaron sólo cinco de ellos, y uno, identificado como Juan Rubio, terminó aceptando los cargos que se le imputaron.
El resto, enfrentará una audiencia de juicio oral simplificado el próximo 17 de agosto al mediodía.
Reacciones
Las críticas nacidas ayer en el Concejo de Chillán fueron para Pedro San Martín, abogado que no se presentó a la audiencia de juicio simplificado.
"Nosotros desde hace tiempo sabíamos lo que iba a ocurrir. Hemos preguntado respecto a la situación de la denuncia que hizo el alcalde y el concejal Joseph Careaga, lo que a la fecha no ha dado resultado porque no le ponen interés. Eso está probado porque el abogado no asistió a la audiencia, entonces uno ve un funcionamiento irregular", planteó el concejal Juan López Cruz, del Partido Radical.
Por su parte, el concejal comunista Víctor Sepúlveda señaló que la situación no es nueva, y que particularmente en este caso nunca esperó que el municipio actuara con prolijidad.
"A nosotros nos obligaron a aprobar esta ordenanza municipal que regula el funcionamiento de estos recintos", dijo el edil, agregando que "me extraña que se propicie denunciar a estos locatarios para que se cerraran, con amenazas judiciales, pero ahora deja harto que desear que no se hayan presentado al juicio".
Respuesta del abogado
Pedro San Martín es el representante jurídico del Municipio de Chillán. Bajo su cargo están todas las acciones judiciales que tiene la entidad, tanto en materia civil como penal.
Consultado respecto a su ausencia en la audiencia realizada el miércoles, le bajó el perfil, aduciendo que la acción judicial continúa su rumbo en tribunales.
"No se trata de que se haya abandonado la causa, el delito es precisamente de acción pública y es el Ministerio Público el que sostiene la acción. El querellante puede o no concurrir a las instancias del juicio, el mismo que necesariamente continúa con el impulso fiscal", argumentó Pedro San Martín.
A ello, el jurista agregó que "la condena al primer imputado es reflejo que la asistencia o no del querellante no es relevante para la consecución del juicio".
Otro punto que abordó, y destacó San Martín, fue la sentencia de 41 días de presidio (con pena remitida) y el pago de 1 Unidad Tributaria Mensual que deberá realizar Juan Rubio, quien era encargado de un local que se reabrió tras ser clausurado por el municipio. Por ello, el tribunal de Garantía fue el que dictó sentencia.
"Creemos que es una buena señal en orden a que los contribuyentes, cuando se les clausuran sus locales, cualquiera que éste sea, deben respetar la medida dispuesta por la autoridad", señaló el abogado Pedro San Martín.
La piedra de tope
Dentro de la expedición punitiva del municipio, el Grupo Jurídico Lex ha sido su principal piedra de tope.
De hecho, su director jurídico, Héctor Mella, si bien estuvo en la audiencia pero no en los alegatos del día miércoles, planteó que la fiscalía no posee una base de Derecho sólida para condenar a los seis imputados que restan por enjuiciar.
De hecho, calificó como poco seria a la fiscal Marcia Venegas, que estuvo en el tribunal el día miércoles, ya que rechazó la presentación en juicio de pruebas como el dictamen de Contraloría, por ser un requerimiento hecho en Concepción, a lo que Mella contestó que "habla de su ignorancia, porque los dictámenes son obligatorios y vinculantes para todos los municipios del país".
Además, dijo estar confiado en que ningún locatario ha incurrido en ilegalidad, dado que el término casino popular en sí es incorrecto, ya que las máquinas de juegos son de destreza, y ningún peritaje hasta ahora ha demostrado lo contrario. "La municipalidad alega e incauta máquinas si dio patentes provisorias, pero la relación es que se dio patente por juegos electrónicos y por eso está todo dentro de la Ley", dijo Mella, quien en marzo de este año se querelló contra Zarzar por delito funcionario, "al negarse a entregar una patente o darle tramitación adulterando información, lo que es abuso contra particulares".