No del todo conforme dejó a Antonio Guerra, de la Defensoría Penal Pública, la resolución del Tribunal de Juicio Oral en Lo Penal de Chillán, que condenó a 15 años y un día de cárcel por el delito de femicidio simple a su representado, Cristian Acuña, quien dio muerte a su ex pareja, María Ortega, de Coihueco.

Si bien el lunes se leyó la sentencia, sólo ayer el abogado Guerra entregó su visión acerca de la interpretación que hicieron los jueces para rechazar las agravantes de alevosía, premeditación, ensañamiento e ignominia.

El tribunal, además, optó por acoger las dos circunstancias atenuantes de responsabilidad penal, como lo fue la colaboración sustancial con la investigación y reconocer su irreprochable conducta anterior, pese a que la fiscalía no lo admitió, dado que al momento de la muerte de María Ortega existía una denuncia en curso contra Cristian Acuña, después de ser golpeada por el hombre de Coihueco, en un hecho ocurrido el 5 de agosto en el sector Quinquehua.

"Si lo que hizo el tribunal fue acoger todos los argumentos de la defensa, en torno a rechazar las agravantes y reconocer las dos atenuantes, lo que debió pasar fue que se debía rebajar la pena en al menos un grado, para situarla en un rango entre 10 años y un día a 15 años", señaló Antonio Guerra.

Por ello, dijo el abogado jefe de la Defensoría Penal Pública en Chillán, llegarán a la Corte de Apelaciones. "Lo que hay que presentar acá es un recurso de nulidad para que se dicte una sentencia de reemplazo por la errónea interpretación del Derecho", señaló Guerra, quien explicó que el plazo legal es de 10 días después de leída la sentencia.

Desde la Fiscalía, en tanto, se informó que presentar un recurso de nulidad es una posibilidad que aún se está analizando.

Para el 8 de noviembre, a las 11 horas, quedó fijada la audiencia de juicio simplificado que se realizará en el tribunal de Garantía de Bulnes, donde Wilson Olivares estará en el banquillo de acusados, por haber supuestamente conducido en estado de ebriedad una camioneta municipal y provocar un accidente de tránsito el 2 de agosto de 2015.

Si bien el edil rechazó las conclusiones del informe de la Sección de Investigación de Accidentes en el Tránsito (Siat), la unidad especializada de Carabineros lo responsabiliza por la colisión por alcance que dejó a una mujer lesionada en el kilómetro 20 de la ruta N-59, que une Chillán con Yungay (también conocida como la 'Ruta de la Muerte').

A propósito de la indagatoria que realizó la Fiscalía Local de Bulnes, el fiscal suplente, Pablo Acevedo, detalló en su requerimiento de procedimiento simplificado que la jornada de los hechos, "en horas de la tarde, el requerido conducía en estado de ebriedad la camioneta marca Chevrolet, modelo Silverado, color Blanco, año 2015 (...) en dirección al norponiente, comuna de San Ignacio. Debido a su condición, no se percata de la presencia de la camioneta marca Hyundai, modelo H-100, color blanco, año 1997, (...) conducida por la víctima Rodolfo Armando Espinoza Sandoval, en dirección al norponiente, que lo antecedía, colisionando con su parte frontal, la parte posterior de la camioneta de la víctima. Luego el requerido abandona el lugar, no logrando ser detenido por carabineros para la práctica de la alcoholemia de rigor".

Fiscalía reconoce la irreprochable conducta anterior (lo que implica una atenuante), no obstante, pide al tribunal una pena de 300 días, además de 10 UTM de multa, junto a la suspensión de su licencia de conducir por un plazo de dos años.

Danny Fuentes Espinoza

Como una pérdida importante, para ser una profesora jubilada en plena campaña para convertirse en concejal, calificó Brígida Hormazábal el robo del que fue víctima en los últimos días.

Se trata de una denuncia ante la Brigada de Delitos Económicos de la Policía de Investigaciones, luego que desconocidos le clonaron su tarjeta, lo que revistió cierta preocupación a través de redes sociales, dado que durante en el último tiempo se han generado dos alertas respecto a esta situación, específicamente en junio y octubre de 2015. No obstante, desde la policía civil aclararon que es la única denuncia que han recibido por este delito durante la última semana.

Según relató Brígida Hormazábal, por instrucción del Servicio Electoral (Servel), se hizo acreedora de una chequera electrónica en la que tenía depositados los $2 millones que pidió prestado a un banco para realizar la campaña, con la cual cada día retiraba $200 mil para cada actividad.

"Retiro esa suma porque es lo que se permite en un cajero automático, y el 30 de septiembre fue el último giro. El 1 de octubre, mi marido que administra los fondos de la campaña fue a retirar la plata y el cajero le informa que no podía porque ese monto ya había sido retirado", explicó Hormazábal.

Desde ahí en adelante la historia sólo vino a complicarse. "Ante las dudas volvió a un cajero y aparecía la misma frase. La última vez que sacó el dinero fue en la tienda Easy y luego en el Jumbo. Ahí vimos que la cartola registraba el movimiento en las horas previas", señaló Hormazábal, añadiendo que "se hizo la denuncia antes del mediodía del sábado para que no sacaran la plata al otro día. Nos dijeron que estuviéramos el domingo a las 9 de la mañana para reclamar. Retiramos en el mall y Shell de Asturias".

Posterior a ello, la candidata a concejal por el Partido Socialista comentó que acudió a la Policía de Investigaciones, logró que el banco le bloqueara la tarjeta y allí le informaron que además de haber retirado durante dos días el monto máximo en efectivo, los ladrones hicieron compras en grandes tiendas.

"Eso sí, no tengo claro qué fue lo que robaron. Los detectives tienen que hacer un informe y desde la fiscalía podrían entonces decirme dónde se hicieron las transacciones", informó Hormazábal, quien dijo que pese a las pérdidas, su campaña a edil continúa y espera que el banco confirme el fraude del que fue víctima.