A grandes rasgos, existen dos grandes modelos de sistemas de pensiones; de capitalización individual (o privado) y de reparto (o público). Entre los países miembros de la OCDE, estos últimos son los de mayor predominancia, y son sólo trece los que cuentan con esquemas privados o cuasi privados. Los resultados que ambos tipos de sistemas han arrojado durante las últimas décadas, amplificados tras la crisis financiera de 2008, han tenido por consecuencia una tendencia de convergencia hacia sistemas mixtos.
La evidencia indica que durante las primeras décadas, los sistemas de reparto -donde las pensiones son financiadas por los trabajadores activos y el Estado- otorgaron buenos resultados. La cobertura era casi total y el nivel de pensiones que recibían los adultos mayores les permitía conservar la calidad de vida que mantenían antes de abandonar el mercado laboral. Los valores de estas variables hacían pensar, o más bien corroboraban, que el sistema funcionaba de manera eficiente, pues claro, contaban con una masa de trabajadores bastante superior a quienes debían mantener. Eran sociedades con tasas de natalidad altas y por ende el envejecimiento estaba controlado. Sin embargo, con el paso de los años, en especial tras la Industrialización, las sociedades experimentaron drásticas transiciones demográficas; la natalidad disminuyó radicalmente y la esperanza de vida aumentó.
Según cifras de la OCDE, en países como Francia, Italia y España las personas viven por lo menos 20 años más desde la edad de jubilación, de manera que sostener este sistema para el Estado se ha hecho cada día más pesado. Lo anterior ha presionado a todos los miembros de la Organización a implementar ciertas reformas orientadas a la sostenibilidad financiera, cobertura e incentivos laborales.
De esta forma, la experiencia mundial ha demostrado un sesgo de preferencias hacia reformas que han implicado pasar desde un sistema de reparto a uno multipolar con un componente de capitalización individual. ¿Qué nos sugiere lo anterior? Que indudablemente los países desarrollados, en los que el envejecimiento de la población ha sido más rápido, se están girando, y aún lo harán más rápidamente en los próximos años, hacia sistemas de pensiones con un menor peso público y, por lo tanto, con un mayor componente de capitalización. El fracaso de los sistemas de reparto se debe en primer lugar, a transiciones demográficas importantes, con una presencia de trabajadores activos menor que la de pensionados receptores de beneficios. Aquello no puede acabar de otra forma que aumentando el gasto público, porque los políticos saben muy bien que recortar los beneficios se traduce en un costo para ellos. En segundo lugar, y relacionado con lo anterior, se debe a las promesas de beneficios por parte de los gobiernos de turno, una herramienta eficiente en atraer votos, pero que ha conducido a múltiples naciones a la banca rota. Esperemos no llegar a lo mismo.
Frank Sauerbaum, Presidente Regional de Renovación Nacional en el Bío Bío.