En al menos 40 años no podrá pedir un beneficio carcelario José Baudilio Troncoso González, de 49 años, quien fue condenado a presidio perpetuo calificado, luego de que la fiscalía de Quellón acreditara que el hombre, oriundo de El Carmen, ultrajó sexualmente a seis niños en la región de Los Lagos.

La decisión fue adoptada por el tribunal Oral en Lo Penal de Castro, por primera vez en la provincia de Chiloé desde que se implementó la reforma procesal penal, luego de establecerse que el acusado violó y abusó de seis menores de entre 9 y 13 años, a partir del año 2009.

De las víctimas -tres niños y tres niñas- hubo dos que estaban bajo su cuidado, ya que eran los hijos de su pareja. A otra víctima, además, la atacó sexualmente en un río de El Carmen, en medio de un viaje que realizaron a la zona. En todos los casos, que eran parientes de su conviviente, los tenía amenazados para que no revelaran lo ocurrido hasta el año 2013.

El fiscal de Quellón, a cargo del caso, Rodrigo Valladares, señaló que por el daño causado a los menores, la pluralidad de delitos y la reiteración de los mismos, se dio la máxima pena Código Penal.

Un día después de que la Corte de Apelaciones de Chillán revocara una sentencia de primera instancia y condenara al Estado a pagar $1.044 millones a las cinco familias que vivían en la calle colindante con la cárcel local, fue el mismo tribunal que ayer confirmó el fallo que rechaza indemnizar a la familia de uno de los internos que la noche del 27 de febrero de 2010 estaba dentro del recinto penal y falleció a causa del incendio.

Ya el 12 de agosto de 2014, el primer juzgado civil de Chillán había rechazado condenar al Estado de Chile por el actuar que tuvo Gendarmería aquella madrugada, cuando infructuosamente contuvo una fuga masiva de hombres que tras la caída del muro que da hacia 5 de Abril, incendiaron el recinto y las viviendas vecinas.

"El tribunal considera que Gendarmería de Chile no fue indiferente al desarrollo de los hechos acaecidos el día de la muerte don Horacio Núñez Zambrano (Q.E.P.D), servicio público, y que dentro de sus posibilidades, con la dotación de recursos con que contaba y las actividades desplegadas (apreciadas en concreto) logró la captura y el control de una gran número de internos, así como mantener un cierto orden en el recinto penitenciario, logrando controlar los focos de incendio generados al interior de dicho recinto carcelario", sostiene el fallo confirmado de la primera sala de la Corte, presidida por Guillermo Arcos.

Danny Fuentes Espinoza

Para el 13 de octubre, a las 9.40 horas, quedó fijada la audiencia de juicio simplificado en contra del concejal de Chillán Viejo, Patricio San Martín, luego de tres meses de la investigación que formalizó en su contra la fiscalía local por conducción en estado de ebriedad, amenazas a carabineros en servicio y ocultamiento de su identidad.

La causa se inició en el tribunal de Garantía el 22 de mayo. Aquella madrugada, cerca de las 4.50 horas, San Martín Solís conducía su vehículo por avenida Francisco Ramírez, en la intersección con avenida Argentina, "cuando chocó una barrera de contención peatonal ubicada al costado sur de la calzada frente al hospital Herminda Martín", según la acusación del fiscal Eduardo Planck.

Tras el accidente, y de acuerdo a lo que señala el Ministerio Público, se acercaron personas a observar el accidente de tránsito, constatando que el conductor (San Martín) tenía hálito alcohólico y presentaba incoherencia al hablar, además una contusión entre su mejilla y ceja izquierda. Carabineros de la tenencia de Chillán oriente, entre ellos un suboficial y dos sargentos, llegaron al lugar y le requirieron su identidad, recibiendo una respuesta negativa por parte del concejal. "Se niega a dar sus antecedentes, amenazando groseramente al personal policial con agredirlos si lo sacaban del lugar", narra el documento judicial.

Los uniformados emplearon la fuerza necesaria para esposarlo, lo ingresaron al hospital y pese a que se encerró en el baño, abrieron la puerta y le practicaron la alcoholemia, que arrojó 0.93 gramos de alcohol por mil en la sangre.

El fiscal Planck pedirá el 13 de octubre, 10 días antes de las elecciones municipales, que San Martín -quien tiene irreprochable conducta anterior- cumpla una pena de 300 días de presidio, multa de 5 UTM y suspensión de licencia de conducción por dos años; todo lo anterior por el delito de conducción en estado de ebriedad causando daños, con la accesoria de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena. Asimismo, por la ocultación de identidad y falta de respeto a la autoridad (carabineros), pidió en total 10 UTM de multa, además de un mes adicional de suspensión de su licencia de conducir.

Consultado por esta situación, Patricio San Martín señaló que a la fecha no ha sido notificado; por ello tampoco sabía de los requerimientos del Ministerio Público. No obstante, dijo que "no es para alarmarse por la pena que pide fiscalía, porque siempre son más altas de lo que otorgan los jueces". Además, señaló que no se ha replanteado su candidatura. "Lo del juicio lo tengo que ver con mi abogado todavía", subrayó.