Danny Fuentes Espinoza

Autoridades activas, otras ya retiradas, así también candidatos para las próximas elecciones municipales, junto a miembros de partidos políticos, familiares y amigos de víctimas de la dictadura en Ñuble, reflexionaron durante el día de ayer sobre los 43 años transcurridos del Golpe de Estado de 1973.

No obstante, fue en el Parque de la Meditación, en avenida Brasil, donde se concentró la principal actividad, donde se realizó un acto cultural que inició pasadas las 13.30 horas, con casi un centenar de asistentes.

En la ocasión, tuvo la palabras la gobernadora de Ñuble, Lorena Vera, quien asistió junto a su familia. "No hay que permitir que aquellos que han sufrido tanto no tengan el reconocimiento que merecen y les corresponde. Estamos acá sin afán de individualismo ni personalismo político. Nuestro trabajo debe ser a construir en conjunto por el bien de los nuestros y los que vienen después de nosotros", señaló la primera autoridad provincial.

Para finalizar su intervención, planteó que "todavía no hemos alcanzado toda la justicia que se requiere y todos tenemos que avanzar hacia allá. Cuando son menos los que callan y más los que contribuyen, por supuesto que se logra avanzar mucho más".

Para los miembros de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, el 11 de septiembre es una fecha que ellos mismos calificaron como "amarga".

Rosario Peña, presidenta de la agrupación, mencionó que hasta ahora, el caso del teniente (r) que fue condenado a 5 años y un día por el secuestro de cuatro chillanejos no los deja conforme. "Es una pena irrisoria para todo el daño que hizo", dijo.

"Sentimos que en Ñuble no se ha avanzado lo suficiente en materia de verdad y justicia, que es lo que nosotros pedimos", señaló Rosario Peña.

Por su parte, Teresa Retamal, declaró que incluso situaciones como la del brigadier Miguel Krassnof, que postula a la comisión de Libertad Condicional para tener beneficio carcelario puso en alerta a la agrupación. "No le hace bien al país que una persona como él, que hizo tanto daño, esté libre. Debiera estar en una cárcel, y no en Punta Peuco, que tiene sus privilegios, sino que en una cárcel común, como el resto de los delincuentes", dijo Retamal.

Al término del acto, los asistentes depositaron claveles rojos sobre el memorial instalado en avenida Brasil con el nombre de parte de las víctimas.

Luego de que la junta de vecinos del sector El Rosal de Pinto acudiera a la Corte de Apelaciones presentando un recurso de protección contra el municipio y el Serviu, los socios de la cooperativa del mismo sector lamentaron esta medida, puesto que ya estaban negociando una solución no judicial.

Así lo manifestó Jorge Ramírez, presidente de la Cooperativa de "Agua Potable El Rosal", que hace ya tres semanas se había sentado conversar con el equipo jurídico del Serviu, proponiendo que como socios iban a costear las obras de reparación del alcantarillado que desde 2010 comenzó a presentar colapso, escurriendo sus desechos por la vereda, provocando malos olores y riesgo sanitario. La inversión de la cooperativa podría ser recuperada cobrándole a los vecinos mediante el costo del alcantarillado. Sin embargo, con el recurso judicial en curso, el Serviu no puede concretar el acuerdo. De hecho, respondieron a la acción judicial de la junta de vecinos diciendo que entre las obras del alcantarillado hechas entre 2007 y 2008, "las uniones domiciliarias no quedaron habilitadas". Eso, con el terremoto, fue la causa de que el alcantarillado colapsara, "debido a que los propietarios de las viviendas se conectaron al sistema de aguas servidas sin autorización del Serviu".