Los concejales Jorge Del Pozo, Rodolfo Gazmuri, Pablo Pérez y Patricio San Martín coincidieron en que el hecho de haber sido demandados por el alcalde de Chillán Viejo, Felipe Aylwin, por indemnización de perjuicios, los tomó por sorpresa.

Cabe recordar que el jefe municipal emprendió la acción legal porque fueron los cuatro ediles quienes rechazaron, en diciembre de 2015, el presupuesto para la Dirección Municipal de Salud, donde la titular Marina Balbontín recibiría una asignación especial ascendente a $700 mil. Esto llevó a que la profesional presentara una demanda laboral contra la casa edilicia, que fue condenada a restituir dicho monto y de manera retroactiva, incluyendo ajustes e intereses una vez que la sentencia quede a firme y ejecutoriada.

"Me enteré por la prensa, pero estoy muy tranquilo. Llama la atención que hoy recurra a tribunales, que quiera buscar un empate, se haya quedado solo frente a tantos cuestionamientos en Contraloría", dijo Rodolfo Gazmuri.

Por su parte, Pablo Pérez, quien también dijo haberse enterado de la demanda a través de Crónica Chillán, planteó que "en aquel entonces se rechazó el presupuesto por los problemas de gestión, porque había que evaluar el ordenamiento de la dirección de Salud, y consideré que no estaban todos los elementos para decir que fuera lo más justo".

Jorge del Pozo dijo que esta es una acción política. "Me demandó en 2012 y lo repite en 2016. Eso causa extrañeza. Estoy tranquilo; además, con una gestión así, volvería a rechazar su asignación", expresó.

Patricio San Martín, en tanto, dijo que el presupuesto debió ser mejor distribuido para otros requerimientos del área de salud. "En su momento voté con el respaldo de muchos vecinos que consideraban injusta la asignación", dijo.

Danny Fuentes Espinoza

"Más vale perder un minuto en la vida que la vida en un minuto", fue el aforismo que planteó el jefe de la Tenencia de Carreteras de Ñuble, capitán Carlos Cortés, refiriéndose a la mayor causa de accidentabilidad en las carreteras de la zona, donde los peatones aparecen como protagonistas, básicamente por falta de autocuidado.

Las campañas preventivas de Carabineros este año han abordado el consumo de alcohol en los automovilistas, y los accidentes que tienen como factor que conductores no estén atentos a las condiciones del tránsito por ocupar su teléfono. Pero según afirmó el capitán Carlos Cortés, el hecho de que dos personas hayan fallecido la tarde del día lunes en la ruta 5 Sur, tras cruzar por un sector no habilitado, habiendo una pasarela, revela una realidad que este año se ha visto con mayor frecuencia.

De hecho, en lo que va del año han muerto 49 personas en accidentes del tránsito, siendo 15 de ellos peatones que fueron impactados. Si se compara igual periodo pero en 2015, las cifras hablan de que los muertos ascendían a 38 y de ellos, 10 eran peatones. Lo anterior se traduce en un incremento de 29% este año. Hasta ahora, se ha resuelto que en ningún caso ha sido culpa del automovilista.

De hecho, el sábado 21 de mayo, un hombre que transitaba en estado de ebriedad en el camino a Cato atropelló a una mujer. Fiscalía invocó la Ley Emilia y pidió que quedara en prisión por al menos un año, tal como estipula la ley; sin embargo, el informe de la Sección de Investigación de Accidentes del Tránsito (Siat) estableció que la mujer circulaba también en estado de ebriedad y se desplazaba en plena calle.

El capitán Carlos Cortés, quien se desempeña como jefe de la Siat, informó también que en 2015 se registraron 78 fallecidos, de los cuales hubo 22 atropellos. "Insisten en cruzar por sobre las barreras de contención, y lamentablemente con eso se exponen a accidentes, lo que hace que el cruce sea sorpresivo para los conductores. Eso, en el caso de las rutas como la 5 sur, donde la velocidad de los automovilistas supera los 100 kilómetros por hora, puede causar un volcamiento o un choque contra las barreras de contención porque es muy difícil reaccionar", señaló el oficial de Carabineros, quien aseveró que durante el resto de fines de semana largo y feriados que se avizoran, habrán campañas para difundir las leyes del tránsito que son poco respetadas.

La abogada Francisca Vásquez, de la Defensoría Penitenciaria, unidad dependiente de la Defensoría Penal Pública (DPP), consiguió que dos nuevos reos fueran beneficiados con la libertad condicional, cuyos casos no fueron aprobados a principios de mayo por la polémica Comisión, que a nivel país liberó a más de 2 mil internos.

La Comisión de Libertad Condicional, encabezada por el presidente de la Corte de Apelaciones de Chillán, Guillermo Arcos, y que integran además dos jueces del Juzgado de Garantía chillanejo, otras dos del Tribunal Oral y el secretario del tribunal de alzada, rechazaron el 2 de mayo otorgar el beneficio carcelario a Joselito Morales y Sebastián Nahuelhuen, quienes cumplen pena de 5 años y un día por robo con intimidación, teniendo como saldo menos de 240 días.

Por ello, la abogada presentó un recurso de amparo, en que expresaba que cumplían todos los requisitos para adjudicarse la medida.

"La conducta registrada por ambos internos durante su vida intrapenitenciaria ha sido calificada como muy buena, lo que les ha permitido la obtención y mantención de beneficios dentro de la cárcel", argumentó Francisca Vásquez, agregando que actualmente "ambos se encuentran haciendo uso de salida controlada en el medio libre y de fin de semana". De hecho, ambos mantienen contratos vigentes con dos empresas constructoras que los están apoyando en su reinserción social.

A nivel nacional, en Talca fue conocido un caso en que se recurrió hasta la Corte Suprema para que se liberara a un interno. Eso ocurrió en junio, mismo mes en que Vásquez consiguió, ante el máximo tribunal, que se otorgara beneficio contra un sujeto, por lo que los liberados en esta jurisdicción llegó a 14 condenados.