Pese a que tanto la Central Termoeléctrica El Campesino (Bulnes) como el terminal de gas de Penco-Lirquén, están aprobados por la comisión evaluadora, lo que permite hasta el momento el avance de los proyectos, las organizaciones sociales y ambientales que se oponen a las iniciativas están decididas a ejercer todas las acciones para evitar su concreción.

"Están corriendo los plazos para que las entidades que hayan realizado observaciones presenten su reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, que es en lo que estamos trabajando actualmente", precisó Álvaro Toro, abogado del Comité Bulnes sin Termoeléctricas.

Entre las falencias que harán presentes en su escrito (que tiene plazo de presentación hasta el 17 de octubre) con la finalidad de revertir lo resulto hasta el instante, precisó Toro están que la tramitación de la iniciativa se hizo por separado, lo que transgrede a la normativa ambiental. "El terminal de regasificación no tiene viabilidad sin la central y viceversa, debieran haber sido presentados en un único proyecto .Por lo tanto, dicha observación estará contenida para ambas", detalló Toro, quien también asesora a las organizaciones de Lirquén, Penco y Tomé, que se oponen al terminal de regasificación.

Otro de los puntos que pedirán que se revisen (solo respecto de la central El Campesino) , tiene relación con las discrepancias en término de las mediciones del impacto que tendrán en la comunidad el consumo de agua, el nivel de emisiones y los correspondientes a la flora y fauna del lugar.

Requerimiento

Cabe recordar que estos recursos se presentarán en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para que sean vistos por el Comité de Ministros compuesto por las carteras de Medioambiente, Agricultura, Salud, Energía Obras Públicas, y Minería.

"En términos de plazos de acuerdo a la normativa ambiental, estas presentaciones debieran estar resueltas en dos meses, pero estimamos que ese lapso podría llegar hasta los 10 meses", remarcó Toro.

Otra de las aristas que preocupan a las organizaciones sociales contrarias a la materialización de los proyectos anteriormente señalados, tiene que ver con la posible injerencia del subsecretario de Medioambiente Marcelo Mena en el proyecto, motivo por el cual recientemente se presentó un requerimiento en Contraloría del Bío Bío. "Desde un punto de vista formal, el subsecretario de energía (Mena) hasta el momento no ha intervenido en el proceso de evaluación. Eventualmente podría hacerlo si le tocara reemplazar al Ministro Pacheco en el Comité, es debido a ello que estamos poniendo en antecedentes al órgano contralor (fue asesor directo del proyecto Octopus en su fase de elaboración, con la finalidad que lo inhabilite", recordó Toro.

Multitudinaria

Junto con La manifestación del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, se llevó a cabo ayer en Chillán la movilización de carácter nacional convocada por la mesa del sector público. Según estimaciones de Carabineros, fueron cerca de dos mil personas marcharon por las calles céntricas de la capital de Ñuble, con la finalidad de demostrar su descontento por la propuesta de aumento salarial del 2.9% que le hizo el Ejecutivo (aduciendo la complicada situación económica que atraviesa el país), cifra distante del 7.5%.

La Corte de Apelaciones de Chillán condenó a BancoEstado a pagar una indemnización, por concepto de daño moral y daño emergente, de $5.900.000 (cinco millones novecientos mil pesos) a una clienta que sufrió la clonación de su tarjeta de crédito, mientras se encontraba de vacaciones en Brasil, en febrero de 2014, período durante el cual se realizaron 30 transacciones por un total de US$2.919. Monto que se descontó de la cuenta de Verónica Loreto Ávila Valenzuela, debido a que la sucursal bancaria de Quirihue no ingresó la denuncia correspondiente, pese a que la víctima dio aviso.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quirihue.

"(…) en cuanto al daño emergente, esto es, el menoscabo patrimonial efectivo originado en el incumplimiento, daño que requiere ser cierto, esto es, real y efectivo, la demandante acompañó estado de cuenta de su tarjeta de crédito de fecha 17 de Julio de 2014, con traspaso a cartera vencida por la suma de $2.641.630, antecedente documental no objetado que junto a la testimonial permiten acreditar la existencia de dichos perjuicios a raíz del incumplimiento destacado precedentemente", sostiene el fallo de primera instancia.

El dictamen confirmado agrega "en cuanto al daño moral, la afectada acompañó boleta de honorarios electrónica de médico psiquiatra, recetas médicas expedidas por psiquiatra y certificado de médico psiquiatra que da cuenta de un tratamiento medicamentoso por existir una patología de la especialidad, unido a la declaración de testigos en cuanto a que la demandante padeció depresión. Permite a este tribunal presumir con caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convencimiento en cuanto a la existencia de dicho daño, toda vez que a raíz de la situación vivida por la actora ha experimentado un sufrimiento que ha mermado su integridad psíquica, ha ocasionado alteraciones en su estado anímico, padeciendo un cuadro depresivo, perjuicio que debe ser indemnizado ya que es una consecuencia directa de la conducta del demandado, y cuyo monto será determinado conforme a los principios de equidad".

Pese a que tanto la Central Termoeléctrica El Campesino (Bulnes) como el terminal de gas de Penco-Lirquén, están aprobados por la comisión evaluadora, lo que permite hasta el momento el avance de los proyectos, las organizaciones sociales y ambientales que se oponen a las iniciativas están decididas a ejercer todas las acciones para evitar su concreción.

"Están corriendo los plazos para que las entidades que hayan realizado observaciones presenten su reclamación administrativa ante el Comité de Ministros, que es en lo que estamos trabajando actualmente", precisó Álvaro Toro, abogado del Comité Bulnes sin Termoeléctricas.

Entre las falencias que harán presentes en su escrito (que tiene plazo de presentación hasta el 17 de octubre) con la finalidad de revertir lo resulto hasta el instante, precisó Toro están que la tramitación de la iniciativa se hizo por separado, lo que transgrede a la normativa ambiental. "El terminal de regasificación no tiene viabilidad sin la central y viceversa, debieran haber sido presentados en un único proyecto .Por lo tanto, dicha observación estará contenida para ambas", detalló Toro, quien también asesora a las organizaciones de Lirquén, Penco y Tomé, que se oponen al terminal de regasificación.

Otro de los puntos que pedirán que se revisen (solo respecto de la central El Campesino) , tiene relación con las discrepancias en término de las mediciones del impacto que tendrán en la comunidad el consumo de agua, el nivel de emisiones y los correspondientes a la flora y fauna del lugar.

Requerimiento

Cabe recordar que estos recursos se presentarán en el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA), para que sean vistos por el Comité de Ministros compuesto por las carteras de Medioambiente, Agricultura, Salud, Energía Obras Públicas, y Minería.

"En términos de plazos de acuerdo a la normativa ambiental, estas presentaciones debieran estar resueltas en dos meses, pero estimamos que ese lapso podría llegar hasta los 10 meses", remarcó Toro.

Otra de las aristas que preocupan a las organizaciones sociales contrarias a la materialización de los proyectos anteriormente señalados, tiene que ver con la posible injerencia del subsecretario de Medioambiente Marcelo Mena en el proyecto, motivo por el cual recientemente se presentó un requerimiento en Contraloría del Bío Bío. "Desde un punto de vista formal, el subsecretario de energía (Mena) hasta el momento no ha intervenido en el proceso de evaluación. Eventualmente podría hacerlo si le tocara reemplazar al Ministro Pacheco en el Comité, es debido a ello que estamos poniendo en antecedentes al órgano contralor (fue asesor directo del proyecto Octopus en su fase de elaboración, con la finalidad que lo inhabilite", recordó Toro.

Multitudinaria

Junto con La manifestación del Comité Bulnes sin Termoeléctricas, se llevó a cabo ayer en Chillán la movilización de carácter nacional convocada por la mesa del sector público. Según estimaciones de Carabineros, fueron cerca de dos mil personas marcharon por las calles céntricas de la capital de Ñuble, con la finalidad de demostrar su descontento por la propuesta de aumento salarial del 2.9% que le hizo el Ejecutivo (aduciendo la complicada situación económica que atraviesa el país), cifra distante del 7.5%.

La Corte de Apelaciones de Chillán condenó a BancoEstado a pagar una indemnización, por concepto de daño moral y daño emergente, de $5.900.000 (cinco millones novecientos mil pesos) a una clienta que sufrió la clonación de su tarjeta de crédito, mientras se encontraba de vacaciones en Brasil, en febrero de 2014, período durante el cual se realizaron 30 transacciones por un total de US$2.919. Monto que se descontó de la cuenta de Verónica Loreto Ávila Valenzuela, debido a que la sucursal bancaria de Quirihue no ingresó la denuncia correspondiente, pese a que la víctima dio aviso.

En fallo unánime, la Primera Sala del tribunal de alzada rechazó el recurso de nulidad y confirmó la resolución dictada por el Juzgado de Letras, Garantía y Familia de Quirihue.

"(…) en cuanto al daño emergente, esto es, el menoscabo patrimonial efectivo originado en el incumplimiento, daño que requiere ser cierto, esto es, real y efectivo, la demandante acompañó estado de cuenta de su tarjeta de crédito de fecha 17 de Julio de 2014, con traspaso a cartera vencida por la suma de $2.641.630, antecedente documental no objetado que junto a la testimonial permiten acreditar la existencia de dichos perjuicios a raíz del incumplimiento destacado precedentemente", sostiene el fallo de primera instancia.

El dictamen confirmado agrega "en cuanto al daño moral, la afectada acompañó boleta de honorarios electrónica de médico psiquiatra, recetas médicas expedidas por psiquiatra y certificado de médico psiquiatra que da cuenta de un tratamiento medicamentoso por existir una patología de la especialidad, unido a la declaración de testigos en cuanto a que la demandante padeció depresión. Permite a este tribunal presumir con caracteres de gravedad y precisión suficientes para formar convencimiento en cuanto a la existencia de dicho daño, toda vez que a raíz de la situación vivida por la actora ha experimentado un sufrimiento que ha mermado su integridad psíquica, ha ocasionado alteraciones en su estado anímico, padeciendo un cuadro depresivo, perjuicio que debe ser indemnizado ya que es una consecuencia directa de la conducta del demandado, y cuyo monto será determinado conforme a los principios de equidad".