Nos preguntamos por qué no se toman las medidas necesarias para eliminar el uso de las bolsas plásticas, más cuando sabemos que una vez utilizadas resulta prácticamente imposible su eliminación, lo que acrecienta la basura y contamina el medio ambiente. Su característica no degradable las hace mantenerse por décadas sobre la tierra dañando un recurso único y que nos pertenece a todos.

Necesitamos legislar para sacarlas de nuestro estilo de vida. Si, porque si buscamos culpables encontraremos muchos: quienes las fabrican, quienes fomentan su uso, quienes las ponen en circulación y quienes las utilizan, pero de ellos nadie asumirá las tristes consecuencias que genera su presencia en nuestro planeta, en nuestra tierra. Estamos acostumbrados a caminar por la vereda del frente observando el problema como si fuera del vecino y no algo propio, por lo mismo, comprendiendo que somos tanto o más responsables que el vecino en esta situación, es que debemos exigir a nuestras autoridades que tomen cartas en el asunto y las saquen de circulación.

Sabemos también que la tarea no es fácil y que las gestiones deben estar acompañadas de una educación medioambiental para la comunidad, de manera que la gente comprenda y dimensione el daño que hacen las bolsas plásticas a nuestros recursos naturales. La difusión de esta información es una herramienta vital para crear conciencia y responsabilizar a grandes y pequeños de la duración y condición de nuestro medioambiente. El fruto de esta educación será la exigencia que hará la población a sus representantes para eliminar este producto dañino de nuestra cotidianidad.

En el escenario actual es complejo eliminar de raíz el problema, pero si los municipios pueden realizar una gran contribución generando ordenanzas que logren destrabar legalmente la situación y que favorezcan un ambiente limpio, saludable y libre de elementos contaminantes. Sin embargo, y aun cuando resulta importante lo que la autoridad local pueda hacer al respecto, necesitamos que la voluntad de tomar una decisión emane de una instancia nacional, la que a través de una ley modifique este aspecto tan relevante en el estilo de vida de los chilenos.

Reinaldo Espinoza, Cámara de Comercio,

Industrias, Turismo y Servicios de Chillán-Ñuble.

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) emitió esta semana el primer "Catastro y Caracterización de Salas de Máquinas de Juego Electrónicas" en Chile, realizado por la Dirección de Servicios Externos (DESE) de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Estudios Urbanos de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que contabilizó más de 3 mil locales comerciales con patente municipal vigente para uso de juegos electrónicos.

Este catastro permitió determinar que prácticamente en la mitad de estos locales (1.327) operan máquinas electrónicas que entregan premios en dinero, y por tanto son consideradas "de azar" por esta entidad, lo que significa que están funcionando sin respetar la normativa vigente que establece que estas máquinas sólo pueden ser explotadas en los casinos autorizados por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Tan sólo en la ciudad de Chillán, el catastro determinó que existen 416 máquinas que funcionan en esta condición de ilegalidad, con un promedio de 34,66 máquinas por local. Este informe no sólo establece la irregularidad manifiesta en la que se encuentran una docena de locales comerciales en la capital de la Provincia de Ñuble, sino que además validad como correcta la Ordenanza Municipal N°1 (Decreto Exento N°202/4501 de 2013) que norma esta actividad en la ciudad y ante cuyas vulneraciones el municipio local ha optado por cursar infracciones e interponer acciones judiciales en los casos en que se ha generado la rotura de sellos por parte de los locatarios para seguir funcionando haciendo caso omiso a la normativa vigente.

Sin embargo, es importante consignar que el municipio ha tenido una postura cambiante y poco consistente frente a esta problemática, lo que redunda en que los locales sigan abiertos. Una de estas situaciones fue el abandono de la causa por parte del abogado del municipio, quien pese a haber interpuesto una querella no se presentó en la audiencia de juicio simplificado argumentando que la persecución legal no cambiaría al estar en manos de la Fiscalía. No obstante, tal argumento sólo refleja el desinterés del municipio por aportar antecedentes en la causa y llevarla a buen término como querellantes. De igual modo, durante este año, los inspectores municipales no han seguido una política de fiscalización permanente, lo que se grafica en que las clausuras de locales cesaron tras la primera oleada de inspecciones con apoyo de Carabineros. Es de esperar que este catastro de la SCJ, y los instructivos que emanarán hacia los municipios, entregue más herramientas para una efectiva fiscalización que permita que la ordenanza no sea letra muerta para muchos comerciantes.

Hace 3 años | 20 de Julio de 2013

$40 millones deberá pagar el Estado a paramédico

Luego de tres años de tramitación, el Segundo Juzgado Civil de Chillán falló en primera instancia a favor de Elvira Sandoval, paramédico del Hospital Herminda Martín de Chillán. La funcionaria demandó al Servicio de Salud Ñuble, por concepto de daño moral, lucro cesante y daño emergente, por la leucemia que contrajo laborando.

Hace 2 años | 20 de Julio de 2014

Gazmuri renuncia al PPD por "no ser considerado"

Ayer, justo cuando se realizó el Consejo General del Partido Por la Democracia (PPD), en Santiago, la colectividad dejó de contar con un militante en la provincia: El concejal por Chillán Viejo, Rodolfo Gazmuri. "Mi renuncia obedece a que no me siento parte de un proyecto en equipo", aseveró el concejal con primera mayoría local.

Hace 1 año | 20 de Julio de 2015

Sancarlina damnificada es acusada de vender su casa

Una demanda civil ante el Juzgado de Letras de San Carlos interpuso el Servicio de Vivienda y Urbanización en contra de la dueña de casa Gabriela Cano, quien realizó un contrato de compraventa de una vivienda construida a través de un subsidio habitacional otorgado en 2011 por el servicio, por un monto cercano a $ 14 millones.