1.336 muertes en recintos de Sename
La fallida acusación constitucional contra la ministra de Justicia abrió la puerta para que se transparentara hoy esta profunda crisis.
Impacto y consternación ha causado en el mundo político y también en la ciudadanía las cifras que ha hecho pública esta semana la directora del Servicio Nacional de Menores (Sename), Solange Huerta, que hablan de que en los últimos 11 años un total de 1.336 personas -865 de esos casos son niños- perdieron la vida por distintas circunstancias al interior de algún centro dependiente de esta institución de gobierno.
El desglose de estos casos, de acuerdo al informe oficial presentado por el Sename, da cuenta que 210 niños y adolescentes murieron en el sistema residencial de protección, 406 fallecieron en programas ambulatorios entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016; en ese mismo período 33 adolescentes que cumplían condena perecieron en centros de rehabilitación directa del servicio de justicia juvenil, al igual que otros 216 que eran parte de los programas ambulatorios del organismo. A estas cifras cabe sumarle las 190 personas mayores de 18 años fallecidos en programas ambulatorios de justicia juvenil.
Si bien, la autoridad ha explicado que un gran número de casos estaban asociados a alguna enfermedad o discapacidad, ello no conduce a una explicación suficiente sino más bien a un cúmulo de interrogantes acerca del tipo de tratamiento y cuidados se aplican al interior de los recintos dependientes del Sename, toda vez que incluso entre las víctimas figuran niños de muy corta edad.
Cabe recordar que el diputado René Saffirio solicitó durante 4 años tener acceso a esta información y sólo recién luego de propiciar una acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Javiera Blanco, se inició una investigación interna de más de dos meses que ha permitido conocer el alcance de la grave crisis que hoy vive esta institución pública, y que para el año 2017 ha requerido la aprobación de un presupuesto de $16 mil millones para su funcionamiento y la aplicación de sus programas.
Se espera que, tal como lo aseguró a través de un mensaje vía Facebook, la Presidenta Bachelet comunique al país medidas concretas para abordar esta crisis, algunas de las cuales podrían ir dirigidas a reactivar los proyectos de ley con discusión pendiente en el Congreso, como son la iniciativa de Garantías y Derechos de los niños y adolescentes que hace un año se discute en la Comisión de Familia de la cámara, como también los proyectos de ley sobre adopciones y el que elimina el Sename para crear el Servicio de Protección de Derechos y el Servicio de Responsabilidad Penal Adolescente.
Más allá de estos cambios, el gobierno debe reconocer que las cifras que ha transparentado el Sename nos avergüenzan como nación y deben generar un profundo cambio en la manera como el Estado se hace cargo de la protección de los menores y adolescentes en riesgo social y familiar.