CDE recurre a la C. Suprema por fallo sobre caída del muro de la cárcel
27/F. Buscan revocar decisión de la Corte de Apelaciones de Chillán que condenó al Fisco a pagar $1.044 millones a cinco familias saqueadas por la turba de internos, post terremoto de 2010.
Cuando ya han transcurrido más de seis años y medio desde que ocurrió el megaterremoto 8.8° que dejó serios daños en la región del Bío Bío, los afectados chillanejos por el derrumbe del muro de la cárcel, por donde escaparon 260 internos, se alista para su última etapa.
De los dos juzgados civiles de Chillán (1° y 2°) hubo sentencia contraria a los intereses de los cinco grupos familiares de la calle 5 de Abril; sin embargo, el 6 de septiembre recién pasado la Corte de Apelaciones de Chillán revocó el fallo de primera instancia y decretó que el Estado debería pagar $1.044 millones a los demandantes, entendiendo que hubo falta de servicio por parte de Gendarmería, al no hacer mantenciones al muro perimetral del recinto penitenciario.
Sin embargo, el pago de esta indemnización por daño material, daño emergente, indemnización de perjuicios y otros ítem, será postergado, dado que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) ingresó el día sábado 24 de septiembre el recurso de casación, que de ser declarado admisible será elevado a la Corte Suprema, donde se resolverá definitivamente la causa civil.
El abogado procurador (s) del CDE en Chillán, Gabriel Urrutia, presentó el recurso, "a fin de que una vez declarado admisible se eleven los autos a la excelentísima Corte Suprema para que conociendo de él, lo admita a tramitación y, en definitiva, lo acoja y anule el referido fallo y dicte una sentencia de reemplazo, que revoque la sentencia de segunda instancia y declare que no existió falta de servicio del Fisco de Chile, que los daños se produjeron por fuerza mayor y caso fortuito, esto es, confirmando la sentencia de primer grado".
Según planteó el jurista, quien por ahora reemplaza a la procuradora titular, Mariella Dentone, expuso entre sus argumentos que "la errónea interpretación y consecuente falsa aplicación de las normas citadas se ha producido en la medida que en la sentencia se calificó como falta de servicio (o como hipótesis genérica de responsabilidad civil extracontractual) un supuesto fáctico que no reúne las características necesarias para ello, toda vez que efectúa un análisis que no atiende a las principales características, elementos y requisitos que la falta de servicio debe reunir para que se pueda estimar como concurrente en un caso particular".
Asimismo, desde el CDE buscan hacer ver a los jueces del máximo tribunal que el terremoto "excedió de toda consideración previa, pues se manifestó con una fuerza destructiva imposible de resistir, la cual llevó a que el sismo fuera incluido entre los diez más fuertes registrados en la historia moderna".
Por último, señalan que los ministros de la Corte local no valoraron el hecho de que el incendio que provocó la destrucción de las casas ocurrió por acción de los internos. Bajo ese contexto, el fallo del tribunal de alzada tendría, según el Consejo de Defensa del Estado, una nula valoración del trabajo de Gendarmería, Carabineros y Policía de Investigaciones que intentaron frenar la fuga. "Hicieron mucho más de lo que humana y razonablemente podía pedírseles con el fin de cumplir a cabalidad su funciones", plantean.
Durante esta jornada se espera que los ministros diriman su admisibilidad.
Esperan indemnización en 2 años
"Estábamos esperando que presentaran el recurso. Desde que presentamos la demanda sabíamos que esto iba a llegar a la Corte Suprema", señaló la hija de una de las demandantes, quien hasta el 27 de febrero de 2010 vivió en calle 5 de abril, entre Gamero y Vega de Saldías. Su casa quedó dañada por el terremoto y con el incendio que provocaron los internos en su huida dejaron en ruina la vivienda. Según ella, la causa podría estar resuelta en a lo menos dos años, "considerando que hay que esperar varios meses para que se tramiten los pagos. Sólo esperamos que no terminen de morir los propietarios".